Durante una conferencia de prensa, el presidente Nayib Bukele anunció un plan para liberar anticipadamente al 50 % de las personas presas por colaborar con pandillas y generó cuestionamientos de COFAPPES y MOVIR. Ambas organizaciones advierten sobre la falta de claridad en los criterios de selección y exigen que los casos de personas que denuncian detenciones arbitrarias sean resueltos mediante procesos judiciales que garanticen el debido proceso.
Por. Redacción
El presidente Nayib Bukele anunció el martes 13 de octubre que el Gobierno contempla una liberación anticipada y condicional para cerca del 50% de las personas encarceladas por colaborar con pandillas. La propuesta se conoció durante una conferencia de prensa en la que se le consultó sobre la revisión de casos de personas detenidas durante el régimen de excepción y el equipo que su hermano, Ibrajim Bukele, había mencionado meses atrás.
“Tenemos un plan que beneficiaría al 50 % de los presos que han colaborado con pandillas, con una liberación anticipada”
Según explicó, las personas beneficiadas estarían sujetas a condiciones y monitoreo, sin que la medida implique reconocer su inocencia.
Para justificar la propuesta, Bukele planteó que debe distinguirse entre los distintos grados de colaboración con las estructuras criminales. Como ejemplo, mencionó a una persona que alertara sobre la llegada de la PNC en las zonas y sostuvo que, aunque esa conducta constituye una colaboración delictiva, debía valorarse el nivel de responsabilidad.
Sin embargo, el mandatario no especificó cuáles serían los requisitos para acceder a la medida, cómo se determinaría quiénes cumplen las condiciones ni cuándo comenzaría a aplicarse. Tampoco detalló el procedimiento legal que permitiría concretar las liberaciones.
Durante la conferencia de prensa del 13 de octubre, una periodista cuestionó al presidente Nayib Bukele sobre la comisión que revisaría casos de personas detenidas bajo el régimen de excepción. Aunque se solicitó en varias ocasiones la inscripción para participar en la ronda de preguntas, no se dio espacio para realizarla.
Una revisión de casos sin detalles públicos
La discusión sobre la revisión de los expedientes no es nueva. En abril de 2026, Ibrajim Bukele publicó en su cuenta de X información sobre un equipo que, según indicó, examinaba casos de personas detenidas arbitrariamente y de fallecimientos bajo custodia estatal.
En esas publicaciones mencionó la participación de instituciones como la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Dirección General de Centros Penales, así como de personal vinculado al despacho de la primera dama. Sin embargo, no hizo públicos los nombres de quienes integraban el equipo ni precisó el marco jurídico bajo el cual desarrollaba su trabajo.
Tomado del a red social X de Ibrajim Bukele
Al ser cuestionado sobre ese antecedente, Nayib Bukele negó que su hermano tuviera algún cargo o participación en una comisión. En lugar de detallar el funcionamiento del equipo, expuso la posibilidad de establecer un mecanismo de liberación anticipada para personas a quienes el Gobierno atribuye colaboración con pandillas.
Sus declaraciones no precisaron si el equipo mencionado por Ibrajim Bukele continúa trabajando ni si tiene alguna relación con el plan anunciado. Tampoco quedó establecido cómo se articularía una eventual revisión de expedientes con las decisiones de los tribunales o qué mecanismos tendrían las personas detenidas y sus familias para solicitar que sus casos sean examinados.
Libertad y reparación para las víctimas
Las declaraciones generaron cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre la falta de información pública sobre los procesos judiciales.
Lourdes Palacios, representante de Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador COFAPPES, cuestionó que el presidente planteara beneficiar a un porcentaje de la población encarcelada sin explicar la base de esa cifra ni los criterios para determinar quiénes podrían salir.
