Fotografía/Cortesía
Por Wendy Fernández
La última crisis del agua nos dice algo que los expertos nos vienen diciendo hace décadas: este recurso natural, fundamental e indispensable para la vida está en riesgo en nuestro país. Pero, a pesar de este alarmante hecho y de sus trágicas consecuencias el poder político en El Salvador continúa ignorándolo, lo que termina de ponernos a todos/as una bomba de tiempo en las manos. Hay que decirlo: nuestras expectativas a futuro, si el problema no empieza a verse desde una perspectiva científica, técnica y sobre todo social, son tristemente lamentables.
La gestión del gobierno se ha caracterizado por su escasa transparencia, información contradictoria entre diversas entidades del Ejecutivo, una emergencia tocada desde el show- el circo y no desde lo técnico, parlantes políticos con intereses desde el oficialismo y desde el oportunismo. Mientras lo anterior ocurre una serie de propuestas para una ley de agua justa aguarda por un debate honesto en la Asamblea Legislativa. Un diálogo que no proponen los diputados ni el presidente. Tristemente.
En este punto también es necesario evaluar nuestro papel como ciudadanía, ya que hace mucho tiempo que parece que como sociedad civil estamos dormidos/as. Es nuestra responsabilidad trabajar por las necesidades del país, de nuestras familias y de nosotros mismos/as. Es por eso que debemos de convertirnos en agentes de cambio y de cuestionamiento. Nos corresponde responsabilizarnos de un recurso que es nuestro y que hoy por hoy esta siendo explotado para fines privados.
Nos corresponde exigir respuestas claras más acciones rápidas a través de una crítica incisiva y un control social atento a la gestión pública. En este sentido, no debemos tener miedo a proponer, a reconocernos como sujetos de derechos y exigir a nuestros servidores públicos que trabajen en función de intereses sociales con prontitud, transparencia y diligencia, pues es ese el trabajo para el cual los hemos electos o han sido contratados.
El presidente de ANDA, Frederick Benitez, mintió e hizo el ridículo al hablar sobre la potabilidad del agua. La ministra de salud, Ana Orellana , también mintió y puso en riesgo la salud de millones de salvadoreños/as. Las medidas emergentes del gobierno fueron un bodrio bullicioso, una puesta en escena de una calaña lamentable. Y, ¿qué hicimos los ciudadanos/as? ¿Dónde trasladamos nuestra indignación? ¿Qué acciones legales tomamos? Nos quedamos inmóviles asumiendo pasivamente el papel de víctimas esperando que algún día alguien haga algo por nosotros/as cuando es nuestra responsabilidad el cuido de nuestro país, de nuestros recursos y de nuestras vidas: usando las herramientas legales y sociales para exigir a la clase política diligencia, experticia y capacidad de resolver.
Quienes estamos interesados/as en cambiar las cosas comprendemos que los temas de país deben resolverse tomando en cuenta la diversidad de opiniones, que lejos de hacer daño enriquecen las perspectivas de la problemática. Además, estamos conscientes que esta es la única vía democrática para propiciar el desarrollo para todos los sectores del país de una forma justa y con enfoque social.
Sabemos que tenemos una dura faena ya que en la actualidad el ambiente político parece dictar una única dirección para analizar la realidad (cercana al oficialismo) considerando enemigos a todos los que nos atrevamos a opinar diferente. Que no nos engañen. La diversidad de opinión es sana y necesaria, siendo el trabajo de los y las funcionarias públicas buscar consensos, puntos de acuerdo y con base a eso trabajar para buscar el beneficio de todos los grupos del país.
El acceso al agua potable es un derecho humano necesario para la continuidad de la vida y para el desarrollo sostenible de la economía, es un recurso hídrico crucial para todos los seres vivos. Por lo que la contaminación del agua y su escasez plantean amenazas para la salud humana y la vida de los hábitantes del país. En el Salvador son las mujeres las que más sufren el tema del agua en el hogar.
Su trabajo no remunerado depende directamente del acceso al agua, si el Estado no les brinda el servicio o lo hace mal hay una afectación directa que debería llevarnos a actuar. Sin embargo, más allá del hartazgo, la desesperanza y la frustración, que supone el tema, parece que aún no hay suficiente combustible para pronunciarnos claramente exigiendo lo que como sociedad debemos exigir. Nos quedamos en la burla, haciendo memes, hacemos que se extinga la crítica formal, el argumento sólido y la demanda justa.
Nuestro país nos necesita para proteger sus recursos de seguir siendo explotados y utilizados para intereses particulares. Es por eso que hoy más que nunca los/as que queremos un cambio tenemos que propiciarlo y no nos quedemos inmóviles esperando que otras personas hagan lo que nos corresponde.
Cada uno/a desde nuestras causas de lucha social, desde las particularidades del diario vivir, desde nuestras diferencias y puntos de encuentro como sociedad en su conjunto estamos obligados/as a ser protagonistas de la palabra, a alzar la voz y exigirles a las/os políticos que actúen y resuelvan con honestidad la problemática del agua en nuestro querido y sufrido país.
Wendy Fernández es abogada de la república, acompaña a mujeres y niñas que han enfrentado violencia por razones de género. Actualmente, es emprendedora exitosa y una ciudadana comprometida con los cambios sociales.
