Foto tomada de redes sociales del Comité Local de Cuisnahuat
Por Reina Ponce
La emergencia por COVID-19 ha puesto evidencia las desigualdades existentes en la población salvadoreña sobre todo en las zonas rurales donde las medidas tienen un impacto diferente a las zonas urbanas.
“Ya con el caso confirmado en el caserío Los Montes la alcaldía ha estado aumentando medidas; por ocho días ha decretado ley seca y cierre de algunas tienditas. También el cerco sanitario que está en este momento”, comenta Rosa Elías.
La noche del viernes 17 de abril el gobierno confirmó 13 nuevos casos positivos por COVID-19 en El Salvador, entre ellos un caso del municipio de Cuisnahuat ubicado en el departamento de Sonsonate donde reside Rosa.
A partir de su conocimiento, la alcaldía tomó otras medidas en el lugar. El Comité Local de Cuisnahut a través de redes sociales dio a conocer las restricciones a implementar en el municipio. Entre ellas el cierre el paso a personas que no pertenezcan a la localidad, ley seca y que los proveedores que abastecen los negocios solo podrán hacerlo los días viernes.
También se suspendió el transporte público ante lo cual la empresa EMDICAR de S.A. de C.V. publicó en redes sociales que el servicio estará disponible hasta el día lunes 27 por el cerco sanitario instalado en el lugar.
El viernes el presidente, Nayid Bukele, ordenó al ministro de defensa, Francis Merino, instalar un cerco sanitario en el Puerto de La Libertad. Al siguiente día, el mandatario a través de su cuenta de Twitter autorizó a las 262 alcaldías a establecer “medidas de control de circulación adicionales” a las ya decretadas.
Los impactos de estas medidas y sobre todo los cercos sanitarios afectan la movilización de las mujeres, pues son ellas quienes principalmente se desplazan a comprar alimentos y están pendientes de las necesidades de sus hogares, asegura Rosa.
“Nos afecta como mujeres porque han cerrado las tienditas y aquí en el campo tenemos que ir a las tienditas para comprar productos para la comida, tenemos que ir al molino a hacer la masa para echar las tortillas y nos han dicho que nos quedemos en casa”.
Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2018, en el área rural un 30.0% de hogares se encuentran en pobreza, el 7.1% está en pobreza extrema y el 22.9% en pobreza relativa, y son precisamente estas zonas las más vulnerables en crisis como la del COVID-19.
Muchas personas en el municipio de Cuisnahuat están teniendo dificultades para adquirir de alimentos, ya que hay de una a dos tiendas por cada caserío, que durante estos días están abiertas de 7 de mañana a 1 de la tarde. Las y los dueños de estas tiendas tienen que ir a Sonsonate para abastecerlas y así las personas puedan comprar lo que necesitan, pero solo están saliendo un día por semana de acuerdo a las restricciones del lugar.
Los cercos sanitarios se instalaron en varias municipalidades como San Julián, zona aledaña a Cuisnahuat donde pasan autobuses del lugar. “Las personas que viajen en dichas unidades del transporte público (de Cuisnahuat) no podrán hacer ninguna estación en San Julián, es decir, que tendrán que salir directamente del municipio hacia su destino” comunicó la alcaldía de San Julián en redes sociales.
El ministro de defensa, Francis Merino y el ministro de salud, Francisco Alabi, fueron citados esta semana por la Fiscalía General de la República para explicar sobre los cordones sanitarios, como el instalado en el Puerto de La Libertad, sin embargo ninguno se presentó a la institución.
#COVID19SV | En relación a diligencia programada para este día con el Ministro de Defensa, la @FGR_SV ha recibido una solicitud para que esta pueda ser reprogramada.
El funcionario se ha puesto a la disposición de la @FGR_SV. Los fiscales reprogramarán dicho trámite.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 22, 2020
#COVID19SV | ⚠️En vista de la no comparecencia del Ministro de Salud a la diligencia establecida por la @FGR_SV, se levanta acta estableciendo su ausencia y se cita para una nueva fecha.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 23, 2020
Rosa relata que es preocupante la situación que atraviesa la población “con los alimentos aquí en mi caserío tenemos maíz, frijol pero tenemos personas enfermas que necesitan medicamentos. Tenemos que salir a las tienditas a comprar arroz, azúcar, café pero si las tiendas no tienen cómo podemos hacer nosotras”.
El procurador para la defensa de los derechos humanos hizo un llamado al presidente, Nayid Bukele, de abstenerse de emitir órdenes que pongan en riesgo el aprovisionamiento de alimentos por parte de la población “pues, ello puede afectar la salud y vida por falta de alimentación y entonces no se morirá por contagio de COVID-19 sino por hambre” expresó en un comunicado.
“También están violentando los derechos. El hecho que algunas que vivimos lejos de las tiendas y no podemos llegar al lugar o nos encuentran en la calle nos pueden llevar o sancionarnos porque no usamos mascarilla” señala Rosa.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registra 581 denuncias por violaciones a los derechos humanos del 21 de marzo al 20 de abril.
Las restricciones a la movilidad repercuten en aspectos como la siembra en esta época del año, el no salir a sembrar puede representar pérdidas. Las y los agricultores de Cuisnahuat no quieren salir a sembrar por temor a ser llevados a cuarentena.
La Salsa de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una serie de resoluciones el 15 de abril, donde haciendo alusión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que los Estados deben “Garantizar que no se realizan detenciones arbitrarias durante la vigencia de estado de emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial, de conformidad con los estándares”.
“Las mujeres también hacen sus huertos pero tienen miedo salir a sembrar su producto porque las pueden agarrar. Hay mujeres que cultivan a la par de pozos, otras cultivan en su casa y tienen que acarrear agua. Nos dicen que no salgamos pero como haremos para acceder al agua. Tenemos que salir a los pozos. Algunos policías y soldados andan en los ríos” afirma Rosa.
La Sala entre las medidas cautelares estableció “El Presidente de la República y las autoridades de la Policía Nacional Civil tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan al cuarentena domiciliaria, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que establezca dicha medida con todos los requisitos enunciados”.
Sin embargo, el mandatario dijo que no acataría dichas resoluciones, por lo que las autoridades llevan a centros de cuarentena a quienes circulen sin justificación. Hasta la fecha, la plataforma oficial sobre la situación nacional del COVID-19 muestra que 2,220 personas han sido detenidas supuestamente por violar la cuarentena.
La pandemia también ha evidenciado esta recarga del trabajo del cuidado. De acuerdo a la EHPM de 2018 las mujeres representan la población mayoritaria en El Salvador con el 52.9%, y son ellas las que más tareas realizan en los hogares.
“Es complicado porque tenemos doble trabajo” comente Rosa. Ella asegura que se encargan de las tareas del hogar, de preparar los alimentos, también de estar al cuidado de hijas e hijos y su educación, pues debido a la suspensión de clases las familias con niñas y niños pequeños tienen que ayudarles con las tareas “les dan doble trabajo en la casa”, señala.
Asimismo, Rosa menciona que la educación en línea implica otros gastos “todos los maestros están enviando las tareas por redes sociales y nosotros no poseemos mucha señal. Tenemos que salir a buscar la señal incluso cruzarnos la calle para buscar lugares donde hay señal. Hay que comprar el internet que no está en nuestro presupuesto y algunas tenemos que hacerlo porque ahí están enviando las tareas a los hijos”.