Asamblea Legislativa 2023: Reformas, disolución de instituciones públicas y más régimen de excepción

Durante este año, la Asamblea Legislativa desarrolló su labor en medio de reformas a leyes, disolución de  algunas instituciones públicas y la aprobación de toda iniciativa enviada por CAPRES sin mayor discusión. Sin nada nuevo bajo el sol, también prorrogaron el régimen de excepción que aumenta cada mes las denuncias de violaciones a derechos humanos. 

Por Eugenia Olán

Las y los legisladores han vivido el año 2023 en medio de una serie de reformas a leyes, incumplimientos a medidas ordenadas por la Sala de lo Constitucional, aprobaciones de todas las iniciativas del presidente de la República, sin mayor discusión y la prórroga mes a mes del régimen de excepción. Para febrero de 2023, la Asamblea Legislativa no cumplió  con el plazo de un año para crear un mecanismo de reconocimiento legal para que las personas trans pudieran cambiar su nombre en los documentos.

La resolución de la Sala impuesta por el oficialismo, emitida en febrero de 2022, apunta que «La falta de regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género constituye un trato discriminatorio no justificado». A pesar de ello, la Asamblea Legislativa en sus primeros dictámenes archivó la propuesta de Ley de Identidad.

Las organizaciones que conforman la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, mencionaron que la ley tardó más de 10 años en construirse y estuvo 3 años a la espera de ser estudiada por legisladores anteriores y actuales. Sin embargo, nunca fue presentada en agenda para discusión y análisis en las plenaria.

En marzo, El Salvador cumplió un año con el régimen de excepción. La Asamblea Legislativa prorrogó cada mes esta medida, pese a los informes de las organizaciones defensoras de derechos humanos que han evidenciado casos de detenciones arbitrarias y torturas de personas víctimas del régimen. Según el informe “Un año bajo el régimen de excepción» presentado por Cristosal, se han registrado 5,775 casos de personas detenidas arbitrariamente bajo la medida y 189 personas fallecidas en centros de detención.

Dentro de las reformas emitidas por los legisladores durante este año están las realizadas al  Código Electoral. Entre ellas, redujeron a 60 el número de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, también se eliminan los diputados por residuo y quedarían únicamente aquellos elegidos por cantidad de votos. Asimismo, se aprobó la propuesta presentada por el presidente Bukele con la nueva división política del país, es decir, la reestructuración del territorio salvadoreño que reduce de 262 a 44 el número de municipios. El presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, justificó que esta acción serviría para “agilizar la coordinación de planes de desarrollo”.

La Comisión de Política hizo la discusión y análisis de la propuesta en tan solo cuatro días y no hubo una consulta a la población o un estudio previo de técnicos expertos sobre el impacto que puede tener esta reestructuración. Además, la nueva división del territorio salvadoreño se aprobó en junio de 2023, es decir, a menos de 8 meses de las elecciones de 2024.

En el mes de agosto, el presidente Nayib Bukele presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de la “Ley del Sistema Nacional de Integración” que prendente crear la Dirección de Integración, adscrita al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, que se encargará de las funciones de capacitación y formación que eran impartidas por Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP y por el Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE.

Al aprobarse está ley, se disolvieron ambas instituciones.

Último trimestre y las próximas elecciones

En el marco del mes de la salud mental, el grupo parlamentario de ARENA solicitó la modificación de agenda en la plenaria 127, para incorporar una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental, en la que solicitaba la incorporación de unidades de atención para adicciones y un recomendable al sistema de salud para la atención de hemodialisis y dialisis en las 14 sedes departamentales de la red pública de salud.

La diputada Marcela Villatoro explicó que es necesaria una reforma a la Ley de Salud Mental, donde se agregue un capitulo que contemple la responsabilidad estatal en la prevención del suicidio, ya que en los ultimos tres años el Instituto de Medicina Legal registró 1,500 suicidios.

No obstante, al someter a votación estas modificaciones, los diputados y diputadas de Nuevas Ideas se negaron a estudiar las propuestas.

Para noviembre los legisladores de Nuevas Ideas, aprobaron la derogación de la “Ley Mordaza», que anteriormente había sido aprobada por ellos en abril de 2022. Esta ley impone 15 años  de prisión a medios de comunicación o cualquiera que difundiera supuestos mensajes de pandillas. Según la APES, la ley mordaza tenía la intención de censurar y criminalizar a periodistas, pues desde su aprobación se reportaron 15 casos de periodistas que salieron del país por temor a repercusiones legales. 

Esta derogación se dio luego de la visita del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols.

En cuanto a las próximas elecciones de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero que permite el voto electrónico presencial y remoto a los salvadoreños que se encuentran fuera del territorio. Sin embargo, la aplicación de la ley muestra muchas irregularidades.

En primer lugar, la garantía para que las personas salvadoreñas en el exterior puedan emitir el sufragio es acreditar su nacionalidad por medio de su Documento Único de Identidad o Pasaporte emitido dentro o fuera del país y no será necesaria su vigencia para ejercer el voto en el proceso electoral del 2024.

Para la asignación del voto en la elección de diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa se tomará en cuenta algunos criterios, pues los salvadoreños y las salvadoreñas que residen en el extranjero y utilicen su Documento Único de Identidad o pasaporte asignan su voto a la circunscripción de San Salvador. Las irregularidades de esta ley se dan también al no crear un padrón de votantes, pues se necesita conocer el universo electoral para tener un mayor control de cuántas personas están habilitadas para poder emitir su voto.

Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral aprobó la inscripción de la fórmula presidencial de Nuevas Ideas con el actual Presidente Nayib Bukele y el Vicepresidente Félix Ulloa para las elecciones de 2024. A pesar de las prohibiciones constitucionales en el artículo 152 que establece que “No podrán ser candidatos a la Presidencia de la República quien haya desempeñado la Presidencia por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior”, entre otros seis artículos que prohíben la reelección.

 

A pesar de la prohibición constitucional, la Asamblea Legislativa otorgaron la licencia a Nayib Bukele  del 1 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de mayo de 2024, para dedicarse a la campaña para buscar la reelección y aprobó el nombramiento de Claudia Juana Rodríguez de Guevara, como Designada a la Presidencia para sustituir a Bukele en estos seis meses.

Por otro lado, candidatas a diferentes cargos políticos por el partido Nuestro Tiempo, solicitaron al Tribunal Supremo Electoral que active el monitoreo y se realice las investigaciones pertinentes ante los ataques digitales. 

Celia Medrano, candidata a Vicepresidente por Nuestro Tiempo mencionó en conferencia de prensa que son más de 300 ataques diarios a través de la plataforma “X”. Esperan que el TSE emita un pronunciamiento público y, a su vez, reporten semanalmente un monitoreo de expresiones de violencia política contra las mujeres, el cual está establecido en el artículo 254 del Código Electoral.

El TSE debe cumplir con  el Protocolo para la Prevención y Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia Política en El Salvador, el cual indica que la Unidad de Género del TSE pone en aviso a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría General de la República ante cualquier tipo de denuncia sobre violencia de género para candidatas durante la contienda electoral.