Organizaciones de sociedad civil realizaron el Foro: El Salvador bajo la lupa, donde analizaron el exámen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre el cumplimiento del Estado salvadoreño a sus obligaciones en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por: Eugenia Olán/ Revista La Brújula
Con el objetivo de contribuir a la evaluación del Comité, que en mayo de 2018 examinó al Estado salvadoreño, las organizaciones desarrollaron informes alternativos que analiza las medidas tomadas por el Estado para la implementación de recomendaciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo, graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Las notas asignadas por el Comité de Derechos Humanos a los aspectos evaluados en su mayoría son nota «C» que significa que las medidas adoptadas por el gobierno no son satisfactorias.
En el párrafo 16 del informe, el Comité solicita al Estado salvadoreño revisar de manera urgente la legislación con respecto al aborto para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.
En ese sentido, Sara García, de la Agrupación de Ciudadana por la Despenalización del Aborto, mencionó que la penalización total del aborto genera graves consecuencias que tiene que ver con la criminalización y persecución de mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, partos prematuros no asistidos o abortos espontáneos.
“El Estado salvadoreño debe retomar las recomendaciones, observaciones e incluso las condenas que ya ha recibido por parte del Sistema Regional de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Naciones Unidas que han sido enfáticos en que es urgente que El Salvador modifique el código Penal e incorpore la perspectiva de salud pública cuando se trata de derechos reproductivos de las mujeres”, expresó.
El Salvador es el primer país juzgado y condenado a nivel interamericano por criminalizar a mujeres que han experimentado emergencias obstétricas, en noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al país en el caso de Manuela y otros vs El Salvador, por no establecer servicios de salud y no regular el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica.
García planteó que la penalización del aborto tiene un efecto directo y repercusión sobre cuerpos de mujeres que viven en situación de pobreza.
“La CIDH lo manifestó en el caso de Manuela, donde reconoció el componente de discriminación interseccional y tambien reconoció que el contexto que penaliza totalmente el aborto genera obstaculos para poder acceder a derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de que se esta negando la justicia reproductiva para las mujeres. Hemos informado sobre los casos de mujeres criminalizadas, que han presentado este tránsito que nosotros llamamos “del hospital a la cárcel”, porque llegan al sistema de salud público y es ahí donde se les anula la presunción de inocencia y donde se les impone la presunción de culpabilidad, todo bajo el prejuicio de género que está asociado al mandato de la maternidad”, mencionó.
Pese a las recomendaciones, el Estado salvadoreño condenó a 50 años de prisión a una joven a sus 19 años enfrentó una emergencia obstétrica. El fallo se dio el 29 de junio de 2022.
El Estado ha tomado medidas contrarias a la recomendación en seguridad e independencia fiscal.
En aspecto de protección, seguridad e independencia del Fiscal General, el Comité evaluó con nota «E» siendo la más baja y que significa que las medidas adoptadas por el Estado son contrarias o manifiesta rechazo a las recomendaciones.
Ante esto, Leonor Argueta, de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, comentó que está baja calificación se debe a las cifras altas de homicidio y las denuncias por desapariciones forzadas en los últimos cuatro años.
“La respuesta del Estado para investigar y castigar esos crímenes no parece clara y tampoco existen términos de políticas y de práctica de reparación para las víctimas. Vemos que los programas especiales tienen poco presupuesto y el programa especial de reparaciones ha sido prácticamente suprimido por está administración gubernamental ”, explicó.
Con la divulgación de este informe y el seguimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales, las organizaciones han mostrado la falta de interés del Estado Salvadoreño en la defensa de los Derechos Humanos y el cumplimiento a los tratados internacionales que ha sido firmante.