Votar en dictadura es legitimar al dictador

El Latinobarómetro 2026 concluye que El Salvador ha dejado de ser una democracia imperfecta para convertirse en «la dictadura más joven de la región». Las urnas permanecen, pero una elección democrática exige que la ciudadanía tenga libertad para cuestionar al poder y posibilidades reales de reemplazar a quienes lo ejercen. Cuando el gobernante somete las instituciones, persigue a quienes lo critican y cambia las reglas para perpetuarse en el cargo, vacía de contenido esa libertad. Las elecciones se convierten entonces en un mecanismo para revestir de legitimidad democrática la continuidad autoritaria.

Por. Julia Evelyn Martínez

En esas condiciones, votar favorece al dictador de forma directa, al respaldarlo, o indirecta, al alimentar la apariencia democrática con la que justifica su continuidad. El problema no reside únicamente en la preferencia expresada en la papeleta, sino en el uso político que el régimen hace de la participación ciudadana.

Tras los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador inició una trayectoria democrática frágil, imperfecta y atravesada por la corrupción. Reconocer esas fallas no justifica sustituirla por una dictadura que concentra el poder y permite la reelección indefinida. El descontento con los gobiernos anteriores no es un cheque en blanco para que la familia Bukele y sus asociados gobiernen sin límites. Aquella democracia necesitaba ampliar derechos, no arrebatar a la ciudadanía la libertad de cuestionar y reemplazar a sus gobernantes.

La concentración del poder ha eliminado los límites a la permanencia de Nayib Bukele en la Presidencia y la de su familia y asociados en el proceso de toma de decisiones.  En 2021, la Asamblea oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombró a sus sustitutos, quienes abrieron el camino a la reelección inmediata. En julio de 2025, la mayoría legislativa habilitó la reelección indefinida, amplió el mandato a seis años y eliminó la segunda vuelta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó la reforma como un serio retroceso democrático.

A ese deterioro institucional se suma la represión. En 2025, Amnistía Internacional declaró personas presas de conciencia a Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez. Estas detenciones infunden miedo y desalientan la denuncia y la organización ciudadana. Mientras el oficialismo modifica las reglas para perpetuarse, quienes podrían desafiarlo enfrentan represalias. No puede haber competencia libre cuando disentir puede costar la libertad o la vida.

El régimen de excepción, las denuncias de detenciones arbitrarias y las restricciones al periodismo independiente completan ese escenario. La reducción de la violencia de las pandillas no justifica encarcelar a personas inocentes ni eliminar garantías de defensa. Tampoco la popularidad de Bukele le concede derecho a gobernar sin límites: una mayoría electoral nunca autoriza a despojar de derechos a quienes piensan distinto.

La participación electoral adquiere así un significado que rebasa la intención individual. Algunas personas respaldan al gobierno; otras acuden por miedo o para expresar rechazo. La propaganda oficial puede presentar esa concurrencia como prueba de libertad electoral. El voto opositor no se convierte en oficialista, pero la presencia de sus votantes puede dar credibilidad al proceso que permite al dictador perpetuarse.

Ese beneficio indirecto es el centro del problema. Mientras la oposición pretende cuestionar al gobernante, este puede exhibir su participación como aceptación de las reglas. Dentro del país, utiliza esa imagen para desacreditar las denuncias de autoritarismo. Fuera, ofrece a gobiernos interesados en preservar sus relaciones con El Salvador un argumento para reconocer los resultados sin examinar las condiciones de competencia. Así, las urnas ayudan a normalizar la dictadura.

La objeción merece atención: ¿abstenerse no deja el terreno libre al oficialismo? La abstención aislada tampoco garantiza cambios y puede confundirse con resignación. Por eso, negarse a participar requiere organización, razones públicas y demandas concretas. Su fuerza depende de convertirse en una exigencia colectiva de elecciones libres, sostenida antes y después de la jornada electoral.

Esa tarea exige diálogo comunitario, información verificada, acompañamiento a las víctimas y movilización pacífica. Debe incluir a quienes la pobreza, el miedo y las responsabilidades de cuidado alejan de la vida pública, y defender los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. Ninguna restauración democrática puede aceptar ciudadanías de segunda categoría.

Una agenda común debe exigir garantías constitucionales, justicia para las personas detenidas arbitrariamente, independencia judicial, protección al periodismo y transparencia en los recursos públicos. Para disputar nuevamente el poder en las urnas, hacen falta libertad de organización, candidaturas sin persecución, una autoridad electoral independiente y un escrutinio transparente. Estas condiciones protegen también a quienes hoy desean votar.

Votar bajo reglas diseñadas para perpetuar al dictador favorece su permanencia, incluso cuando se intenta combatirlo. Negarse a legitimar ese mecanismo exige organización y presión democrática para recuperar el poder de elegir y destituir gobernantes mediante elecciones libres. Mientras ese derecho esté secuestrado, las urnas seguirán ofreciendo al autoritarismo una fachada de legitimidad.

Fuentes consultadas: 

Latinobarómetro, Informe 2026, p. 29.

CIDH, comunicado del 8 de agosto de 2025.

Amnistía Internacional, comunicado del 1 de julio de 2025.