Foto/Corteasía
Por Griselda Linares
En tiempos del COVID-19 se ha necesitado garantizar el resguardo, la prevención y medidas de control para contener los contagios en la población mundial. Algunos países presentan avances de haber controlado la propagación de la epidemia y otros como el nuestro, siguen en aumento a pesar de los decretos aprobados con astucia, que promueven una grave violación de los derechos humanos de la población, pero que afecta en gran medida a las mujeres que representamos el 52.9% de la población salvadoreña.
Las estadísticas que presenta la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, indica que ha aumentado en un 70% la violencia contra las mujeres, momento en el que la mayoría se encuentra resguardada en sus hogares atribuidos como “espacio seguros”, lo cual parece muy alarmante sobre todo cuando se pone a disposición el consumo desmedido de bebidas alcohólicas, el control de grupos organizados dentro de las comunidades, el aumento del desempleo acompañado del estrés, ansiedad, depresión y la facilidad de cercanía que tienen los hombres de cometer agresiones verbales, físicas y sexuales a las mujeres que nos encontramos vulnerables, encerradas y con temor a denunciar y/o escapar de los agresores.
Mientras los países discuten alternativas para minimizar los costos sociales, políticos y económicos de esta epidemia. Los Estados de Excepción están facilitando la violencia contra las mujeres cometidas por miembros de su grupo familiar, por cuerpos de seguridad y/o por grupos organizados que ven la crisis como una oportunidad para cometer cualquier hecho de violencia. Lo más lamentable es que los casos de feminicidios nunca han sido prioridad para el gobierno, y mucho menos ahora que las instituciones públicas pueden tomar de excusa la emergencia por COVID19 les limita cumplir con su rol de detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres.
Sabemos muy bien que hay mujeres que se les está dificultando acceder a métodos anticonceptivos y que en este momento es muy arriesgado salir por temor a que pueden ser llevadas a golpes y por la fuerza a los centros de cuarentena con amenazas de ser contagiadas por el COVID-19.
También sabemos que muchas de las niñas, mujeres jóvenes y adultas resguardas en sus casas están siendo sometidas a abusos sexuales y no tienen la oportunidad de poner la denuncia por temor a que su agresor cercano pueda ocasionarles más daños y/o asesinarlas.
En Latinoamérica y el Caribe, se están analizando las consecuencias que el COVID-19 tendrá en la vida de las mujeres, también se está agudizando la exigencia por el aborto libre, legal, seguro y gratuito, siendo una necesidad de las mujeres que viven en condiciones de pobreza condenadas a embarazos forzados donde se les niega su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
En El Salvador llevamos 22 años de penalización absoluta del aborto, a pesar de esta restricción las mujeres abortan de manera clandestina, en condiciones inseguras, corren riesgos en su salud y pueden perder su vida por prácticas que bien pueden ser acompañadas por el sistema público de salud.
Para las mujeres se vuelve un desafío abortar en tiempos de COVID-19, incluso en los países donde el aborto es legal se está priorizando la atención a personas contagiadas por el virus.
En El Salvador las niñas y mujeres cuyos embarazos son producto de violación sexual, trata de personas, vida extrauterina inviable, por la salud y vida de las mujeres, no pueden decidir sobre sus cuerpos porque si lo hacen serán encarceladas y condenadas por homicidio.
Actualmente no se cuenta con el medicamento para erradicar el COVID-19, ni se tiene claridad de los padecimientos que puedan presentar las personas en la etapa post-COVID-19. Tampoco se sabe cuáles serán las consecuencias que tendrán las mujeres embarazadas que se contagiaron del virus y se encuentran estables, pero que más adelante pueden presentar un embarazos de alto riesgo donde deberá prevalecer la vida y la salud de la mujer.
Las afectaciones que esta epidemia global tendrá en la vida de las mujeres pueden ser devastadoras, sin embargo, quiero motivar a todas las mujeres salvadoreñas a que puedan buscar asesoría e información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, que si están enfrentando algún tipo de violencia deben saber que existen muchas organizaciones feministas que por medio de sus redes sociales han puesto a disposición sus contactos, la voluntad, su enfoque humanístico, social y de justicia para brindar acompañamiento seguro y gratuito.
Griselda Linares es activista feminista, estudiante de Ciencias Políticas e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir El Salvador.
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