Julia Evelyn Martínez
El proyecto de presupuesto general de El Salvador para 2027 asciende a US$12.421 millones, un 17,7 % más que el aprobado para 2026. El aumento puede parecer una buena noticia, pero un presupuesto mayor no garantiza por sí solo agua, alimentos, salud ni cuidados.Para saber si mejorará la vida de quienes necesitan apoyo y de quienes lo brindan, es necesario examinar tres asuntos: cuánto se destina realmente a los cuidados, si la respuesta presupuestaria corresponde a la crisis climática y si los recursos podrán convertirse en servicios efectivos.
Desde la economía feminista, los cuidados son las tareas que hacen posible la vida diaria: preparar alimentos, mantener la higiene, atender enfermedades y acompañar a quienes necesitan apoyo. Incluyen servicios pagados y trabajo no remunerado en los hogares. Cuando faltan servicios públicos, las familias cubren esa ausencia con dinero, tiempo y esfuerzo. Esa carga recae sobre todo en las mujeres y limita sus oportunidades de estudiar, obtener ingresos, descansar y participar en su comunidad.
Los anexos presupuestarios de ISDEMU, Salud, Agricultura y Medio Ambiente no permiten verificar que existan recursos suficientes y coordinados para aplicar la Política Nacional de Cuidados ni para responder a las cargas que agrava la crisis climática. Aunque contienen fondos relacionados con ambos temas, estos aparecen dispersos y sin un desglose que permita medir su suficiencia o su contribución a una política integral. Esta falta de trazabilidad no demuestra que no haya acciones financiadas, pero sí impide evaluarlas. El Gobierno debe publicar el costo de sus compromisos y señalar qué partidas financiarán cada acción.
Este análisis examina primero el financiamiento de la Política Nacional de Cuidados y el presupuesto de ISDEMU; después revisa las asignaciones de Salud, Agricultura y Medio Ambiente; y finalmente aborda la ejecución del gasto y las fuentes de financiamiento. El objetivo es determinar si el presupuesto articula recursos suficientes, identificables y ejecutables para sostener la vida.
La política de cuidados necesita presupuesto
El Salvador cuenta con la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados 2022-2030. Su meta es garantizar el derecho a recibir y brindar cuidados con calidad, igualdad y sin discriminación. Propone ampliar los servicios y la infraestructura, profesionalizar el trabajo de cuidados y apoyar el bienestar de quienes cuidan. ISDEMU tiene responsabilidades de coordinación técnica y operativa.
La política establece que cada institución responsable debe incluir en su presupuesto anual los recursos necesarios para cumplirla. La cooperación internacional puede apoyar este esfuerzo, pero no sustituirlo. Por eso, el Gobierno debe indicar qué actividades financiará, a cuántas personas atenderá y cómo distribuirá los recursos entre instituciones y territorios. Una partida de nombre amplio puede incluir acciones de cuidados, pero es necesario saber cuánto dinero se destina realmente a ellas.
Crecer Juntos contribuye a la atención de la primera infancia. Sin embargo, la política de cuidados también incluye a niñas, niños y adolescentes de 8 a 18 años; personas adultas que necesitan apoyo; y personas cuidadoras, reciban o no un salario.
El Estudio Nacional de los Cuidados de ISDEMU y OPAMSS, publicado en julio de 2025, fue exploratorio y se realizó en 34 distritos, 28 de ellos del Área Metropolitana de San Salvador. Entre las personas encuestadas, el 90 % eran mujeres, el 87 % no recibía ingresos por el trabajo de cuidados y el 89 % informó afectaciones en su bienestar físico y emocional asociadas a estas tareas.
ISDEMU mantiene un presupuesto limitado
El anexo oficial de ISDEMU, propone US$7.250.952 para 2027: exactamente la misma cantidad aprobada para 2026. Además, son US$4.353.730 menos que los US$11.604.682 aprobados en 2024, una reducción nominal del 37,5 %. Esta caída debe analizarse junto con las funciones, la cobertura y el personal que ISDEMU necesita para garantizar derechos. Si los precios suben, mantener la misma asignación también reduce lo que la institución puede comprar y hacer.
