Comerciantes de Costa del Sol presentan requerimiento contra alcalde y Concejo Municipal

Comerciantes de la zona alertaron sobre desalojos ilegales,  cuando autoridades municipales destruyeron y/o quemaron sus ramadas, tras informales que debían retirar sus locales en 24 horas, aludiendo cumplimiento a la sentencia de un tribunal ambiental . Debido a estas acciones presentaron un requerimiento ante la FGR en el que exigen compensación por los daños.  La mayoría de los 59 comerciantes desalojados son mujeres, muchas madres autónomas que han trabajado en las ramadas a alrededor de 30 a 35 años. Entre ellas: mujeres mayores, algunas entre 65 y 72 años, que dependen de esos negocios para su sustento.

 

Por Fátima Cruz

Una denuncia ambiental presentada por el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) ante el Juzgado Ambiental de San Salvador provocó el desalojo de 59 ramadas ubicadas frente al Turicentro Costa del Sol, este se encuentra en medio de un proceso de remodelación. Las acciones fueron desde la destrucción hasta la quema de las ramadas. Por ello, comerciantes de la Costa del Sol, junto a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, presentaron a la Fiscalía General de la República (FGR) un requerimiento contra el alcalde y Concejo Municipal de La Paz Centro, en este se imputan cuatro delitos por el desalojo ilegal de comerciantes, uso arbitrario de la fuerza, daño a la propiedad y se solicita el resarcimiento de esos daños. 

 

Frente a la FGR se reunieron para exigir justicia y compensación por los daños del pasado fin de semana. Expresaron su urgente necesidad de respuestas y soluciones por parte de las autoridades. Jannette Jiménez perdió su local después de 16 años de trabajo, demanda una compensación por los daños materiales sufridos, los cuales ascienden a aproximadamente de 15 mil dólares. Además, resalta la importancia de una reubicación para las y los vendedores afectados, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad al perder sus medios de sustento. 

“Necesitamos que nos respondan por los daños y perjuicios que ellos nos han hecho. Salimos bien afectados. Nosotros tenemos nuestros hijos, nuestros hogares y la mayor parte de ese lugar somos personas madres solteras. No tenemos otra fuente de empleo, el único era el negocio”, Jannette Jiménez. 

 

Buscan que a través del requerimiento legal se responsabilice a involucrados en los daños tanto alcalde capturado y al Consejo Municipal que avaló la acción, señaló Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular . Asimismo, denunció que estas acciones son parte de la política de desalojos impulsada por el gobierno, que ha afectado a numerosas familias en todo el país y que favorecen a grandes empresas, limitando las oportunidades de subsistencia para la población empobrecida.

Comerciantes exigen que se responsabilicen por los daños causados y se les reubique. Fotografía: Fátima Cruz.

Más de una década de trabajo y 24 horas para desaparecer

 

Jannette Jiménez fue desalojada junto a otros comerciantes de las ramadas de la Costa del Sol, sector frente al Turicentro Costa del Sol. Comenzó su negocio en 2006 y 2007, cuando adquirió la parte superior de otro local. Así comenzó desde cero, tomó un préstamo bancario y poco a poco construyó su negocio, invirtiendo cada centavo con el sueño de verlo crecer.

 

Ella no es la única mujer afectada. De hecho, la mayoría de los 59 comerciantes desalojados son mujeres, muchas madres autónomas. Algunas han trabajado en las ramadas por más de 30 o incluso 35 años, entre ellas: mujeres mayores, algunas con 65 y 72 años, que dependen de esos negocios para su sustento.

 

Perder sus negocios significa afectar a un gran número de personas, desde dueños de restaurantes, personas que cocinan y atienden, hasta vendedores ambulantes que venden sus artesanías, pescados y otros productos, quienes  se quedarían sin empleo si no se les proporciona una solución justa y una reubicación adecuada, afirma Jennette.

 

Jiménez espera que las autoridades resuelvan este caso, que les apoyen reubicandoles y les indemnicen por las pérdidas sufridas, ya que cada detalle de sus negocios, desde las mesas hasta las palmas de coco, tiene un valor significativo. “No podemos simplemente ser desalojados en 24 horas y dejar todo atrás. Necesitamos un lugar adecuado para poder trasladar nuestras pertenencias y seguir adelante con soluciones claras. No descansaremos hasta que se nos brinde una respuesta justa a nuestra situación”, expresa.