Foto/Reina Ponce
Por Clanci Rosa, periodista feminista
Conocí el caso de Jocelyn Abarca en 2018. Cuando los medios nacionales informaron sobre el hecho, “una mujer había sido asesinada y desmembrada por su pareja, Ronald Atilio Urbina”.
El entonces Fiscal de la República, Douglas Meléndez, puso en marcha todos los recursos tecnológicos de la institución para encontrar al culpable, es así como detuvieron a Urbina.
Videocámaras y conexión de señal entre celulares mostraban a Urbina como el feminicida de Jocelyn, sin embargo, él siempre lo negó. Este caso fue mediático, tanto que se hablaba que el entonces fiscal buscaba, a partir de ese trabajo, la reelección.
Ronald Atilio Urbina fue presentado a los medios y se abrió el proceso judicial, las pruebas de FGR eran contundentes con la responsabilidad del imputado. Admito que yo también pensé que se haría justicia inmediata con Jocelyn. Pero no sabía que ese solo era el inicio de un largo y espinoso camino para que la madre de Abarca obtuviera justicia.
Este año decidimos con una colega hacer una investigación sobre feminicidios. Al buscar entre los casos pendientes de justicia nos encontramos con el proceso de Jocelyn Abarca. El presunto feminicida no había sido condenado. Algo que me sorprendió, pues por lo mediático del caso creí que el proceso sería mucho más eficiente. Pese a ser periodista caí en el espejismo de lo mediático y creí que ya todo estaba resuelto, o simplemente lo quise creer.
La investigación la realizamos en el marco del 8 de marzo. Nos dimos cuenta que se estaba a pocos meses de cumplir dos años del hecho y no había sentencia firme, por lo tanto se corría el riesgo de que la familia de Jocelyn nunca obtuviera justicia. Debido a que el Código Procesal Penal establece dos años como máximo para detención provisional en los delitos graves, como el feminicidio. Transcurrido ese periodo y sin obtener penas, los imputados pueden quedar en arresto domiciliario, que supone riesgo de fuga.
Especialistas del derecho explicaron en la investigación que la mayoría de feminicidios llegan a fase de sentencia cuando están a punto de vencer el plazo y por eso muchos no se juzgan como feminicidios, sino, llegan a acuerdos entre partes, donde las familias de la víctima deciden entre obtener un poco de justicia o nada, e incluso procesos abreviados.
En ese momento no pudimos contactar con la familia de Jocelyn, pero justo hicimos el análisis de su caso y el riesgo de no haber pronto una sentencia firme. En junio de este año se lanzó una convocatoria de prensa para acompañar a familiares de víctimas de feminicidio a entregar una carta a los Juzgados Especializados para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en la que solicitaban establecer fechas para audiencia en los casos pendientes de sentencia y a punto de vencer plazo.
Ese día pude contactarme con la madre de Jocelyn. Ella manifestó su miedo a que a raíz de la suspensión de plazos administrativos y judiciales por la pandemia, el “feminicida” de su hija quedara en arresto domiciliar, como sucedió con uno de los imputados en el caso de Carla Ayala.
En junio de este año, Víctor Castillo Campos, detenido y procesado como cómplice del feminicidio agravado de Carla Ayala, fue puesto en arresto domiciliario, pues se venció el plazo de la detención provisional sin obtener sentencia firme.
Cabe destacar, en marzo estaba prevista la audiencia contra 13 implicados en el feminicidios de Ayala, pero fue reprogramada, porque la defensa manifestó que uno de los abogados defensores salió del país y tuvo que someterse a cuarentena obligatoria, sin presentar pruebas, la jueza creyó en su palabra.
Este precedente alertó a la madre de Jocelyn, el mismo día que presentó la carta fue notificada de la fecha para la audiencia preliminar, ésta se realizó con respaldo de organizaciones feministas. Sin embargo, también estuvo a punto de suspenderse, ese día los Sindicatos del órgano judicial cerraron el Centro Judicial Isidro Menéndez en protesta por las pocas medidas de bioseguridad y precisamente ese día y en ese lugar estaba programada la audiencia de Jocelyn.
Me enteré del cierre de los Juzgados en Twitter y me sentí impotente, conocía el caso y la lucha de la madre. Decidí llamarle y me dijo que no sabía que pasaría. Contacté al comunicador de uno de los sindicatos y él fue intermediario para hablar con quienes dirigían la toma, así se logró acordar que se permitiría la audiencia. No obstante, se realizó en los Juzgados de Santa Tecla y el proceso pasó a vista pública, pero hasta el día de ahora se ha suspendido en dos ocasiones.
“Instrumentalización de la pandemia para entorpecer el acceso a justicia”
Como sucedió en el caso de Carla Ayala, la defensa de Ronald Atilio Urbina también usó la emergencia para vencer los plazos procesales, de acuerdo con declaraciones de la madre de Jocelyn.
La vista pública que inicialmente estaba programada para el 17 de julio se suspendió porque los abogados manifestaron que estaban enfermos de COVID-19 y debido a los protocolos no los dejaron entrar “hicieron un show, se pusieron a toser y el vigilante no les permitió el acceso” detalló la madre.
Esta audiencia era para la madre de Jocelyn muy importante, después de dos años de lucha miraba cerca la justicia, pero no fue así.
“Me siento decepcionada porque todo estaba listo (…) Para mí es una conducta antiética, porque eso lo hacen para ganar tiempo. Me parece de lo más bajo que profesionales hayan hecho eso” expresó.
Se acordó como nueva fecha el 29 de julio, sin embargo, la audiencia se suspendió, otra vez. Agotado el argumento de la defensa sobre “posiblemente tener COVID-19”, ahora los abogados decidieron renunciar un día antes de la audiencia, el nuevo abogado informó al juzgado de la decisión y también manifestó que él no podía asistir porque tenía otra audiencia, según información brindada por la madre de Abarca. Por tanto, no hubo audiencia.
La nueva fecha de vista pública está programada para el viernes 31 de julio, la madre de Jocelyn sigue firme insistiendo por justicia, luchando contra el sistema de justicia salvadoreño que nuevamente demuestra que no está hecho para funcionar a favor de las mujeres.
El caso de Jocelyn como el de Fernanda Nájera son reflejo de un Estado patriarcal, ausente para las mujeres, que no fue capaz de garantizar su vida y ahora les niega justicia.
Como explica Marcela Lagarde, en el feminicidio hay complicidad del Estado, porque contribuye a la violencia feminicida, la impunidad derivada de la inacción, insuficiencia o complicidad de instituciones del Estado (..) lo que constituye violencia institucional de género por omisión, negligencia o complicidad de las autoridades con los agresores”.
Espero que se haga justicia por Jocelyn Abarca, por Fernanda Nájera, por Carla Ayala y por todas las que no están. Pero no quiero solo esperar, las mujeres somos más de 50% de la población, no es posible que nuestras vidas significan tan poco para el Estado. Es hora de exigir más, de enojarnos y de organizarnos, para que ninguna mujer tenga que morir por razón de género, y que ninguna madre tenga que luchar por justicia. Porque la justicia es un derecho humano.
Quisiera que la audiencia del viernes sea tan importante como la elecciones, que toda la ciudadanía esté pendiente de que haya justicia, que todas las mujeres cerremos fila y no permitamos que ningún feminicida quede libre.
Porque no pueden acabar con nuestras vidas y continuar con la suya, libres, en su finca patriarcal. #JusticiaParaJocelynAbarca.