Para 2027, el presupuesto asigna US$1.738.867 a Dirección y Administración Institucional y US$5.512.085 a Gestión para el Desarrollo Integral de las Mujeres. Esta segunda unidad distribuye US$573.745 para políticas públicas sobre derechos de las mujeres; US$1.185.220 para atención especializada; US$3.703.120 para autonomía y empoderamiento; y US$50.000 para cumplir la sentencia del caso El Mozote.
En este anexo no aparece una partida específica para la Política Nacional de Cuidados. Esto no significa que no exista ninguna acción de cuidados dentro de otras partidas generales, pero impide saber cuánto dinero se destina a la política. Sin un desglose, no es posible conocer los recursos disponibles para coordinarla, ampliar servicios o apoyar a quienes cuidan.
ISDEMU no concentra todo el financiamiento de los cuidados. La política reparte responsabilidades entre varias instituciones, por lo que su presupuesto no representa todo el gasto nacional en esta materia. Aun así, ofrece una señal importante: la institución que debe ayudar a coordinar la política tiene recursos limitados y no presenta una partida que permita dar seguimiento específico al gasto en cuidados.
La autonomía económica de las mujeres también depende de los cuidados. Una capacitación o un proyecto productivo puede abrir oportunidades, pero será menos útil si una mujer debe atender sola a una persona que necesita apoyo. Los servicios de cuidados, el acceso al agua y el transporte adecuado son condiciones necesarias para aprovechar esas oportunidades. Deben recibir fondos públicos y no depender del trabajo sin pago de otra mujer.
La salud de las mujeres requiere recursos y atención integral
El proyecto de Salud para 2027 mantiene partidas dirigidas a las mujeres, pero sus cambios deben examinarse junto con los servicios que permitirán prestar. El presupuesto total del Ministerio de Salud pasaría de US$1.345.468.319 aprobados para 2026 a US$1.493.139.321 propuestos para 2027, un aumento nominal del 10,98 %. Ese incremento general no se distribuye de la misma manera entre los programas. La comparación distingue asignaciones aprobadas y propuestas; ninguna de las dos demuestra cuánto se ejecutará ni cuántas mujeres recibirán atención.
El subtotal de estas partidas disminuiría un 7,04 %, principalmente por los US$2.564.760 menos en la transferencia al Hospital de la Mujer. Ciudad Mujer recibiría US$51.375 adicionales, mientras El Nido y el apoyo a mujeres con VIH conservarían sus montos. Esta comparación permite identificar cambios concretos, pero no representa todo el gasto sanitario que beneficia a las mujeres ni permite concluir por sí sola cuánto cambiará la atención que recibirán.
Para evaluar la reducción de la transferencia hospitalaria también hay que considerar la nueva línea general de US$148.816.017 para adquisición de biológicos y compras conjuntas de medicamentos, insumos, reactivos, oxígeno y servicios médicos. El anexo no separa cuánto corresponderá a la atención de mujeres. El Gobierno debe explicar cómo distribuirá esos recursos y cómo garantizará el abastecimiento y la continuidad de los servicios del Hospital de la Mujer. La evaluación debe considerar tanto su asignación directa como los apoyos que recibirá mediante compras centralizadas.
Hay otras líneas que reúnen salud materna y atención a la niñez. Sus montos son relevantes para la sostenibilidad de la vida, aunque el presupuesto no desglosa cuánto se destina exclusivamente a mujeres. Dentro de Creciendo Saludables Juntos, la promoción del capital humano para niñas, niños y sus madres crecería apenas un 0,53 %, mientras la modernización de servicios maternoinfantiles disminuiría un 68,55 %. El calendario de las obras y los desembolsos del préstamo puede influir en estas variaciones; por eso deben explicarse sus efectos sobre las actividades, la cobertura y la calidad de la atención.
Además, el proyecto de 2027 presenta una línea separada de US$32.260.800 para fortalecer la Política para la Primera Infancia, cuyo propósito incluye salud maternoinfantil. No aparece como línea independiente en el anexo aprobado para 2026. Su incorporación debe acompañarse de metas y de una distribución clara de recursos entre las poblaciones atendidas. Este monto está incluido en la unidad de Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia; no debe contarse dos veces al sumar el presupuesto de esa unidad.
