Por Equipo La Brújula
En 2020 más de 400 niñas de entre 10 y 14 años fueron víctimas de violencia sexual, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República. Organizaciones feministas consideran que el número debe ser mayor, pues manifiestan que en el contexto de pandemia las denuncias disminuyeron, así como los servicios de atención. Pero el problema no termina ahí, en un país como El Salvador, donde el aborto está penado totalmente, muchas niñas son obligadas a ser madres, aún si el embarazo es por violación sexual.
De acuerdo con el Fondo Mundial de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en el mundo, pues se estima que casi el 18% de los nacimientos de la región corresponden a madres menores de 20 años de edad.
“Todos los años alrededor de un millón y medio de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz. Estas cifras alarmantes son más críticas al observar que muchos de estos embarazos son consecuencia de la falta de información, el limitado acceso a los anticonceptivos y la violencia sexual y de género” afirma UNFPA en su informe “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina”.
En El Salvador de enero a diciembre de 2020 se registraron 57,317 inscripciones de mujeres embarazadas de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL). Del total de inscripciones (2020), 12,781 fueron niñas y adolescentes, dando un promedio de 35 casos diarios.
La impunidad potencia la cultura de la violación
Karlita es un nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima
En diciembre de 2020, Karlita de nueve años jugaba en el patio de su casa, cuando un hombre desconocido se acercó y le tocó sus genitales, su mamá antes le había dicho que nadie debía tocarla sin su permiso, asustada corrió a casa. Su mamá la escuchó e inmediatamente fue a la estación de policía a denunciar al hombre. Unas vecinas lo vieron, ayudaron a los policías a identificarlo y fue llevado a la estación. En el juicio, la jueza dijo que no habían suficientes pruebas para demostrar que el hombre era el mismo que la niña denunciaba, “si era de noche, no se podía saber con claridad”. El agresor quedó libre.
Un año antes, sucedió un caso similar, el victimario fue el magistrado de la Cámara 1º de lo Civil, Jaime Escalante, la Cámara de lo Penal, inicialmente había resuelto que la agresión del magistrado no era un delito sino, una falta, pero hubo una fuerte presión social que llevó a esta Cámara a la apertura de juicio por agresión sexual en prejuicio de una menor. Pero esto no sucedió con Karlita, “aquí solo si un caso se hace famoso, la justicia actúa, de lo contrario una sola queda expuesta” opina, la madre de Karlita.
Este caso se suma a las elevadas estadísticas de impunidad en violencia sexual, según datos de la iniciativa Yo te creo, en América Latina, solo el 5% de las víctimas adultas denuncian violencia sexual. Una de las razones es la desconfianza en las instituciones, pues el motivo de absolución más frecuente (40,1%) en denuncias por violencia de género es la falta de prueba suficiente para constar sólo la declaración incriminatoria de la víctima.
Pese a que en 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 706 denuncias por violencia sexual en niñas de entre 10 y 14 años, solo hubo 87 condenas; en 2020 fueron 416 denuncias y únicamente 25 personas condenadas. Cabe destacar, las condenas no necesariamente son de los casos denunciados en el año, con la mora judicial que el sistema tiene en este tipo de delitos, las resoluciones se dan al filo de cumplir los dos años, el tiempo máximo de detención sin condena, y al no existir un interés por condenar esos delitos, debido a la naturalización, propia de la cultura de la violación, quedan en la impunidad.
Este es el caso de Mayela Zelaya, en 2018 enfrentó una violación sexual, pero tuvieron que pasar casi tres años para la vista pública, en la que se dará sentencia del agresor. Zelaya ha compartido su historia en redes sociales, en la cual evidencia la negligencia de FGR, el sujeto estaba detenido provisionalmente, pero fue puesto en libertad mientras se lleva el proceso, sin embargo ni fiscalía, ni la policía le notificaron a Zelaya, ella se dio cuenta cuando fue a FGR a preguntar cómo iba su proceso, ahí mismo, meses después, le dijeron que su agresor estaba libre.
“Me pudo hacer algo, porque yo ni enterada que él estaba libre” manifiesta.
La violencia sexual entre la sanción social y la impunidad jurídica
Gabriela Paz, antropóloga feminista, considera que en El Salvador socialmente se está tratando de reconocer la violencia sexual como delito, y se hacen acciones de prevención, sin embargo todavía existe un discurso de legitimación de la violencia.
“Podemos construir miles de leyes sancionando un delito pero si no hay una política pública orientada a educarnos y transformar esos valores culturales que legitiman la violencia contra las mujeres, no vamos a encontrar cambios reales, positivos para nuestras vidas y para que las niñas y mujeres ya no enfrentemos violencia”, explica.
El país cuenta con diversas leyes y convenios internacionales de protección a la niñez y la adolescencia y contra las violaciones de este tipo delitos.
El artículo 55 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia (LEPINA) mandata la protección de todas las niñas, niños y adolescentes contra el abuso y la explotación sexual.
La Convención sobre los derechos del niño en el artículo 19 insta a los los Estados Partes la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas a proteger al niño y niña contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
Sin embargo, para la abogada de Las Mélidas, Karen Rivas, el sistema judicial salvadoreño tiene una deuda con las niñas y adolescentes y es la de creer en sus testimonios, pues este sistema tiene actitudes y acciones patriarcales y algunas veces misóginas.
Las niñas y adolescentes se enfrentan con dificultades a la hora de aplicación de la ley al encontrarse con un sistema judicial que toma poca importancia o no direcciona adecuadamente la investigación del proceso porque la cultura machista patriarcal se traslada al funcionamiento del ejercicio de la aplicabilidad de la ley.
También existen comentarios como “esta niña qué andaba haciendo, ella lo provocó”, bajo estos supuestos algunas y algunos aplicadores de la ley basan sus investigaciones para investigar o no investigar, señalando a las mujeres sin tomar en cuenta el solo testimonio de la víctima constituye plena prueba explica Rivas.
“Muchas veces en ese tipo de delitos se antepone la presunción de inocencia que tiene el agresor y no el testimonio de la víctima en este caso, sobre todo si está en un estado de embarazo”.
La sociedad no reconoce que las mujeres son víctimas, piensa que son seres asexuados y que los hombres son seres no controlados y naturalmente violentos lo que refleja una situación de poder “en la cual nosotras somos las víctimas y ellos los agresores” recalca la antropóloga.
En el contexto de El Salvador y en Latinoamérica en general no hay un reconocimiento de la violencia sexual como violencia porque desde años anteriores no se reconoce a las mujeres como sujetas de derechos.
“La violación debe entenderse como un acto de poder de los hombres que creen que las mujeres y los cuerpos de las mujeres les pertenecen”, dice Paz.