Por Fátima Cruz
Victor Campos Alvarenga, sacerdote de la parroquia Resurección, de la Diócesis de Sonsonate, fue condenado a 12 años, a través de un fallo oral.
Durante el fallo del caso se cambió la calificación del delito de violación agravada continuada al de estupro por prevalimiento, a solicitud de la defensa del acusado. El fallo se emitió con estereotipos de género, lo que sugiere un desconocimiento de los tratados internacionales sobre delitos sexuales, según Emperatriz Flores, una de las abogadas del caso.
«La jueza cuestionó la violencia ejercida contra la víctima, argumentando que -no fue suficiente-, a pesar de que el Código Penal no especifica cuánta o qué tipo de violencia debe presentarse en estos casos. Como resultado, la condena quedó en 12 años, la máxima pena para el delito de estupro «, Emperatriz Flores.
Actualmente, las partes involucradas, incluyendo la representación de la víctima y la fiscalía, esperan la sentencia escrita, que será entregada el 27 de septiembre. A partir de esa fecha, tendrán 10 días hábiles para presentar los recursos de apelación. Las partes consideran que el fallo vulnera los derechos de la víctima a una justicia plena y reparación integral.
Revista La Brújula se comunicó con la Diócesis de Sonsonate para conocer la postura del Obispo sobre el fallo y consultar avances en el Tribunal Eclesiástico sobre el caso. Intentamos conversar con Mons Constantino Barrera, pero se encontraba en retiro.
Proceso juridico
Durante el proceso se ordenó la detención del sacerdote. El 14 de agosto se dio la audiencia de vista pública, donde la víctima brindó su declaración. La audiencia, programada para tres días, continuó el jueves 15 de agosto con el interrogatorio de testigos de cargo, peritos y la fase de incidentes. Finalmente, el viernes 16 se presentaron cuatro testigos de descargo por la defensa, de forma inicial serían siete. Además, presentaron prueba documental y pericial.
En julio, este caso fue uno de los denunciados por organizaciones de derechos humanos. Estiman que son, al menos, 100 casos de agresiones sexuales cometidas por sacerdotes. Destacaron la pasividad de la Iglesia y del Estado, que a menudo revictimizan a las denunciantes y no brindan el apoyo necesario.
En el periodo de junio 2023 a mayo 2024 y desde 2015 a 2024, se reportaron 3,018 casos de violencia sexual y se han recibido 8,984 denuncias, según datos de la Fiscalía General de República, información publicada en el periodico la Prensa Gráfica.
Emperatriz Flores, una de las abogadas del caso, explica que el sistema judicial en El Salvador enfrenta importantes dificultades, con procesos lentos debido a la sobrecarga laboral de la Fiscalía. Sin embargo, considera que la participación de la querella es crucial para avanzar en los casos de violencia sexual, especialmente cuando el agresor pertenece a sectores de poder como la política o la iglesia.
Expone que, a pesar de que el Código Penal es claro en cuanto a las sanciones y que se aumentaron penas para este delito, la influencia de estas instituciones añade obstáculos adicionales. Las víctimas o sobrevivientes, en muchos casos, temen denunciar por miedo a represalias debido al poder y conexiones de sus agresores.
«Aunque el sistema judicial de El Salvador es laico por ley, es evidente que las creencias religiosas pueden influir en la toma de decisiones. Es esencial que los jueces se guíen por la ley y los tratados internacionales, no por sus creencias personales», Emperatriz Flores.
Menciona que en los casos donde sacerdotes son acusados de violación se experimenta la falta de apoyo por parte de la iglesia y la revictimización que sufren las personas denunciantes. Flores considera que es importante que el sistema judicial aborde estos procesos con un enfoque de género, ya que muchos jueces carecen de la sensibilidad necesaria para tratar este tipo de delitos.
Sobre la detención del sacerdote, la Diócesis de Sonsonate emitió un comunicado firmado por Monseñor Constantino Barrera Morales, obispo de Sonsonate, abordando el caso del sacerdote Víctor Campos. El documento confirmó la detención del sacerdote y expresó solidaridad con la víctima, manifestando la disposición de colaborar con las autoridades para que prevalezca la verdad y la justicia. También, indicó que se seguirán las directrices del Papa Francisco y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe para tratar el caso. Monseñor Barrera animó a la comunidad parroquial a continuar en oración y mantener la fe.
