Miles de mujeres privadas de libertad que fueron detenidas bajo el régimen de excepción se encuentran en situación de vulnerabilidad. Muchas estaban embarazadas al momento de la detención. Ellas han enfrentado complicaciones de salud que incluye abortos, muertes fetales en estado avanzado de gestación o el fallecimiento de recién nacidos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado dos casos de niñxs que, según datos oficiales, nacieron muertos. Sin embargo, la falta de atención médica y las condiciones de las cárceles pudo haber contribuido a estas muertes.
Esta realidad es contraria al discurso del gobierno de El Salvador, quienes dicen estar “a favor de la vida”, y han creado políticas y leyes enfocadas en la “protección de la primera infancia”, que incluye a mujeres embarazadas. Al mismo tiempo condenan a mujeres que han sufrido abortos o emergencias obstétricas extrahospitalarias con penas de hasta 50 años.
*Este trabajo fue realizado por medio de la Beca Zarelia- Poder Elegir, impulsada por Fundación El Churo, Festival Zarelia, Wambra Medio Comunitario, con el apoyo del proyecto Poder Elegir y Asuntos Mundiales Canadá.
Por: Eugenia Olán
Edición: Krissia Girón y Clanci Rosa
Video: Karen Sibrián
Ilustración: Gabriela Turcios
“En el área donde están las embarazadas comenzaron a dormir dos en una cama, después empezaron a llevar colchonetas y dormían hasta cinco en cada colchoneta y después, por el régimen, como ya no cabían, dormían en el suelo”, cuenta Elvira*, una mujer exprivada de libertad, quien relató a Revista La Brújula las condiciones de las mujeres recluidas en la Granja Penitenciaria (La Granja), una de las prisiones en El Salvador donde son enviadas las mujeres embarazadas o con hijxs menores de 5 años.
“Llegaron bastantes embarazadas por régimen. Llevaron a varias a otra área porque ya no cabían donde ellas estaban”.
La Granja Penitenciaria ubicada en Izalco, departamento de Sonsonate, fue construida en 1987 con una capacidad para 1,152 mujeres. Ahí, se encuentra el área materno-infantil, un espacio construido en 2002 para albergar a 250 mujeres y 150 niñxs. El objetivo era proporcionar un entorno más adecuado a las mujeres embarazadas y madres con hijos e hijas menores de cinco años, para ofrecerles un cuidado especial.
Desde la implementación del régimen de excepción -una medida vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales- se ha sobrepasado la capacidad de población en este y otros centros de detención. Organizaciones defensoras de derechos humanos han registrado más de 7,500 mujeres privadas de libertad, entre ellas mujeres embarazadas.
El decreto que establece el régimen de excepción se basa en el artículo 29 de la Constitución de El Salvador, que permite un plazo de 30 días, prorrogable una sola vez por el mismo período. El pasado 04 de septiembre de 2024, los diputados y diputadas del oficialismo aprobaron la trigésima prórroga de dicha medida. En dos años, El Salvador no solo se ha convertido en el país “más seguro del hemisferio occidental”, según el discurso del presidente inconstitucional y el de sus funcionarios, también en el de la mayor tasa de encarcelamiento.
Elvira dibuja diversas zonas de la Granja Penitenciaria. Explica que las áreas están divididas: Arriba se encuentran las internas en fase de confianza, que portan un traje amarillo. Ellas han cumplido con la tercera parte de la pena y cuentan con facilidades para su libertad ambulatoria dentro del centro (art. 98 y 99 de la Ley Penitenciaria). Aquí se encuentran las pilas de agua y los baños.
Elvira ilustró la distribución de las distintas áreas dentro de la Granja Penitenciaria.
En la parte baja está el área de materno-infantil, al lado del basurero, generando condiciones de insalubridad en la zona por el mal olor, las moscas y roedores. Las embarazadas deben subir las gradas para bañarse y traer agua, en ese trayecto se cruzan con “las de amarillo”. “Es prohibido que las embarazadas hablen con las de amarillo, porque si los custodios se dan cuenta, el castigo es para todas”, recuerda Elvira.
