La audiencia única prevista para iniciar este lunes 7 de septiembre, fue suspendida a última hora del viernes. Las organizaciones que acompañan a los acusados denuncian posibles tácticas dilatorias y cuestionan los motivos planteados por el tribunal.
Por Redacción
La audiencia única contra los veteranos y excombatientes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fue suspendida por segunda ocasión, a pocos días de que iniciara el juicio contra los acusados.
La diligencia estaba programada para comenzar este lunes 7 de septiembre y extenderse durante toda la semana. Sin embargo, la suspensión fue comunicada por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador a última hora del viernes 5 de septiembre, según denunciaron las organizaciones que acompañan a los procesados.
De acuerdo con el comunicado difundido por las organizaciones, el tribunal atribuyó nuevamente la suspensión a fallas para conectar virtualmente a los procesados y a supuestas consultas médicas que algunos de los detenidos tendrían que realizar durante esta semana.
Esta es la segunda ocasión en que la audiencia es suspendida. La primera ocurrió el pasado 11 de agosto, cuando el tribunal argumentó problemas técnicos para conectar a los acusados.
Llama la atención que de nuevo no hay conexión virtual… en un país donde instancias oficiales se jactan de tener la mayor tecnología disponible para otro tipo de actividades, en este caso de la audiencia virtual no la han podido establecer y por eso responsabilizamos a ambas instancias por la falta de ese mecanismo que hubiera permitido acelerar el acceso de justicia a quienes se encuentran en la cárcel”. señaló Lourdes Palacio, representante del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes).
Las organizaciones consideran que la nueva suspensión podría constituir una táctica dilatoria para prolongar el proceso penal y extender el tiempo que los acusados permanecen detenidos.
“Detrás de la nueva suspensión podría estar el objetivo de prolongar el proceso judicial el mayor tiempo posible”, señalaron las organizaciones en conferencia de prensa. Además cuestionaron que problemas de conexión o citas médicas sean razones suficientes para suspender nuevamente la audiencia.
Las organizaciones plantean que, si existen dificultades para realizar la audiencia de manera virtual, los veteranos y ex combatientes podrían ser trasladados para que la diligencia se desarrolle de forma presencial y consideran que las supuestas citas médicas podrían reprogramarse para después de la audiencia.
Cuestionan pruebas de la Fiscalía
La suspensión ocurre, además, en un proceso en el que las organizaciones y la defensa han señalado debilidades en las pruebas presentadas contra los veteranos y excombatientes.
La Prensa Gráfica tuvo acceso al dictamen final de la Fiscalía General de la República (FGR). En la lista de testigos no incluye al “informante”, quien es la persona responsable que dió aviso a las autoridades sobre la planificación del atentado terrorista en la toma presidencial de junio de 2024 y señaló a los dirigentes como los responsables, siendo motivo suficiente de la captura de los acusados.
En su lugar, la Fiscalía incorporó como pruebas testimoniales a cuatro agentes investigadores, 16 agentes policiales que realizaron la captura de los veteranos y excombatientes y 4 peritos encargados de extraer información de dispositivos electrónicos, revisar bitácoras de llamadas telefónicas y verificar la destrucción de los supuestos explosivos.
Por otro lado, la jueza no admitió la incorporación de 10 testimonios y otras pruebas de descargo presentados por la defensa. El caso se encuentra en reserva y se está realizando con reglas de régimen de excepción: en el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado y con una juez sin rostro.
Las organizaciones sostienen que estas circunstancias evidencian la falta de pruebas suficientes y califican el proceso como una persecución política.
También, reiteraron su exigencia de que la audiencia se realice con los procesados presentes físicamente en las instalaciones del tribunal y pidieron que sean declarados inocentes y puestos en libertad por falta de pruebas.
Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y solicitaron a las embajadas que permanezcan atentas a la nueva fecha en que se programe la audiencia para dar seguimiento al proceso.
Incongruencias del caso
Un reportaje publicado por FOCOS en colaboración con otros medios, señalaron incongruencias del informante, las contradicciones en la captura y las pruebas utilizadas para acusar a los dirigentes de la Alianza.
La Policía Nacional Civil anunció entre los días de 30 de mayo al 3 de junio de 2024, la captura de 11 personas acusadas de planificar un atentado terrorista en contra de la toma presidencial del presidente inconstitucional Nayib Bukele.
La motivación de la policía fue el aviso de un informante salvadoreño que afirmó ser testigo de cómo los veteranos y excombatientes se reunieron para planificar sobre el atentado en dos ocasiones.
La primera fue en los primeros meses de 2024, mientras realizaba sus viajes a Sinaloa, Ciudad Juárez, Jalisco en México, que vio que los acusados se reunieron con “Donki de Stoner» y «Greñas de Stoner” líderes de la pandilla MS-13 para hablar sobre el atentado, en un bar en México.
El último apodo corresponde a César Antonio López Larios, fue capturado en Estados Unidos y luego fue deportado a El Salvador en marzo de 2025 y que, según la página oficial de la FGR, fue uno de los acusados en la audiencia masiva realizada en abril de 2026.
La segunda ocasión fue en mayo de 2024, en un billar en Guazapa, San Salvador, cuando los acusados se presentaron como integrantes de la Brigada de Insurrección Salvadoreña, para planificar el atentado, según declaraciones del informante.
Una de las incongruencias de su testimonio fue identificar a Atilio Montalvo como uno de los involucrados en la última reunión. Sin embargo, los familiares rechazaron las acusaciones porque Atilio se encontraba en casa en una situación delicada de salud debido a un infarto y la operación para colocarle un catéter el 27 de mayo de 2024.
Otro de los acusados, Juan Enrrique Siguachi, había fallecido cuatro meses antes, pero fue uno de los señalados como responsables de planificar el atentado. Asimismo, se acusó a Wilfredo Paredes de ser el explosivista encargado de las “bombas” con temporizador ya que supuestamente tenía dicha experiencia en época del conflicto armado con el FMLN.
Según las investigaciones periodísticas, Wilfredo no aparece en los listados oficiales del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Ex Combatientes (INABVE) y lo que encontraron en casa de Paredes parecían cilindros de cartón, plástico PVC sellados con cemento y mechas pirotécnicas.
Otras de las irregularidades, fue el engaño que utilizó la policía para capturar a Roberto Antonio Esquivel, en el que buscaron a sus familiares y afirmaron que había tenido un accidente en automóvil o en moto. Cuando lo encontraron, él estaba bien. Pero la policía lo capturó.
Otras de las “pruebas” que afirmó la policía fue la bitácora de conversaciones telefónicas en la que existe una comunicación entre algunos de los acusados. Su constancia en sus conversaciones eran frecuentes debido a que ellos son parte de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
A la fecha, solo Atilio Montalvo cuenta con arresto domiciliario debido a complicaciones de salud que tuvo por falta de atención médica. El resto de los acusados siguen en detención en centros penales. En la lista de acusados, se encuentra Luis Adalberto Menjívar, un joven comunicador comunitario.
