Foto/ Cortesía de las organizaciones jóvenes
Diversos jóvenes defensores/as de derechos humanos que se integran en 60 organizaciones, presentaron la “Plataforma Legislativa de Juventudes 2021-2024” donde hacen propuestas dirigidas a las y los candidatos de las elecciones del próximo 28 de febrero.
Esta plataforma fue desarrollada en el marco del Proyecto
“Jóvenes organizados/as defendiendo derechos de juventudes”, que fue cofinanciado por la Unión Europea y el Instituto Camões de Portugal, y ejecutado por OIKOS- Cooperação e Desenvolvimento, la Asociación de Desarrollo Económico Social- Santa Marta (ADES) y la Plataforma Global El Salvador.
Este proyecto persigue incrementar las capacidades de las y los jóvenes defensores/as de derechos humanos que son parte de 60 organizaciones de casi todo el país, en la defensa segura, atención, denuncia, incidencia y promoción de los derechos más vulnerados de las juventudes salvadoreñas.
Foto/ Cortesía de las organizaciones jóvenes
En la construcción de la plataforma se contó con la participación de mujeres, hombres jóvenes, de la diversidad sexual, feministas, personas con discapacidad, ambientalistas, afrodescendientes, que viven en zona rural y urbana y que pertenecen a minorías históricamente excluidas y actualmente luchan o promueven sus derechos.
Entre las propuestas de reformas legislativas y constitucionales descritas en el documento se encuentran:
- Establecer el período de juventud entre los 18 y los 35 años de edad, evitando que las personas entre los 15 y 18 años de edad tengan una doble consideración legal. Consecuentemente hacer las reformas en la Ley General de Juventud, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Ley Penal Juvenil y Ley de Partidos Políticos.
- Garantizar el presupuesto mínimo para el funcionamiento de la Universidad de El Salvador, que no sea menor al 0.5% del Presupuesto General de la Nación. Además se deberán crear mecanismos para el uso adecuado de este y que se obligue hacer revisión presupuestaria cada tres años.
- Reconocer el derecho de las personas mayores de edad y en pleno uso de sus facultades mentales, a formar una familia, y que el Estado garantice la seguridad jurídica de estas uniones. Esto permitiría el derecho a formalizar las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, reformando el Código de Familia, Código Civil y Reglamento para la Aplicación de Régimen del Seguro Social.
- Asegurar el reconocimiento, inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad.
- Reconocer a la población afrodescendiente como parte de la diversidad cultural de El Salvador, creando una dependencia del Ministerio de Cultura, que desarrolle y aplique políticas públicas dirigidas a la población afrodescendiente.
- Exhorta a los diputados y diputadas electas para el periodo 2021- 2024 ratificar constitucionalmente el derecho humano al agua y realizar un proceso participativo para la validación y aprobación final del articulado de la Ley General de Aguas en estudio.
- Elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación. Cuya legislación secundaria sería el anteproyecto que se encuentra actualmente en estudio, sobre la Ley Seguridad y Soberanía Alimentaria.
- Elevar a rango constitucional el derecho humano al acceso a la vivienda digna y reactivar la discusión del anteproyecto de la “Ley Especial de Vivienda de Interés Social”, para garantizar a las nuevas generaciones el acceso a una vivienda digna.
- Proponen además, una reforma constitucional a la Fuerza Armada donde se tenga a esta institución con mayor control y supervisión, y que no dependa únicamente del Presidente/a de la República. También piden que transparentar el nombramiento del Ministro de la Defensa Nacional y que se haga conforme a los parámetros internos que la institución establezca, respetando la escala jerárquica de grados que se hayan hecho conforme a la ley.
- Establecer parámetros rigurosos que delimiten y garanticen el buen funcionamiento de la Policía Nacional Civil, acorde a su función constitucional y aseguren la profundización del espíritu con la que fue creada en los Acuerdos de Paz de 1992.
- Incluso proponen que se prohiba ocupar cargos de dirección y subdirección general de la PNC a personas que estén o hayan pertenecido a los cuerpos de seguridad disueltos con los Acuerdos de Paz, al Ejército, la guerrilla, a cualquier organización paramilitar que haya funcionado antes, durante o después de la guerra, así como personas con procesos judiciales abiertos, tanto dentro como fuera del país, por violaciones contra los derechos humanos.
Asimismo, esta plataforma incluye propuestas de reforma a leyes secundarias con temas como la participación política de las juventudes, profundización de la democracia y reformas a la Asamblea Legislativa, economía, trabajo, educación y cultura, identidad de género, despenalización del aborto reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, entre otras.