En su relato, ella explica que las condiciones en la cárcel son desoladoras y extremas, caracterizadas por una falta severa de recursos básicos que deterioran la salud y el bienestar de las internas, exponiéndolas a deshidratación que debilita su resistencia física. Adentro del edificio, el aire estancado apenas circula en los espacios abarrotados, creando un ambiente opresivo y sofocante donde la ventilación es prácticamente inexistente.
Las mujeres embarazadas privadas de libertad han presentado complicaciones en su salud, sufriendo abortos, muertes fetales en estado avanzado de gestación o el fallecimiento de sus hijxs al nacer, debido a las condiciones en las que viven en prisión y a los niveles extremos de estrés, angustia, ansiedad y otros factores.
El trato a las mujeres embarazadas capturadas bajo el régimen de excepción revela el incumplimiento del Estado salvadoreño a los estándares internacionales que establecen reglas y condiciones específicas para su atención. Los casos se han conocido a través de testimonios de personas que han sido privadas de libertad, familiares e informes de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El régimen de excepción fue solicitado por el presidente Nayib Bukele en marzo del 2022, durante su mandato constitucional, tras un pico de homicidios en el país, en el que fueron asesinadas 87 personas. Con esa medida, se permite efectuar las detenciones (y posterior enjuiciamiento) de personas que las autoridades catalogan como parte de organizaciones criminales, tomando la sospecha como motivo suficiente para el encarcelamiento y anulando por completo la presunción de inocencia.
Según datos compartidos por Samuel Ramirez del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), la cantidad de población penitenciaria ronda en 108,200 personas, muchas de ellas ya cuentan con una carta de libertad emitida por juez, pero no a todas se les ha otorgado la liberación. Además, se han registrado aproximadamente 300 muertes relacionadas con esta medida de seguridad durante el periodo comprendido del 27 de marzo de 2022 al 15 de agosto de 2024.
En enero de 2023, el gobierno salvadoreño inauguró el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un penal de máxima seguridad con capacidad de albergar a 40,000 personas y cuenta con más de 32 celdas para alojar a 100 internos. La inauguración de este centro es la carta de presentación del llamado “modelo” de seguridad de Bukele, pese a que no existe acceso para prensa nacional y organizaciones humanitarias, la visita al CECOT se convirtió en un tour para conocer “la cárcel más estricta del hemisferio” para el influencer mexicano, Luisito Comunica y Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de gobierno de Javier Milei.
Luisito Comunica y la ministra argentina Patricia Bullrich recorren el CECOT./ FOTO: Tomadas del canal de Luisto comunica/ Publicación de redes del Minsiterios de Justicia y Seguridad de El Salvador
Elvira continúa su relato describiendo las condiciones del lugar. “Donde estaban las embarazadas no era el lugar más adecuado, porque era bien caliente, hacía mucho calor, estaban bien amontonadas y les tocaba subir y bajar gradas”.
El calor en las celdas es asfixiante por el día, las temperaturas extremas convierten cada rincón en un horno, aumentando la incomodidad y el riesgo de infecciones en las vías urinarias, pues se suman las restricciones para orinar y defecar que les provoca enfermedades vaginales por bacterias u hongos, que no son debidamente atendidas.
Algunos de los castigos para las internas embarazadas es obligarlas a permanecer sentadas bajo sol en la cancha de cemento, una detrás de las otras, sin refugio ni sombra, mientras el calor se hace sentir en cada rincón de su cuerpo. La exposición continua a los intensos rayos solares no solo provoca un sudor constante, también provoca una sensación de agotamiento y deshidratación. La falta de agua agrava aún más la situación, convirtiendo el sufrimiento en una experiencia de malestar insoportable.
Elvira, explicó que, en algunos casos, cuando las mujeres embarazadas presentaban algún malestar o hemorragia, eran llevadas al hospital. Si en el traslado hacia el centro de salud sufrían un aborto, ya no regresaban nuevamente a la Granja de Izalco, sino que eran enviadas directamente a Apanteos, prisión que fue construida para hombres. Uno de los casos que conoció fue el de una interna que parió en su celda con la única asistencia de otras reclusas. Esto constituye violencia obstétrica y la corte IDH ya se ha pronunciado sobre este tipo de violencia en el caso Beatriz Arce y otros vs Argentina.
