Familiares y organizaciones solicitan la libertad de Leticia Martínez y Keiry Mena, luego que Agentes policiales llegaron a sus residencias y las arrestaron sin ninguna orden de captura y sin dar mayor información.
Por: Ana Gómez
En Nejapa, el jueves 5 de mayo, efectivos de seguridad detuvieron a Leticia Martínez, acusándola de asociaciones ilícitas. Ella es veterana de guerra, integrante de la Asociación de Mujeres Veteranas de la Guerra Civil de El Salvador y es propietaria de un negocio en el pupusódromo de Nejapa.
Leticia Martínez es una mujer de 60 años, con diversas afecciones de salud y está en tratamiento por su reciente operación de la rodilla y de los ojos. Desde la captura, su hija e hijo han intentado proporcionarle los medicamentos necesarios.
Esto ha afectado los ingresos económicos en el negocio de Leticia; Marisol Galindo, integrante de Asociación de Mujeres Veteranas explica: “Es la fuente de ingreso de cuatro familias, la afectada no solo es la familia de Leticia si no que las otras mujeres que trabajan con ella”
Asimismo, la Asociación de Mujeres Veteranas hace el llamado de garantizar los derechos humanos y sus derechos como mujer, y que por su edad, condición de salud y por razones humanitarias, se apliquen medidas sustitutivas.
Por otro lado, en Soyapango, el domingo 8 de mayo fue detenida Keiry Mena, mujer trans; Al igual que en el caso de Leticia, los agentes policiales llegaron sin presentar ninguna orden de captura. Es acusada de extorsión. Keiry es reconocida por su trabajo como estilista y rescatista de animales.
Los familiares han buscado apoyo de organizaciones en defensa de los derechos LGBTIQ+, y recolectarán firmas de clientes de Keiry y rescatistas para demostrar su inocencia.
“Como familiares tememos que los agentes sean homofóbicos, porque Keiry es mujer trans”, dijo Esmeralda Molina, familiar de Keiry. Los familiares sólo tuvieron oportunidad de verla para llevar sus artículos personales. Por el momento, Keiry permanece en las bartolinas de Soyapango.
“Hay bastante estigmatización social que afecta directamente a las personas de la población LGBTIQ y a las familias…están doblemente discriminando nuestros derechos, porque no hay una normativa jurídica o ley de identidad de género que pueda garantizar nuestros derechos humanos” opina Britanie Castillo integrante de ASPIDH Arcoiris Trans frente a las detenciones de personas LGBTIQ durante el Régimen de Excepción decretado el 27 de marzo de 2022.
En esa fecha, la Asamblea Legislativa aprobó el Régimen de excepción por 30 días, debido al incremento de homicidios y feminicidios, este decreto fue extendido por 30 días más, el 25 de abril. En este periodo se limitan los derechos constitucionales como libre asociación, de privacidad de comunicaciones y garantías del debido proceso judicial.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos dan seguimiento a los casos de personas que han sido detenidas arbitrariamente o agredidas por las autoridades de seguridad. Familiares de Leticia y Keyri han buscado apoyo de estas organizaciones; también solicitan a las autoridades que realicen las investigaciones respectivas y que se garantice el derecho de legítima defensa.