Desde la economía feminista, estas asignaciones deben evaluarse frente a las necesidades de las mujeres durante toda la vida, incluyendo a quienes realizan trabajo de cuidados. En el estudio de ISDEMU y OPAMSS, el 27 % de las personas consultadas reportó enfermedades crónicas y el 89 % informó afectaciones físicas y emocionales asociadas a cuidar. Las atenciones de maternidad son necesarias, pero la respuesta también debe cubrir prevención, enfermedades crónicas, atención a mujeres con VIH, rehabilitación y apoyo psicológico. Ciudad Mujer puede contribuir a esta atención integral; para evaluarla necesitamos conocer su cobertura, los servicios disponibles y las necesidades que siguen pendientes.
El presupuesto de Salud debe articularse con servicios de relevo y apoyos en el hogar y la comunidad que permitan a las cuidadoras descansar y disponer de tiempo propio. Atender sus afectaciones físicas y emocionales mientras persiste la sobrecarga deja sin resolver uno de los problemas que el diagnóstico identifica. El financiamiento de la Política Nacional de Cuidados debe reducir esa carga y garantizar el derecho de las mujeres a recibir cuidados, además de reconocer el trabajo que realizan para sostener la vida.
Sin agua ni alimentos no hay cuidados
El debate presupuestario ocurre en medio de riesgos que ya exigen respuesta. El 7 de octubre de 2026, la Asamblea Legislativa declaró por seis meses una emergencia nacional debido a la sequía meteorológica y agrícola asociada a El Niño. Al día siguiente, la Organización Meteorológica Mundial informó que había una probabilidad cercana al 100 % de que El Niño continuara hasta febrero de 2027. Esto no significa que exista un 100 % de probabilidad de sequía en cada territorio salvadoreño ni durante todo el año. Sí exige preparación y seguimiento de los pronósticos locales.
La falta de agua obliga a dedicar más tiempo a conseguirla y dificulta cocinar, lavar y mantener la higiene. Las pérdidas agrícolas pueden reducir los ingresos y volver los alimentos más caros o escasos. El calor también puede aumentar las necesidades de atención. Estos problemas afectan a hogares que ya sostienen los cuidados con pocos apoyos. La crisis climática aumenta sus tareas y puede agravar tanto la falta de ingresos como la falta de tiempo.
Los anexos oficiales muestran una diferencia preocupante. Mientras el presupuesto general crecería un 17,7 %, el de Agricultura aumentaría apenas un 0,16 % y el de Medio Ambiente, un 7,45 %. Además, ambos ministerios tendrían recortes en partidas relacionadas directamente con los riesgos climáticos.
La partida de Seguridad Hídrica del MARN perdería US$82.453, es decir, un 15,6 %. En cambio, el Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales pasaría de US$1.645.610 a US$2.276.135, un aumento del 38,3 %. Vigilar las amenazas es necesario, pero también se necesitan recursos para proteger el agua y atender a la población. El Gobierno debe explicar cómo mantendrá las funciones de seguridad hídrica con menos dinero.
En Agricultura, el programa para fortalecer la resistencia de los bosques cafetaleros ante el cambio climático bajaría de US$10 millones a US$2.194.300, una reducción del 78,1 %. El calendario del préstamo podría explicar parte del cambio, pero el Gobierno debe aclarar cómo afectará las actividades y sus resultados. Además, apoyar al café no cubre las necesidades de todos los cultivos alimentarios ni de todos los hogares rurales. El plan contra la sequía debe incluir distintas actividades productivas y a las familias que no poseen tierra.
El presupuesto del MARN no incluye todo el gasto climático, ni el de Agricultura reúne todo el financiamiento relacionado con los alimentos. También participan las instituciones responsables del agua, la salud y la protección civil. Por eso, el Gobierno debe publicar un cuadro conjunto que muestre los recursos, los territorios atendidos y los costos de la respuesta, sin contar dos veces las mismas transferencias. Los recortes señalados no permiten calcular por sí solos cuánto dinero falta en todo el país, pero sí ponen en duda la coherencia de las prioridades ante riesgos ya reconocidos.