“Constituye una violación de derechos humanos y una forma de violencia basada en género denominada violencia obstétrica, la cual “abarca todas las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación de tratamiento, durante el embarazo y la etapa previa, y durante el parto o postparto, en centros de salud públicos o privados”.
Además, estos malos tratos incumplen estándares internacionales donde El Salvador es firmante, sobre todo las Reglas de Bangkok, oficialmente conocidas como las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de Libertad para Mujeres Infractoras, que subrayan la necesidad de proporcionar a las mujeres embarazadas un entorno que asegure su bienestar y el de sus hijxs.
Entre las disposiciones clave se encuentran la garantía de atención médica, un entorno seguro y saludable para el embarazo y el parto, y la provisión de una nutrición adecuada. Sin embargo, en El Salvador se han reportado muchas deficiencias.
FUENTE: Elaboración propia
Abortos por tortura en un país provida
Otro día, relata, a las mujeres embarazadas las sacaron en la madrugada a bañarse a las pilas grandes que están en esa zona. “Si alguna bromeaba, ya era motivo para que la castigaran. Si una muchacha no se apuraba, decían que eran desobedientes o mal portadas. Esa vez, una muchacha no se apuró, entonces el custodio comenzó a tirarle agua helada con la manguera y la fuerza del agua le cayó en el estómago. Después, la tuvieron en la cancha desnuda, aguantando frío. Días después perdió al bebé”
- ¿Por qué piensa que por eso perdió al bebé? - preguntó Revista La Brújula a Elvira, durante la entrevista de aproximadamente una hora.
-Aguantó mucho frío la muchacha y después les hacían requisas y la sentaban en el suelo un gran rato, desnudas y todas abiertas.
Las mujeres en la Granja de Izalco cada día reciben raciones de comida que a menudo son insípidas, poco variada y, lo que es más preocupante, deficiente en nutrientes, “nos daban casamiento, queso, plátano frito o sancochado y dos tortillas de taco, pero un casamiento que no dan ganas de comerlo y de las otras cosas solo podía elegir una”, comentó Elvira.
Muchas no comían pese al hambre. Algunas estaban tomando las vitaminas que les daban en la clínica para su embarazo, que les provocaba aún más hambre. “Y ahí no se puede compartir (comida), porque eso también es castigo”, añadió Elvira.
En su video de 16 minutos en Youtube, Luisito Comunica muestra la comida que se entrega a las personas privadas de libertad en el CECOT.
Esta cruda realidad contrasta profundamente con el enfoque que el gobierno salvadoreño busca proyectar a través de programas y políticas para la primera infancia, que abarcan desde la gestación hasta los ocho años. En el manual del Ministerio de Salud, la Ley Nacer con Cariño y la Política Nacional Crecer Juntos, se recomiendan pautas alimenticias para las mujeres en el período preconcepcional, embarazo y lactancia, con énfasis en la prevención de la diabetes y la hipertensión arterial.
Las recomendaciones del manual indican que una mujer embarazada con un peso normal debe recibir tres comidas al día, incluyendo alimentos naturales y variados como frijoles, arroz, tortillas, huevo, carne, pollo, pescado, queso, leche, frutas, verduras y hojas verdes. Además, se sugiere el consumo de dos refrigerios: uno por la mañana y otro por la tarde, que podrían incluir frutas como naranja, melón, papaya o guineo, o alimentos como pan con frijoles y queso, o atol de avena. En el caso de las mujeres embarazadas privadas de libertad, su alimentación es responsabilidad total del Estado, ya que están bajo su tutela.
El impacto emocional de la privación de libertad agrava aún más esta situación. Alicia Abad, doula y coordinadora de la Red Maternar en Libertad de Uruguay, destaca que los daños emocionales provocados por el encarcelamiento pueden ser tan severos como los daños físicos que estas mujeres sufren.
"Las consecuencias emocionales como la ansiedad y la depresión por estar privadas de libertad y embarazadas impacta, son intensas y a menudo invisibles, y pueden tener efectos tan devastadores que afecta la salud y su embarazo." explicó.
Además, la deficiencia en la dieta no solo pone en riesgo la salud de las internas, sino que también puede tener consecuencias graves en el desarrollo del feto, exacerbando las ya difíciles condiciones de vida en la Granja Penitenciaria.
