Cristosal recibió 3,643 denuncias por abuso y violacion a derechos entre marzo de 2022 y abril de 2024, en el marco del régimen de excepción. Los hechos más denunciados son las detenciones arbitrarias que abarcan un 96.6% de las denuncias: el 25.7% allanamiento de morada y el 9.9% malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad.
Por. Eugenia Olán
Encarcelamiento sin condenas y la muerte de 261 personas adultas y cuatro niños y niñas bajo la custodia del Estado, son parte de los hallazgos del informe de Cristosal: “El silencio no es opción: Investigación sobre las practicas de tortura, muerte y justicia fallida del regimen de excepción”, que tambien demuestra cómo la suspención de derechos y garantias constitucionales afecta principalmente a mujeres y niñez salvadoreña.
Los encarcelamientos masivos y la negligencia del sistema judicial, ilustra la gravedad de cada uno de los casos denunciados y documentados en el informe. Una muestra de 110 entrevistas y el análisis de 7,742 casos de mujeres detenidas bajo el régimen de excepción, afirma que los factores estructurales como discriminación, falta de atención medica, violencia y agresiones son cometidas dentro de los centros penitenciarios y en su mayoría, por custodios.
En los casos atendidos por Cristosal, los señalados como responsables de estas acciones son miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada y de los Cuerpos de Agentes Metropolitanos (CAM), que prevaliéndose de sus cargos cometen abusos o agresiones, e intimidan con el régimen de excepción.
Zaira Navas, Jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, detalló que la ausencia de enfoques diferenciados por las necesidades de las mujeres, propician condiciones adversas para todas las privadas de libertad. En el contexto del régimen de excepción, las condiciones de hacinamiento y la crisis sanitaria ponen en riesgo la salud de las mujeres detenidas, sobre todo a las mujeres embarazadas o en periodo posparto, y el agravante de estos casos se producen por la desatención médica y por la interrupción de los controles prenatales.
“En el sistema penitenciario del país solo existe un centro penal que fue construido para mujeres, la Granja de Izalco, y esta ya sobrepasa su capacidad instalada que es de 1,152 personas. Al sobrepasar las condiciones también se carece de servicios de salud básicos y se les expone a que adquieran otro tipo de enfermedades o que se agrave su estado. Por ejemplo, mujeres embarazadas en período de posparto, en fase posoperatoria o que han sufrido un aborto. No hay una atención prioritaria pese a la condición en la que se encuentran, no son atendidas con la inmediatez que se requiere”, agregó
En esta entrega del informe, se documentó el caso de Dina Hernández, una activista de derechos humanos y parte de Alerta Raquel, que con un embarazo de ocho meses y de alto riesgo, fue detenida en marzo bajo acusaciones de Agrupaciones Ilícitas. El 2 de abril, familiares de Dina informaron a las organizaciones de sociedad civil que acompañaban el caso, que el Juzgado Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, dictó medidas sustitutivas a la detención y ordenó su libertad, pero las autoridades penitenciarias no las aplicaron. Ese mismo día, otro tribunal le atribuyó un delito distinto: Limitación a la libre Circulación, que se encuentra regulado en el artículo 152-A del Código Penal.
Cinco días después, sus familiares recibieron una llamada de la Granja Penitenciaria de Izalco para notificarles que Dina había sido trasladada al Hospital Nacional General Dr. Jorge Mazzini Villacorta y que la niña había muerto, expone el comunicado del Grupo de Trabajo. Las mismas organizaciones denuncian las violaciones a los derechos humanos contra Dina y su hija, al no garantizar el derecho a la salud.
