En la primera sesión de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia se archivaron cuatro iniciativas de ley, entre ellas, la Ley de Justicia Transicional, que busca garantizar justicia y reparación a víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.
Por. Eugenia Olán
Bajo el argumento de ser expedientes que no están acordes a las exigencias de la nueva comisión, el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, y con unanimidad de votos de la fracción oficialista, se archivó la propuesta de la Ley de Justicia Transicional, en la primera sesión e instalación de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.
Sin embargo, no es la primera vez que una propuesta de ley de reparación a víctimas del conflicto armado es ignorada por el oficialismo. En febrero de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, la cual fue vetada por el presidente Nayib Bukele.
En el informe denominado “De la Locura a la Esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador”, de la Comisión de la Verdad para El Salvador, creada por los Acuerdos de Paz, se reconoció que las víctimas y sus familiares tenían derecho a un resarcimiento moral y material, a conocer la verdad y a esclarecer e investigar los graves hechos de vulneración de derechos humanos.
Ante la reducción de 20 a 8 comisiones de trabajo en la Asamblea Legislativa, se heredan expedientes de dictámenes, propuestas y reformas de ley. En octubre de 2021, la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica, elaboraron el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado de El Salvador, que tiene como pilares la verdad, justicia, reparación, memoria histórica y garantías de no repetición. Con ello, buscan que el Estado brinde una reparación integral a las víctimas del conflicto armado y que investigue las graves vulneraciones de derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.
Al respecto, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, quién incorporó en 2021 a proceso de discusión parlamentaria la propuesta de ley, lamentó que la Comisión negará el estudio y análisis para darle una respuesta a las víctimas. “Desde la incorporación de la pieza, la Asamblea tuvo tres años para cumplir la sentencia de 2016 que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y que ordenó legislar en favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Claramente, al enviar al archivo la propuesta de la Ley de Justicia Transicional, la bancada mayoritaria confiesa su fracaso en poder dar respuesta a una deuda tan sentida por la sociedad salvadoreña”, dijo.
Sobre esta decisión, se han pronunciado diferentes organizaciones como el Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI), entre otras, quienes consideran que, para este régimen, las víctimas de violaciones a Derechos Humanos no han tenido ni tendrán “vigencia”.
“A comienzos de 2022, fingieron impulsar un proceso para aprobar la normativa ordenada en dicha sentencia y lo presumieron ante el tribunal regional (CIDH) en noviembre de 2023. Ahora salen con esta aberración, alegando que el expediente perdió “vigencia”. Eso los desnuda. Nadie se había atrevido a tanta y tan descarada sinceridad y desvergüenza. (…) No nos queda más que ampliar y fortalecer nuestra organización para continuar luchando contra la impunidad y sus promotores, hasta hacer realidad las palabras de nuestro pastor, profeta y mártir. ‘Queremos ser la voz de los que no tienen voz’”, expresan en su comunicado.
Otras de las iniciativas enviadas a archivo por parte de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia son: la Ley sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la propuesta de Ley de Creación de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Sobre esta última propuesta, representantes de la Asociación Pro-Búsqueda que ha trabajado en dos de las propuestas de ley archivadas, expresaron su preocupación por las decisiones tomadas, ya que en el caso de la Ley de Creación de Búsquedas de Personas Desaparecidas, pretendía establecer un mecanismo que vincule a las instituciones garantes de seguridad para que se agilizará el proceso de búsqueda de personas y un marco normativo que permitiría superar ciertas prácticas que todavía se constituyen en estigmatización y en el no reconocimiento de los hechos.
“Es irresponsable considerar que ya no son de actualidad temas como la desaparición forzada, valorar que una ley de justicia transicional, que una ley que responda a las necesidades de víctimas de desaparición en el país en diferentes contextos no sea necesaria, ni sea vigente, cuando sabemos por décadas que El Salvador registra casos de desaparición y vulneración en derechos desde la guerra, postguerra y a causa del accionar delincuencial e incluso que involucran a elementos de seguridad del Estado”, mencionaron.
Ante la impunidad de los casos, Pro-Búsqueda hace un llamado a los legisladores para tomar en consideración mandar al archivo los expedientes de propuestas de leyes que pueden generar una respuesta a la sociedad salvadoreña.
Las nuevas comisiones de la legislatura 2024-2027
La ahora Comisión Niñez e Integración Social absorbió, desde el pasado 1 de mayo, las comisiones de la Mujer e Igualdad de Género, Familia, Educación y Cultura. Esta nueva comisión hereda los expedientes y reformas de las anteriores y estará conformada por 13 legisladores; 12 de Nuevas Ideas y 1 de PDC.
La nueva comisión sesionó por primera vez y su coordinación estuvo a cargo del diputado Raúl Chamagua de Nuevas Ideas, quién al momento de la elección de la nueva Junta Directiva propuso como presidenta a Suecy Callejas, como secretaria a Lorena Fuentes y relator a Ruben Escobar, que por unanimidad fueron electos.
Algunos legisladores integrantes de la comisión mencionaron su compromiso y el trabajo realizado en las comisiones anteriores tanto en Familia como en Educación. En esta ronda de intervenciones sobre el trabajo realizado en la legislatura anterior, la gran ausente fue la comisión de la Mujer e Igualdad de Género, pese a que la diputada Lorena Fuentes fue secretaria en dicho espacio.
Suecy Callejas, presidenta electa para la comisión, sostuvo que los temas de legislación de mujer y juventud no desaparecerán. Sin embargo, estas dos comisiones cerraron la legislación 2021-2024 sin expedientes pendientes. El pasado mes de febrero, la Comisión de la Mujer cumplió un año sin emitir dictámenes a favor de los derechos de las mujeres y las niñas.
Ante la reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa y la reducción de comisiones, la diputada Claudia Ortiz mencionó que la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género debía mantenerse ya que pertenece a la triada legislativa que está conformada por el Grupo Parlamentario de Mujeres y la Unidad de Género.
“Una comisión de la mujer es importante porque desde ahí se puede trabajar propuestas para la protección de los derechos de las mujeres en temas como protección contra la violencia, autonomía económica y participación en la política. Todo esto tiene que tener una visión especializada”.
La representante de VAMOS también mencionó que aunque no tenga una participación con voto en la nueva comisión, buscará tener una participación “con voz” en las comisiones para la protección de las mujeres y poblaciones en vulnerabilidad.
Otra de las nuevas comisiones que sesionó fue la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, conformada por 11 legisladores; 10 de Nuevas Ideas y 1 de VAMOS. En esta comisión, la junta directiva está representada en totalidad por Nuevas Ideas y será presidida por Rodrigo Ayala, la secretaria a cargo del diputado William Soriano y la encargada de la relatoría, la diputada Dania Gonzales.
Durante la instalación, la diputada Claudia Ortiz hizo su postulación para la presidencia de la comisión, con el objetivo de generar un equilibrio de poderes e igualdad en la integración de las comisiones. Sin embargo, los diputados oficialistas se negaron a votar por la propuesta, por lo cual, la diputada mencionó que se estaba incumpliendo y violentando el artículo 40 del reglamento de la Asamblea Legislativa.