El pasado 27 de marzo se cumplió un año del Régimen de Excepción en El Salvador. Una medida que la Constitución salvadoreña reserva para casos excepcionales de acuerdo con el artículo 29. Sin embargo, el régimen es la nueva norma en el país. Organizaciones y familiares se movilizaron hacia la Asamblea Legislativa para exigir que se elimine definitivamente el régimen y que se ponga en libertad a sus familiares detenidos injustamente.
Por Ana Gómez/ Revista La Brújula
Fotografías: Reina Ponce
De diferentes zonas del país, las familias se trasladaron hacia la Plaza Jose Martí en San Salvador para iniciar la movilización, la mayoría eran mujeres madres, hermanas, esposas e hijas acompañadas de niños y niñas pequeñas que quedaron a su cuido tras la captura de sus parientes en el régimen de excepción.
¡Justicia y libertad! clamaban con fuerza mientras se dirigían hacia la Asamblea Legislativa, y levantaban en alto carteles con nombres de sus familiares detenidos y frases pidiendo libertad para los inocentes.
Ana viajó desde San Francisco Gotera, Morazán, para pedir la libertad de su hija Yohana, quien fue detenida el 17 de abril. “Ha sido bien difícil, porque ella era mi mano derecha, las dos hemos sido madres solteras, es mi única hija, he quedado sola y mala de salud” expresó.
El régimen ha significado no seguir el debido proceso, la pérdida de garantías constitucionales como la presunción de inocencia, el derecho a una defensa pública y excedió los tiempos de detención provisional que eran de 72 horas hasta llegar en la actualidad a seis meses “mientras se investiga”.
Otros de los efectos de esta medida calificada como inconstitucional por algunos analistas del derecho, es el sobrecargo económico y de cuidados en las mujeres, quienes tienen que atender a los nietos, sobrinas, que dejan las capturas masivas en este marco y que no son una prioridad para el gobierno.
Para que niña Ana logre reunir el dinero para el paquete penitenciario de su hija tiene que hacer diversas actividades económicas “he vendido todos los días yuca frita, queso, crema, pastelitos, refresco para poder dejarle el paquete, pero no he podido a veces porque tenía préstamos de crédito que con mi hija habíamos solicitado y no he pagado”.
Yohana estaba embarazada cuando la capturaron, y lo poco que se sabe es que ahora, tiene un bebe de 4 meses, niña Ana no conoce su estado de salud del bebé ni el de Yohana.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), organización que se ha conformado tras el aumento de denuncias de familias sobre el Régimen de Excepción, manifestó que es un Régimen Permanente, responsabiliza al Estado en las agresiones y violaciones en contra de población que han causado graves estragos y traumas a miles de víctimas inocentes y sus familias.
“Esto ya no es una detención, es un secuestro; porque antes los privados de libertad tenían derechos que su familia los podían visitar y ahora nos tenemos que conformar con lo que nos dicen ellos” indica Luisa Hernández que hace 2 meses, el 19 de enero, los policías se llevaron a su hija, Adriana de 22 de años, quien antes fue beneficiaria por parte del gobierno de una visa trabajo en el exterior y ahora, su madre no tiene información de ella.
En diversas publicaciones de Revista La Brújula se ha obtenido los testimonios de familiares que manifiestan las detenciones arbitrarias, sin ninguna prueba que se relacionen con agrupaciones ilícitas, y la recurrente falta de información sobre el estado de sus parientes.
Otras de las preocupaciones y denuncias de las familias es la muerte de aproximadamente 150 personas bajo la custodia del Estado, en calidad de imputados o de detenidos, quienes no han tenido información clara de la causa de las muertes.
“Habemos miles de personas que somos víctimas de este régimen, ¡Ya basta del régimen! ¿Por qué el Gobierno no puede hacer nada sin régimen?, ¿Dónde están las leyes para hacerse cumplir?, ¿Dónde están nuestros derechos? ¡Ya basta de tanta violación de derechos!, no venimos a pedirle, venimos a exigir justicia por nuestros familiares” cierra Luisa.
Al llegar a la entrada de la Asamblea Legislativa, las familias con voz ferviente exigieron la libertad y justicia para todas y todos los inocentes detenidos.