Otro de los testimonios presentados abarca la crisis sanitaria de los centros penitenciarios y los impactos económicos de las mujeres que fueron privadas de libertad. Una mujer de 32 años relató que desarrolló enfermedades de la piel y que nunca recibió tratamiento médico, estuvo detenida por 2 años y un mes en los centros de Ilopango y Apanteos. Sin embargo, luego de quedar en libertad menciona no sentirse segura cuando ve policías: tiene miedo a que la vuelvan a capturar. El relato también expone la situación actual de la joven quién se encuentra bajo control médico, debido a un cuadro de ansiedad que derivó luego de su detención y la situación económica que hoy enfrenta, pues antes de ser privada de libertad se dedicaba al comercio y tras dos años de no ser atendido su negocio, no generó ingresos.
Navas, detalló que el sector de Materno Infantil de la Granja Penitenciaria excede las cifras de mujeres que son recluidas junto a sus hijos e hijas menores de cinco años y están siendo alojadas en otros sectores que no cuentan con las condiciones. Según testimonios de mujeres entrevistadas por Cristosal, el sector se abastece con el apoyo de organizaciones humanitarias y las medicinas o artículos de higiene que entregan las familias que llevan los paquetes. No obstante, las autoridades penitenciarias no dan información a las familias sobre la salud de las internas y sus hijos e hijas.
El informe también expone la situación y preocupación constante de mujeres internas menores de 50 años, que durante el período menstrual carecen de toallas sanitarias y de acceso a agua para higiene personal. Esto se suma a la insalubridad y a las restricciones para orinar y defecar, lo que les provoca enfermedades vaginales por bacterias u hongos que tampoco son debidamente atendidas.
Una crisis social invisibilizada
La falta de cifras oficiales por parte del Estado impide identificar el número de mujeres detenidas bajo el marco del régimen de excepción, cuántas de ellas son madres y asumen la labor de cuidados solas. El informe revela la doble condición que vulnera los derechos de las mujeres y la angustia de no conocer bajo quién queda la responsabilidad de sus hijos e hijas.
La situación más preocupante durante la privación de libertad, es cubrir las necesidades básicas de la familia, que afecta principalmente su salud emocional, provocandoles depresión, ansiedad e insomnio.
Uno de los casos descritos es el de una madre de 28 años que fue detenida por miembros de la Fuerza Armada, que llegaron por la noche y pidieron el documento de identidad, la tiraron al suelo y posteriormente le informaron que debía acompañarlos. Sin explicar los motivos de su detención. “En la casa quedaron sus tres hijos —una niña de un año, otra de diez y un adolescente de 14—, todos bajo el cuidado de la abuela materna, que asumió sus gastos de manutención”, revela el testimonio.
Estos hechos obligan a las mujeres que asumen la tutela de las niñas y niños a vender sus pocos bienes, y a trabajos extenuantes para obtener mayor recurso.
Otro de los hallazgos en cuanto a la situación de la niñez salvadoreña, son las condiciones de abandono y desprotección cuando los padres han sido detenidos. Alrededor de 176 niños y niñas han quedado en orfandad por la muerte de sus progenitores bajo la custodia del Estado. “Esta ruptura de vínculos afecta el desarrollo integral de la niñez y adolescencia salvadoreña”, enfatizó Navas.
Cristosal también ha atendido casos contra personas LGBTIQ+ que han vivido agresiones sexuales, violencia física, amenazas y acoso por parte de policías y militares. El temor a denunciar estas acciones se da debido a los procesos arbitrarios, el temor a la detención y las represalias por parte de las autoridades.
En cuanto a las agresiones sexuales, el informe presenta el caso ocurrido en Mizata en septiembre de 2023, donde una niña de 13 años fue violada por militares, quienes bajo la amenaza del régimen de excepción cometieron el delito. El pasado 26 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) absolvió a los militares acusados porque el juez no había valorado las pruebas.
El silencio no es una opción, de Cristosal, registra denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes en personas privadas de libertad, especialmente de las mujeres al ser sometidas a condiciones que vulneran su salud física, mental y que están afectando gravemente su calidad de vida. Además, hace un llamado a las autoridades y comunidad internacional a adoptar medidas especiales para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres detenidas y de todas aquellas que ingresaron con enfermedades crónicas que durante el confinamiento su estado de salud ha presentado deterioro.