Feministas se pronuncian ante fallo de la Cámara de lo Penal sobre caso de Magistrado

Fotografía tomada de internet

 

Por: Karen Moreno

Diferentes movimientos de mujeres hicieron un llamado a las instituciones a pronunciarse sobre el caso del Magistrado Jaime Escalante, quien fue acusado de agredir sexualmente a una niña.

Organizaciones de mujeres se pronuncian ante el fallo de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, a favor del Magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Escalante, quien, según la Fiscalía General de la República (FGR), el 18 de febrero de este año, tocó los genitales de una niña que jugaba en la residencial Altavista II.

Edith Elizondo, del Movimiento de Mujeres “Mélida Amaya Montes” (Las Mélidas), expresa que la resolución de la audiencia preliminar, en la que no se atribuyó “delito”, sino una “falta” a los supuestos hechos cometidos, “es la máxima expresión de violencia a las mujeres y sobre todo de la violencia del Estado sobre los cuerpos de las mujeres, las niñas y los niños.”

La acusación presentada por FGR contra Escalante fue por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, tipificado en el Código Penal de El Salvador, en el Artículo 161, el cual contempla un castigo de 8 a doce años de cárcel. Sin embargo, la Cámara resolvió de acuerdo al numeral 4 del Artículo 392, en la que se sanciona con diez a treinta días de multa “el que aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por las calles o lugares públicos, realizare tocamientos impúdicos”.

Así, la Cámara trasladó el caso a un Juzgado de Paz. Para Elizondo, dicha resolución es alarmante, sobretodo porque marca precedentes en lo judicial y en el imaginario de los hombres. También hizo un llamado al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) y a otras instituciones garantes de los derechos de los niños y niñas a pronunciarse sobre el caso.

Asimismo, Morena Herrera, de la Colectiva Feminista, asegura que la forma en la que proceden las instituciones “se constituye en un mensaje hacia la sociedad, y es hacia los hombres, de que las agresiones sexuales contra las niñas no constituyen delito, constituyen simples faltas que no merecen ser sancionadas”. Además, hizo un llamado a población salvadoreña a expresar rechazo a dicha consideración por parte de la Cámara que pone en entredicho la interpretación de todo el sistema judicial.

Por su parte, Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), analiza que en la decisión se acepta implícitamente el carácter sexual en la conducta, pero se considera que solo la penetración es un acto grave de violencia sexual.

“Cuando se minimiza esta conducta y la transitamos a una falta de tocamientos impúdicos, en realidad lo que estamos haciendo es favoreciendo la impunidad, y diciendo que, si bien tienen una regulación y pueden tener una condena, es una multa, pero además le dice a la ciudadanía que el caso de las faltas se puede gozar del perdón judicial”, aclara Juárez.

La contestación del abogado defensor de Escalante, Luis Peña, ante la acusación fue que “el tocamiento no pone en riesgo la intimidad o libertad sexual de la persona, porque es instantáneo.” Sin embargo, en el marco conceptual de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belém Do Pará, se contempla todo aquello que amenace el desarrollo libre de una persona que tomará decisiones sobre su vida sexual en el futuro, explica Juárez.

Asimismo, la defensora considera importante situar el caso en el contexto actual de la violencia contra la mujer en El Salvador. Según datos tomados del Observatorio de Violencia de ORMUSA, 822 casos de violencia sexual fueron registrados de enero a abril de 2019 por el Instituto de Medicina Legal (IML). Por edad, el 79% de víctimas son menores de 19 años.

Keyla Cáceres, de la Red Nacional de Colectivas Juveniles Feministas, concluye que la Cámara de lo Penal, deja en claro que el sistema judicial no está hecho para las niñas, adolescentes y mujeres del país, sino para intereses económicos y políticos y el poder patriarcal.