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Por Andrea Guzmán
El proceso de elecciones de un país constituye para muchas personas una fiesta democrática, la expectativa de un cambio y el inicio de una nueva legislatura. El 24 de febrero culminó una de las campañas más millonarias e intensas desde la firma de los Acuerdos de Paz.
Las elecciones que se llevaron a cabo el 28 de febrero, nos presentaron a una variedad de candidaturas, algunas nuevas y otras con varios años dentro del ámbito legislativo. La contienda evidenció una ventaja desigual que benefició al partido oficial, que además estuvo cargada de violencia hacia candidatas de ciertos partidos políticos y un uso desproporcionado de los medios oficiales para difundir información tergiversada y mensajes de odio.
A pesar de que será el inicio de un nuevo periodo legislativo y municipal, las proyecciones no son nada alentadoras, por una parte, en la Asamblea Legislativa se tendrá la incorporación de dos partidos políticos de derecha. El partido Nuevas Ideas, que muestra cuadros de personas señaladas por diferentes delitos, por ser ex empleados/as del gobierno o por ser muy cercanas al círculo personal del presidente, quienes además no dieron a conocer sus plataformas legislativas porque su mayor apuesta fue utilizar la imagen del presidente y la letra “N”; sin embargo, lo más preocupante es la disminución de mujeres en cargos de diputación, este será el periodo legislativo con menos representación de parlamentarias desde el periodo 2012-2015.
Para esta legislatura se tendrá la incorporación de 24 diputadas de las cuales no todas están a favor de las iniciativas presentadas por diferentes movimientos sociales y feministas. Es decir que no solo se disminuye la participación política de las mujeres si no que no se brindó una elección con paridad, esto hace menos probable que se logren avances en defensa de la vida y salud de las mujeres, así como las demandas históricas como la Ley de Agua, Ley de soberanía alimentaria, entre otras problemáticas que afectan mayormente a las mujeres.
El contexto social actual determinado por el uso de la fuerza a través de los cuerpos de seguridad y el uso de los medios de comunicación como estrategia para generar división, brinda un parámetro de cómo serán los próximos tres años, en los cuales se contará con más presencia militar represiva y la incertidumbre de qué pasará con la institucionalidad y Estado de Derecho del país, así como la disminución de las políticas públicas a favor de sectores vulnerados y la participación real de las mujeres.
Los resultados de las elecciones están dados y las personas que se oponen a todo tipo de vulneración de derechos serán el blanco de este gobierno y de todo funcionario/a que esté al servicio del mismo. Las personas defensoras de derechos humanos desde hace meses están y seguirán estando en la mira de los actuales servidores públicos quienes desde sus cargos han obstaculizado y generado violencia hacia las mujeres y hacia toda persona opositora de la actual administración.
El trabajo de defender se intensificará y así también la persecución política hacia las personas defensoras de derechos humanos, quienes están ejerciendo una oposición frente a la injusticia, a la falta de oportunidades, a la represión, a el incumplimiento de derechos humanos y al autoritarismo como arma para callar y ocultar la corrupción gubernamental.
La nueva legislatura debe encontrar una oposición fuerte y combativa, esto solo puede lograrse a través de la unificación del movimiento social y por supuesto del movimiento feminista y de las mujeres en general, el quehacer de la función pública debe ser constantemente monitoreado y cuestionado, por medio de la contraloría ciudadana para hacer que el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, los concejos municipales y todas las instituciones estatales funcionen bajo el principio de legalidad y derechos humanos.
Andrea Guzmán es Psicóloga con especialidad en género, defensora de derechos humanos, escritora y feminista.