El Salvador tuvo uno de los mayores confinamientos (6 meses). Pese a las cifras alarmantes de violencia sexual cometidos en su mayoría por hombres cercanos a la familia, no se tomó ninguna medida con enfoque de género, muchas niñas y mujeres tuvieron que encerrarse en casa con sus agresores.
“Los datos que arroja ORMUSA y MINSAL sobre embarazos durante la cuarentena lo que está diciendo es lo que ya sabíamos las feministas, los casos de agresión sexual ocurren dentro del seno de los hogares y que los violentadores son, no el desconocido, sino personas cercanas, hombres cercanos que cotidianamente están y eso vuelve el ejercicio de la violencia mucho más cercano, cotidiano y constante”, Gabriela Paz.
Por tal razón, no hay un reconocimiento del embarazo de niñas y adolescentes como un problema, porque históricamente así se han configurado las unidades de familia, explica Paz. “No se reconoce que esos embarazos se dan en condiciones de abuso y que evidencian relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, y que implica que no son consentidas y que no necesariamente van a llevar al establecimiento de una pareja porque se quiere, sino a partir de una violación específica”.
En el primer semestre del 2020 MINSAL reportó 144 niñas embarazadas, de entre 10 y 14 años. Sin embargo, este tema estuvo ausente en la agenda del gobierno para atender la emergencia. Si son niñas, ¿qué tipo de atención se le brindó a la niñez durante el confinamiento?
Zaira Navas, exdirectora del Consejo de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), considera que dicho ente rector, no cumplió a cabalidad su papel durante la emergencia, limitando su accionar a verificación de centros, pero no se garantizó el acompañamiento de especialistas y cuidadores de la niñez.
“En un primer momento, en lugar de centros de contención, tuvimos centros de aglomeración, donde no había separación de hombres, mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores o personas con discapacidad. Pusieron a la gente en lugares supuestamente para protegernos a los demás, pero no se sabía las condiciones en las que las personas venían, y lo que se generó fue mayor riesgo”.
Agrega, que en dichos centros no se contaba con alimento especializado para los niños y niñas pequeñxs “no había baños específicos para niñas, no había lugares para asearse de manera independiente, no había toallas sanitarias. Ahí vemos una vulneración para las niñas y adolescentes particularmente”.
Sin embargo, explica que la situación se complicó aún más con la niñez retornada,
“Hubo niños y niñas que viajaban solos, y estuvieron solos, pero no sabemos si hubo una protección especial, al menos de lo que yo he tenido conocimiento de información pública es que quien manejaba y coordinaba los centros, ni siquiera era personal médico, sino personal encargado de la seguridad del centro”.
Además, considera grave que en los centros no se quedara ningún especialista, ningún psicólogo, trabajadora social, ningún experto en cuidado de niños y niñas, “quienes dirigen o dirigieron el ingreso o salida de insumos, como toalla sanitarias, fueron militares o policías que estaban supervisando o supuestamente protegiendo el centro. Entonces ¿qué abusos se pudieron cometer ahí?” pregunta Navas.
“No sabemos, y no sabemos si están contabilizados, porque lamentablemente si usted ve la memoria de labores del CONNA, lo único que hace es describir qué hicieron, es decir verificar los lugares donde iba a descansar los niños y niñas”
Sin embargo, reconoce que el tema no ha sido prioridad en los diferentes gobiernos, señalando que las instituciones de protección a la niñez nunca han contado con los recursos suficientes, pero en la pandemia dicha situación se agudizó, las instancias funcionaron por turnos y turnos telefónicos.
Además, considera que en todo el tema de niñez o adolescencia no hay claridad,
“en materia de niñez la agenda de gobierno es primera infancia, yo no digo que este malo, es necesario desarrollar las múltiples capacidades de los niños y darles atención desde los primeros años de vida… pero están dejando de lado la atención y protección para niños que ahorita están siendo víctimas de graves violaciones a sus derechos”.
Imagen tomada de internet
“El CONNA en lugar de estar haciendo su trabajo de activar a todas las instituciones competentes de protección a la niñez, lo que estuvo haciendo fue ir a repartir paquetes alimenticios, trasladar niños del aeropuerto a los albergues, desnaturalizó su rol. Su rol era vigilar y supervisar los centros donde estaban los niños, el CONNA debió ingresar a los centros y ver que las personas que atendían a los niños/as eran personas competentes.
Una de las estrategias en la prevención de violencia sexual y embarazos en niñas y adolescentes es la educación integral en sexualidad, no obstante, ninguna propuesta de Ley relacionada se ha aprobado.
Zaira Navas considera que el Ministerio de educación ha dejado desprotegida a las niñas, niños y adolescentes al no continuar con la apuesta de educación Integral en sexualidad. También es crítica en señalar que en tema de niñez a nivel gubernamental no se percibe una política clara.
“No tenemos un política clara, que nos diga para donde vamos, hay temas en los que al menos hay un posicionamiento, no hemos escuchado voces y la institución rectora no aparece, ahora están bajo la dirección del despacho de la primera dama, estamos volviendo al “primer damismo”, algo superado en la ley, (LEPINA)”.
La Ley Especial integral para una vida libre de violencia contra las mujeres (LEIV) establece la garantía de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sin embargo, las mujeres, adolescentes y niñas la siguen viviendo dentro de los hogares.
Para la niña o a la adolescente que enfrenta esta situación en el seno de su hogar implica “el silencio, la recriminación de familiares, el pacto que hacen para resguardar al agresor y todo lo que ha implicado siempre que estos casos no salgan a la luz o no salgan directo siendo denuncias públicas ante la policía o la fiscalía porque se ha naturalizado y nos damos cuenta de eso hasta que ocurre un embarazo” comenta la antropóloga Gabriela Paz.
Se generaliza y normaliza la violencia contra la mujer, la cual comienza en la infancia y se mantiene a lo largo de la vida y se materializa a través de la violencia psicológica, física, económica, simbólica y sexual. Esta última es la causante de un gran porcentaje de embarazos en adolescentes en el país, relacionado a esta violencia está el elevado número de relaciones que se mantienen entre hombres adultos y chicas menores de edad revela la investigación del Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) “Maternidades forzadas en adolescentes en El Salvador”.
Asimismo, reafirma la idea de que cuando el embarazo se da en adolescentes y jóvenes se trata de una violación a sus derechos.
Paz añade que la sociedad legitima la violencia sexual, pues no se reconoce que hay un daño de la víctima. “Hay una sociedad que legitima la violencia sexual primero porque no la reconoce y la invisibiliza y segundo porque las leyes que se construyen en torno a la atención de esa violencia tampoco la dimensionan en su alcance en función del daño que se comete contra las mujeres”.