“La revisión de los casos debe realizarse mediante el sistema judicial, con participación de la defensa y garantías para que cada persona pueda demostrar su inocencia. Una decisión basada en un porcentaje o en los criterios de una comisión, sin procedimientos públicos y claramente establecidos, puede dejar a personas en prisión sin una valoración individual de sus expedientes”, mencionó
En diciembre de 2024 COFAPPES y otras organizaciones llevaron a Casa Presidencial listados de personas que ya contaban con cartas de libertad, pero que continuaban encarceladas. También mencionó casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Palacios señaló que estos antecedentes deben tomarse en cuenta al evaluar el anuncio presidencial, pues, según su denuncia, existen expedientes documentados que no han obtenido una respuesta efectiva.
Además, cuestionó las demoras en las audiencias judiciales y las dificultades para garantizar el acceso a la justicia de las personas detenidas.
El Movimiento de Víctimas del Las organizaciones han solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador que declare inconstitucional la medida de régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 por iniciativa del Gobierno del presidente Nayib Bukele, y con ello que acabe su implementación.
Bajo esa misma línea, El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) también se pronunció sobre el anuncio presidencial y pidió diferenciar la liberación anticipada de personas condenadas o consideradas responsables de delitos de la libertad que reclaman las familias de quienes denuncian detenciones arbitrarias.
En su pronunciamiento, la organización reconoció que las personas encarceladas pueden encontrarse en situaciones diferentes: desde quienes han cometido delitos graves hasta quienes pudieron colaborar bajo amenazas y quienes, según sus familias, no tienen vínculos con pandillas.
MOVIR aclaró que no exige una liberación indiscriminada ni defiende la impunidad. Su demanda es que cada caso se investigue con rigor y que nadie permanezca encarcelado por una acusación que el Estado no pueda demostrar.
«La libertad de una persona inocente no debe presentarse como un beneficio penitenciario ni depender de que el Gobierno decida concederle clemencia», señalan en su pronunciamiento en redes sociales.
A su juicio, el anuncio de una posible liberación anticipada no responde por sí solo a las denuncias de capturas arbitrarias ni sustituye la obligación de garantizar procesos judiciales con pruebas y derecho a la defensa.
MOVIR ha presentado más de 700 recursos de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, además de brindar asesoría legal y acompañamiento a familiares ante instituciones estatales. También ha documentado denuncias de capturas arbitrarias y ha solicitado información sobre las condiciones de salud y las muertes de personas privadas de libertad.
Las posturas de COFAPPES y MOVIR coinciden en la necesidad de distinguir entre una medida que permita reducir el tiempo de encarcelamiento de personas consideradas responsables de colaborar con pandillas y la revisión judicial de casos en los que se denuncia la falta de pruebas o la detención de personas inocentes.
Las muertes bajo custodia y la exigencia de justicia
Las muertes de personas privadas de libertad constituyen otra de las preocupaciones planteadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos. MOVIR informa en su sitio web que ha documentado más de 350 fallecimientos en centros penitenciarios, a partir de testimonios familiares y datos de Medicina Legal.
Este 14 de octubre se difundió en redes sociales el caso de un hombre originario de Puerto El Triunfo que murió bajo custodia del Estado. Según la publicación fue detenido en el marco del régimen de excepción, estuvo cuatro años y cinco meses detenido mientras permanecía recluido en el centro penal de Quezaltepeque.
Sobre la responsabilidad del Estado en estos casos, la representante de COFAPPES, sostiene que las familias de las personas fallecidas también tienen derecho a obtener justicia y que deben investigarse las circunstancias de las muertes ocurridas en prisión.
Para las organizaciones, recuperar la libertad no basta para reparar todas las consecuencias de una detención arbitraria. En los casos en que se alegan capturas injustas, exigen que la situación jurídica de cada persona se resuelva mediante procesos judiciales con garantías, que permitan determinar su responsabilidad o inocencia y, cuando corresponda, reparar los daños ocasionados.
Asimismo, las organizaciones han dicho que las muertes bajo custodia estatal requieren investigaciones que esclarezcan las circunstancias y permitan establecer responsabilidades.
El plan anunciado por Bukele aún deja interrogantes sobre los criterios para seleccionar a las personas beneficiarias, las instituciones y los procedimientos que intervendrán en la revisión de los expedientes, así como las condiciones de la liberación anticipada y el monitoreo posterior.
