El decreto ejecutivo N.º 18 declara Estado de Emergencia Nacional por el Huracán Bonnie en todo el territorio por el plazo de 15 días, con el propósito de establecer “mecanismos de coordinación y utilización de los medios y recursos del Estado”, para atender desastres provocados por el huracán Bonnie.
Las lluvias del pasado sábado causaron daños en el territorio y evidenció la falta de estrategias de prevención y la vulnerabilidad de infraestructuras como hospitales y calles.
La Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en el art. 24 menciona qué La Asamblea Legislativa por medio de decreto podrá declarar el Estado de Emergencia cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten.
Sin embargo, con esta declaratoria, el Gobierno puede hacer transferencias de una cartera de Estado a otra sin el aval de la Asamblea Legislativa y compras directas sin aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
En marzo de 2020 se aprobó Estado de Emergencia ante la Pandemia de COVID-19, en este periodo se dieron diferentes irregularidades en cuanto a compras por parte de funcionarios públicos:
El ministro de Salud, Francisco Alabí, adquirió 400 mil protectores faciales de material reciclado con un costo de más de medio millón de dólares.
El expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge Aguilar, vendió al Gobierno 100 mil protectores faciales a precios sobrevalorados.
Asimismo, en 2019 el Gobierno recibió un préstamo de $80millones para el nuevo Hospital Rosales que autorizó el Banco Interamericano de Desarrollo y la Asamblea Legislativa anterior.