Fotografía Revista La Brújula
Redacción Revista La Brújula
La Colectiva feminista se pronunció el pasado 19 de diciembre por el retraso en el proceso penal contra Alexander Amaya, quien abusó de su hijastra durante ocho años. La audiencia venía retrasándose desde el año pasado, se había programado por novena vez para ese día, sin embargo también fue suspendida. Esta vez la audiencia se reprogramó para el 21 de enero. Angélica Rivas, de la Colectiva feminista rechazó la medida y exigió pronta justicia.
“El proceso no se ha retrasado por causas imputables a la parte fiscal o la víctima. Debe tenerse en cuenta que este retraso ha imposibilitado hasta la fecha el efectivo cumplimiento de las garantías y derechos para la víctima, como el debido proceso, acceso a la justicia y la pronta y cumplida y cumplida justicia”, expresó Rivas.
Según las declaraciones brindadas el agresor ha presentado en el proceso constancias médicas para retardar y la juez lo ha validado “lo más preocupante es que él sigue libre, tiene su trabajo, todo el proceso lo ha llevado en libertad, ahí podemos ver el sesgo de género en nuestro sistema de justicia”, señaló Rivas.
Los abogados de Amaya reportaron que no acudió por encontrarse enfermo de amigdalitis, sin embargo el juez en una mini audiencia, y ante la no comparencia del imputado, ordenó que Medicna Legal lo evalué y dependiendo de ello se revisarán las medidas para posiblemente ordenar prisión preventiva. Además la Fiscalía General de la República se comprometió en presentar un escrito solicitando se revisen estas medidas.
La Colectiva feminista solicitó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional de la Niñez Adolescencia estar vigilantes para que en el proceso se emita una resolución justa, apegada a derecho, en la que se garanticen de forma efectiva los derechos de la víctima.
“Condenamos toda forma de violencia contra mujeres y niñas y exigimos a las instituciones, brindar una pronta y cumplida justicia, bajo un enfoque de derechos humanos, género y protección integral de la niñez y adolescencia”
Además solicitaron que en casos de violencia sexual, el Estado asegure la protección y atención a las víctimas y que se trabaje para la detección, investigación y sanción de estos delitos.