Sobre las restricciones a las embarazadas para el acceso a los baños, Abad dijo que esto puede tener graves consecuencias. La presión constante sobre la vejiga y el útero puede llevar a infecciones urinarias, disfunciones en el tracto urinario y complicaciones adicionales en el embarazo.
En El Salvador, el aborto está absolutamente prohibido en todas las circunstancias, incluyendo situaciones donde la vida de la madre está en peligro o cuando el embarazo es el resultado de una violación. Amparados en cinco artículos del Código Penal, el Estado criminaliza a las mujeres que han tenido abortos o emergencias obstetricas extrahospitalarias, con penas de hasta 50 años.
Sin embargo, Este mismo Estado, que ha creado leyes para garantizar los derechos de las mujeres embarazadas (Ley “Nacer con cariño”), para la protección de la lactancia materna (Ley “Amor convertido en alimento”) y la primera infancia (Ley “Crecer juntos”), es el responsable de los casos de abortos en mujeres embarazadas privadas de libertad bajo el régimen de excepción, por no garantizar las condiciones de atención médica y el mal trato por parte de los custodios.
La Ley Nacer con Cariño, aprobada en El Salvador, busca transformar la atención del parto y garantizar un trato humanizado para las mujeres embarazadas. /FOTO: Tomada de redes de la Secretaria de Presidencia de El Salvador
Así aseveró Claudia Argueta, coordinadora de Inclusión Social de Cristosal, “el Estado es responsable de las violaciones sistemáticas a derechos humanos ocurridas dentro de los centros penales, ya que es el encargado de darle garantía a la vida y a la integridad de las mujeres”. En el informe El silencio no es una opción, se registran denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en personas privadas de libertad, especialmente de las mujeres.
Estos informes han llamado la atención internacional sobre la situación en El Salvador y han instado a la comunidad global a exigir medidas correctivas y a garantizar el respeto de los derechos humanos, sobre todo en el cumplimiento de los estándares internacionales y la sentencia de Manuela, que condena a El Salvador como el primer país juzgado y condenado a nivel interamericano, por criminalizar a mujeres que han experimentado emergencias obstétricas.
Morena Herrera, activista feminista de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, mencionó que las contradicciones institucionales muestran que no existe el interés de asegurar la vida de las mujeres, ya que a las mujeres embarazadas que son trasladadas a centros penitenciarios se les obliga a vivir condiciones que atentan contra su propia vida y la del gestante.
Dichas condiciones, expresa, las aproxima a una interrupción de embarazo que ocurre bajo la custodia del Estado. Esta contradicción refleja no solo fallas estructurales en el sistema penitenciario, sino también una indiferencia frente a la integridad de las mujeres privadas de libertad.
“La falta de control y protección adecuada en los centros penitenciarios plantea preguntas urgentes sobre la responsabilidad estatal y los derechos humanos de las internas”.
Asimismo, las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han criticado fuertemente esta legislación por sus implicaciones en la salud y los derechos humanos de las mujeres. Argumentan que la penalización absoluta del aborto no solo restringe el acceso a servicios de salud necesarios, sino que también contribuye a la estigmatización y criminalización de las mujeres que enfrentan situaciones difíciles, ante la fuerte influencia de valores culturales y religiosos en la política salvadoreña.
Existen dos casos de niñxs que, según datos oficiales, nacieron muertos, pero es muy probable que su fallecimiento sea consecuencia de la insuficiente atención prenatal y atención médica tardía antes del parto, han denunciado organizaciones.
Dos de los informes de Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario revelan la muerte de cuatro niños y niñas bajo custodia del Estado, dos de estos casos son de una niña de 8 meses de gestación ocurrido el 10 de agosto de 2022; y el caso de Dina, quién fue privada de libertad con 9 meses embarazo el 07 de abril de 2024.
Uno de los casos emblemáticos es el de Karla G. Ella tenía cuatro semanas de embarazo cuando fue capturada el 18 de junio de 2022, luego de que un juzgado de Sonsonate la responsabilizará del delito de asociaciones ilícitas. El dictamen en la resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sostiene que es suficiente la declaración de un policía para determinar que una persona es miembro de organizaciones criminales.
