Pese a que más de 200 mil personas conscientes de los impactos ambientales, manifestaron su negación a la reactivación de la minería, la única respuesta que han recibido por parte del gobierno de Nuevas Ideas es el aumento de persecución y criminalización de defensores/as de derechos humanos y ambientalistas, así como la firma de acuerdos comerciales y reformas a dispensa de trámite que facilitan las actividades de minería en el país.
Por Redacción
Con la reactivación de la minería el 23 de diciembre de 2024, las organizaciones e iglesias iniciaron una campaña de recolección de firmas en enero de 2025, el resultado demostró que miles de personas no querían el regreso de la minería metálica en el país y pidieron a los máximos regentes de los órganos legislativo y judicial la derogación de la Ley.
Sin embargo, las acciones del gobierno de Nuevas Ideas no demuestran un cambio de rumbo, sin responder a las demandas de la población, siguen generando las condiciones para que las empresas con interés en la minería se consoliden en el país, según lo han denunciado diversas organizaciones.
La campaña recolectó en total más de 200 mil firmas, que fueron entregadas en dos momentos. El 18 de marzo, la Iglesia Católica entregó más de 150 mil firmas para solicitar la derogación de la ley a la Asamblea Legislativa y, el 24 de marzo, en 2025, la sociedad civil entregó casi 60 mil firmas en la demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La demanda se entregó en marco del aniversario del martirio de Mónseñor Oscar Arnulfo Romero y el Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo. El escrito de inconstitucionalidad contenía seis puntos importantes para la derogación de la ley, uno era sobre vicios de forma de la aprobación de la ley y cinco sobre los vicios de contenido, los artículos aprobados de la Ley de Minería que vulneran los derechos contemplados en los artículos 6 inciso 2, 117 y 246 inciso primero de la Constitución de la República.
“Las legislaciones de minería de otros países tampoco son perfectas, pero tienen más desarrollo en el texto donde contemplan la consulta previa, libre e informada de las poblaciones que se verán afectadas por proyectos mineros. La ley de El Salvador no contempla nada de eso.”, afirmó Amalia López, activista y ambientalista.
Otro aspecto que explicó López, es que la Ley de Minería Metálica prohíbe el uso de mercurio, pero no habla sobre el cianuro, otro elemento químico utilizado en la lixiviación para extraer oro, lo que provoca contaminación a grandes cantidades de agua, amenazando al río Lempa, principal fuente de agua superficial para la población salvadoreña.
El interés minero mueve al país
En los últimos meses, el contexto salvadoreño ha demostrado que las autoridades no tienen intenciones de soltar la minería, al contrario han silenciado las voces que se oponen a este interés y han facilitado el camino a las empresas extranjeras.
Una de las decisiones del gobierno de Nuevas Ideas se orienta a los intereses de la minería. El 29 de enero, El Salvador firmó el “Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la República de El Salvador sobre comercio recíproco” siendo un complemento del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, firmado en 2004.
El acuerdo pretende facilitar a las empresas mineras a que exploten minerales, a la instalación de centrales nucleares y almacenar desechos radiactivos en El Salvador, según análisis de organizaciones sociales.
Además, liderazgos ambientalistas han informado de que la empresa estadounidense Titán Resources ya adquirió las propiedades que anteriormente pertenecían a Pacific Rim, ubicada en Sensuntepeque, Cabañas. Donde por más de una década, la población defendió el territorio y detuvo la exploración minera en la zona.
También, señalan que a partir del acuerdo comercial con Estados Unidos, varias empresas mineras iniciaron procesos de registro, pero no existe información oficial que lo confirme.
“Con la reserva de información, ni el Ministerio del Ambiente, ni ninguna otra entidad ha brindado información sobre cuáles son las actividades que están haciendo para desarrollar la actividad minera metálica que contamina el país” afirmó Lourdes Palacios, Coordinadora de la Comisión de Familiares y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES).
Amalia López agrega otra preocupación con la última modificación a la Ley de Bancos, en la que se deroga el artículo 10 que exigía el 51% de las acciones de los bancos debía ser de un tipo de accionista particular, ya sea persona natural salvadoreña o centroamericana. Con la reforma, abre la posibilidad a que bancos con capitales extranjeros se establezcan en el país y estos faciliten inversiones a empresas mineras.
Asimismo, indicó la importancia de prestar atención y revisar las reformas a la legislación salvadoreña que se aprueban sin revisión y en dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa; y continuar presionando para que la demanda de inconstitucionalidad sea escuchada y resuelva apegada a la ley.
Por otro lado, existe el continuo aumento de la persecución y criminalización en contra de las defensoras y ambientalistas. Seis personas de las 11 que firmaron el documento de la demanda de inconstitucionalidad se encuentran fuera del país, en exilio, y dos fueron capturadas arbitrariamente: Alejandro Henríquez, quien logró su libertad en diciembre de 2025 y Ruth López, quien sigue capturada por ser una voz crítica al gobierno y su trabajo en la defensa de derechos humanos.
“Esto es lo que sucede cuando hacemos algo que incomoda la popularidad del gobernante. Entre noviembre y diciembre de 2024, la popularidad del presidente bajó por lo menos tres puntos, cuando la gente se dio cuenta que no le interesa la vida de la población. Si sabe que la afectación por minería es la muerte de los territorios, a usted no le interesa la vida de la población”,
Además, el caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta resultó por segunda ocasión favorable, demostrando su inocencia. Pero, la Fiscalía General de la República sigue sin soltar el caso y ha presentado el recurso de apelación. La intención es seguir dilatando el proceso y seguir con la persecución judicial en contra de liderazgos críticos que han defendido por años el territorio de Cabañas en contra de la minería.
La lucha contra la minería une nuevamente a la población
Hace más de 20 años la sociedad civil, comunidades organizadas, iglesia católica, iglesias históricas, universidades, ambientalistas, juventudes y demás población se unió para defender al medio ambiente, el agua y la salud de la población, logrando la prohibición de la minería metálica en 2017.
Hoy nuevamente coinciden. “La minería metálica es un proceso extractivista que daña fundamentalmente al medio ambiente. El Salvador es muy pequeño, tenemos un territorio de 21,000 km cuadrados, un poquito más, y una población de 6 millones de habitantes aproximadamente. Cuando nos damos cuenta que cualquier destrucción del medio ambiente afecta el presente y sobre todo el futuro del pueblo, la iglesia ha estado presente hasta el momento de la prohibición de la minería de metallica” afirmó el Fray Joaquín Garay, de la orden franciscana y parte de al Caminata Ecológica.
Recientemente, la Iglesia Católica hizo el llamado a las autoridades sobre la solicitud de la derogación presentada en la Asamblea Legislativa durante la conmemoración del 46 aniversario del martirio de Monseñor Romero.
También el movimiento feminista se unió a esta demanda, dedicando un 8M en contra de la minería y denunciando los impactos diferenciados para las mujeres. Lo que empeoraría su calidad de vida y salud.
Esta lucha implicó la pérdida de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, quienes encabezaban la defensa de sus territorios frente a proyectos mineros en el departamento de Cabañas. Ahora, su memoria es un motivo más para que la historia no se repita y seguir defendiendo el agua, el medio ambiente y el futuro del país.
