Las juventudes salvadoreñas hacen un llamado a la acción, destacando la necesidad de políticas públicas efectivas para enfrentar los crecientes impactos del cambio climático en el país.
Por Fátima Cruz
La Red de Jóvenes Ambientalistas y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FEPAD) hacen un llamado urgente a tomar acciones frente al cambio climático. Marcela Martínez, representante de la Red de Jóvenes Ambientalistas, destacó la vulnerabilidad del territorio salvadoreño frente a las intensas lluvias recientes. «Con el inicio de la temporada de lluvias, el territorio salvadoreño muestra su vulnerabilidad, dejando a su paso afectaciones tanto materiales como humanas. Comunidades evacuadas, pérdida total de cosechas, y graves daños medioambientales son solo algunos de los impactos», señaló.
Exponen que el impacto del cambio climático en El Salvador ha sido alarmante. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), «el cambio climático es la crisis que tendrá más impacto intergeneracional en los próximos 100 años y amenaza los logros en el desarrollo humano». Durante junio de 2024, 19 personas perdieron la vida debido a derrumbes y deslizamientos de tierra. La cooperativa Una Luz en el Camino reportó la pérdida total de 250 manzanas de cultivo de hortalizas y granos básicos, afectando gravemente la economía local.
José Gómez, miembro de la Red de Jóvenes Ambientalistas, enfatizó la creciente vulnerabilidad en zonas como la Cordillera del Bálsamo, afectadas por proyectos inmobiliarios e industriales. «Año con año, aumenta la vulnerabilidad en zonas como la Cordillera del Bálsamo, invadida por proyectos inmobiliarios como el complejo Tuscania. Estas intervenciones, sin la debida protección institucional, ponen en mayor riesgo a las comunidades locales», advirtió.
Por su parte, Alexandra Vidas, también integrante de la Red, añadió que la respuesta estatal durante las emergencias ha sido insuficiente. «Durante la reciente emergencia por lluvias intensas, algunas comunidades no recibieron la protección estatal adecuada. «La comunidad Toluca en La Libertad se vio obligada a autoevacuarse, siendo más de 50 familias las que crearon un refugio temporal», explicó.
Johana Bernal subrayó la importancia de políticas públicas orientadas a la prevención y mitigación del riesgo. «Pedimos que el Estado tome acciones concretas para mitigar los efectos del cambio climático, respetando la dignidad y los derechos humanos. Es vital reforzar los planes de prevención de riesgo y generar políticas públicas para la protección del medio ambiente», afirmó.
«Más del 85% del territorio nacional es susceptible o es un sector de alta vulnerabilidad a deslizamientos y desbordamiento de ríos», Red de Jóvenes Ambientalistas.
Por lo tanto, solicitan que el Estado tome acciones concretas para mitigar los efectos del cambio climático con un enfoque de derechos humanos, priorizando los intereses de la población sobre los empresariales. Que implemente planes efectivos de prevención del riesgo y mitigación, incluyendo a las comunidades vulnerables alejadas de las grandes urbes.
Además, piden que el Estado reoriente sus esfuerzos hacia la creación de políticas públicas que protejan el medio ambiente y no lo devasten, y que desarrollen acciones para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. También consideran que es vital que las personas tomadoras de decisiones generen espacios de participación para las juventudes organizadas en defensa del medio ambiente.
Asimismo, solicitan a la sociedad en general seguir las orientaciones del sistema de emergencias público o autogestionado, para resguardar su integridad y vidas.
Las juventudes realizaron un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para actuar de manera conjunta frente a esta crisis climática. «La juventud no ha sido la responsable de esta crisis, pero somos quienes sufriremos sus peores consecuencias. Necesitamos espacios de diálogo y acción inmediata para frenar esta emergencia», concluyó Bernal.