Comunidades de fe deben priorizar justicia para víctimas y sobrevivientes de violencia
Nubia Lazo, teóloga e integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, analiza que existe una influencia negativa de discursos patriarcales en las comunidades religiosas y que perpetúan desigualdades de género. Católicas por el Derecho a Decidir ha enfocado gran parte de su trabajo en visibilizar cómo la violencia de género afecta a las comunidades de fe, incluyendo iglesias como la Católica Romana, Anglicana, Luterana, y también a congregaciones pentecostales y evangélicas.
Enfatiza en que también existe una gran desigualdad en el reconocimiento de los derechos de la infancia y cómo las comunidades religiosas, a menudo, desconocen que sus propias instituciones promueven, en teoría, el respeto a los derechos humanos. «Las personas en las comunidades rurales ni siquiera conocen los documentos de la Iglesia que hablan sobre los derechos humanos y la dignidad de las personas, lo que agrava la falta de acción frente a la violencia de género y el abuso sexual infantil», comentó.
Por otra parte, Nubia también denuncia el ocultamiento de casos de violencia sexual a las infancias, no solo por parte de la Iglesia Católica Romana, sino también en complicidad con otras entidades religiosas del país. Explicó que, aunque existen leyes y protocolos para la protección de las mujeres y la niñez, muchos casos no han recibido la atención adecuada por parte del sistema judicial.
«Es fundamental que las comunidades comprendan que sin una apropiación del enfoque feminista y de los derechos humanos las situaciones de violencia se seguirán perpetuando, afectando gravemente a las mujeres, niñez y adolescencias», Nubia.
A pesar de los esfuerzos internacionales para abordar la violencia sexual a la niñez dentro de las instituciones religiosas, como el encuentro en el Vaticano en 2021 titulado «Nuestra misión común de proteger a los niños de Dios» que consiste en que la Iglesia Catolica brinde una respuesta a la crisis de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, se priorice el bienestar de las victimas e insiste que enfrentando la verdad y buscando el perdón se podrá restaurar la confianza en la Iglesia, Flores expresa su preocupación por la falta de cumplimiento de las guías y directrices emanadas de estos eventos por parte de la Iglesia Católica en El Salvador.
A pesar de los esfuerzos internacionales para abordar la violencia sexual a la niñez dentro de las instituciones religiosas, como el encuentro en el Vaticano en 2021 titulado «Nuestra misión común de proteger a los niños de Dios» que consiste en que la Iglesia Catolica brinde una respuesta a la crisis de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, se priorice el bienestar de las victimas e insiste que enfrentando la verdad y buscando el perdón se podrá restaurar la confianza en la Iglesia, Flores expresa su preocupación por la falta de cumplimiento de las guías y directrices emanadas de estos eventos por parte de la Iglesia Católica en El Salvador.
«Si bien la Iglesia tiene documentos que condenan estos actos y proporcionan directrices para proteger a las víctimas, muchas de estas guías quedan a la discreción de las autoridades eclesiales, lo que resulta en una falta de acción concreta». Nubia hace referencia a la resistencia de las instituciones a aceptar las denuncias de abuso y su tendencia a proteger a los acusados.
La teóloga menciona que en El Salvador las autoridades de diversas denominaciones, como la Iglesia Católica y las iglesias pentecostales, influyen significativamente en cómo se perciben y abordan las denuncias de abuso sexual. En su experiencia recuerda un caso de abuso en el que la víctima buscó justicia a través del Tribunal Eclesial y obtuvo un fallo decepcionante. Además, la falta de transparencia y colaboración de las autoridades religiosas con las instancias estatales refuerza una creencia de que el poder eclesial tiene mayor peso que la ley, lo cual es aprovechado para manipular a las comunidades de fe, añade.
Nubia advierte que el vínculo entre líderes religiosos y políticos genera un lobby fundamentalista que manipula la religión con fines políticos, y menciona la urgencia de crear un tribunal de ética religiosa, como en Costa Rica, para hacer frente a estos abusos. En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, destacó la necesidad de una educación sexual integral y libre de prejuicios dentro de las comunidades religiosas, que permita a las personas tomar decisiones informadas.
Para Nubia, la verdadera justicia en casos de abuso sexual en contextos religiosos debe buscarse en la tierra, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien defendía a los más vulnerables, y generar esfuerzos por sensibilizar a las comunidades religiosas en derechos sexuales y reproductivos. «Mientras no exista un proceso formativo sistemático y de largo plazo, las desigualdades y la violencia de género continuarán siendo una realidad en las comunidades religiosas», concluye.