De acuerdo al testimonio de la madre publicado en El Diario de Hoy, al momento de la captura de Karla, “La hincaron, luego la botaron de un ´empujón´ frente a unas piedras”, a pesar que la madre les explicó que su hija estaba en estado de embarazo y que no tenía nada ver con las pandillas, fue trasladada en una patrulla al recinto policial.
“Nunca nos avisaron que mi hija había tenido un aborto. Después de dos meses (octubre) de estar capturada, un día le llevé un paquete y me dijeron en la portería qué no era necesario, que ella había perdido al bebé hace días” asegura su madre en la entrevista.
Durante una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, la diputada Suecy Callejas, se refirió al caso diciendo que la adolescente había recibido atención médica. Sin embargo, agregó que “estar embarazada no la exime de ser pandillera”.
Diputada Suecy Callejas, previo a la aprobación de la séptima prórroga del régimen de excepción /VIDEO: Tomado de canal de Youtube de Asamblea Legislativa, plenaria 14 de octubre 2022
La primera infancia en las cárceles de Bukele
Entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, la Dirección de Centros Penales aisló a más de una docena de niñas y niños por brote de escabiosis, también conocido como sarna humana, provocada por la humedad y suciedad del área, que generaba fiebre, ronchas en la piel y llanto de los niñxs por la picazón y por la falta de medicamento o cremas para aliviar los síntomas.
Elvira contó que muchas madres bañaban a sus hijxs con detergente en polvo, pues habían escuchado que eso les podía calmar la picazón, otras intercambiaban pastillas que eran desechas con un poco de agua y quedaba como una “pasta combinada” que le ponían en espalda y cuello donde habían ronchas.
A veces nos sacaban a todas a la cancha y los niñxs lloraban, pedían los brazos de otras, me imagino que por la desesperación del calor y la picazón de su cuerpecito. Hasta nosotras que no estábamos en el pabellón, nos llenamos. Cuando salí, tenía ronchas en la pierna”.
En La Granja, compartir la comida, un grito de protesta, una discusión acalorada, o incluso una simple solicitud puede desencadenar una respuesta desproporcionada por parte de los custodios. Algunos oficiales recurren a golpes o a rociar gas pimienta a las internas.
“Había custodios que eran conscientes con las embarazadas, otros no. Cuando eran trasladadas al hospital las esposaban, así con las manos hacia atrás. Embarazadas es demasiado incómodo,”. cuenta Elvira.
Las organizaciones de sociedad civil en El Salvador han jugado un papel crucial en documentar y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo el régimen de excepción, presentando informes detallados a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, donde destacan prácticas abusivas, como detenciones arbitrarias, torturas y maltratos a las personas detenidas, así como la falta de debido proceso y la restricción de derechos fundamentales y cómo esta medida ha afectado desproporcionadamente a comunidades vulnerables.
Sin embargo, el 12 de julio de este año, el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, en audiencia ante la CIDH, negó enérgicamente las acusaciones de tortura en las cárceles del país. Guzmán, argumentó que las alegaciones de abuso y maltrato que se presentan en los informes de las organizaciones carecen de fundamento y que las condiciones en las instituciones penitenciarias se encuentran bajo constante supervisión y mejora.
En su intervención en la audiencia, la canciller Alexandra Hill Tinoco, aseguró que El Salvador cumple con todos los estándares internacionales de privación de libertad y principalmente con todas aquellas en mayor vulnerabilidad.
Audiencia sobre la situación general de los Derechos Humanos en El Salvador. Estado./ CAPTURA: La audiencia virtual
A pesar de estas declaraciones, las organizaciones continúan planteando sus preocupaciones sobre la realidad en los centros de detención, indicando una posible discrepancia entre la normativa oficial y las condiciones reportadas en los diferentes informes.
Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno salvadoreño para que ponga fin a las violaciones de derechos humanos, respete el debido proceso y garantice que las medidas de seguridad no vulneren los derechos fundamentales de la ciudadanía. La organización subraya la necesidad urgente de reformas legales y políticas que encuentren un equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos, previniendo el abuso de poder y la persecución de quienes ejercen sus derechos de manera pacífica. También enfatiza la importancia de reformar las leyes para permitir el aborto en circunstancias excepcionales y asegurar una atención médica adecuada para las mujeres afectadas.
*Elvira es un nombre ficticio.