Aprobar recursos no basta: deben convertirse en servicios
No basta con aprobar recursos: también deben utilizarse bien. El informe oficial de cierre de 2025 registra un presupuesto de US$200 millones para la unidad Crecer y Aprender Juntos, pero solo se ejecutaron US$30,5 millones, equivalentes al 15,3 %. En cambio, educación básica ejecutó el 100 % de sus fondos y educación parvularia, el 99,9 %.
Este caso muestra que una asignación escrita no garantiza que el servicio llegue a la población. Sin embargo, una baja ejecución no siempre equivale a un recorte deliberado: puede deberse a problemas de gestión, compras, desembolsos o calendarios de obras. Es necesario investigar las causas y corregirlas. Las familias deben saber cuándo recibirán el servicio y qué apoyo tendrán mientras una obra o un programa siga pendiente.
Un sistema de cuidados necesita infraestructura, pero también personal con salario, insumos, mantenimiento y servicios continuos. Estos gastos diarios sostienen la atención y no deben considerarse automáticamente improductivos. La evaluación debe comprobar si las personas reciben atención oportuna y digna, y si quienes cuidan recuperan tiempo. El porcentaje de ejecución es importante, pero por sí solo no muestra cuántas personas reciben el servicio ni su calidad.
La justicia fiscal debe sostener la vida
La justicia fiscal une dos preguntas: quién aporta dinero al Estado y quién se beneficia del gasto público. Una política de cuidados requiere que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan más y que el presupuesto reduzca las desigualdades. Los impuestos al consumo pesan más sobre los hogares que destinan casi todos sus ingresos a necesidades básicas. También debe considerarse la distribución desigual del trabajo no remunerado.
CEPAL y ONU Mujeres proponen obtener más recursos mediante impuestos más progresivos, combatir la evasión y revisar los beneficios tributarios según sus efectos económicos y sociales. Invertir en cuidados puede crear empleo formal y facilitar que más mujeres accedan a trabajos remunerados, lo que también puede aumentar los ingresos públicos. Estos beneficios deben estudiarse en El Salvador, sin copiar automáticamente cálculos de otros países. La cooperación internacional puede apoyar los servicios, pero una obligación permanente necesita financiamiento público estable.
El pago de la deuda pública reduce el dinero disponible para otras necesidades. El proyecto destina US$2.846,9 millones a la deuda en 2027, equivalentes al 22,9 % del gasto total. Son US$413,3 millones más que en el presupuesto aprobado para 2026, un aumento del 17 %. Sin embargo, la deuda representaría una proporción ligeramente menor del presupuesto total porque este crecería más rápido. Es importante distinguir entre el aumento en dólares y el peso de la deuda dentro del presupuesto.
El debate fiscal debe aclarar cómo se protegerán los servicios esenciales y qué cambios en los ingresos permitirán ampliarlos. Reducir el gasto público trasladando necesidades a las familias no elimina los costos: aumenta el trabajo no remunerado, los gastos del hogar y la pérdida de ingresos. Estos efectos deben tomarse en cuenta al evaluar el presupuesto. Cuidar a las personas también exige proteger las fuentes de agua y los bienes comunes de los que depende su bienestar.
Qué debe exigirse antes de aprobar el presupuesto
Antes de aprobar el presupuesto, debemos exigir a la Asamblea Legislativa un plan de financiamiento para la Política Nacional de Cuidados con costos definidos para 2027. El plan debe fijar metas de cobertura y calidad, así como reducir la carga de trabajo de quienes cuidan. Cada institución responsable debe informar cuánto dinero recibirá y qué actividades financiará. También debe incluir servicios de relevo, atención en la comunidad y en el hogar, apoyos para la autonomía y condiciones laborales dignas para el personal de cuidados. Su ampliación debe contar con una ruta de financiamiento hasta 2030.
La respuesta climática necesita recursos disponibles para garantizar agua segura, producción y acceso a alimentos, prevención en salud y continuidad de los cuidados durante las emergencias. Debe incluir a las familias sin tierra, los hogares con bajos ingresos y las personas que necesitan apoyos específicos. El acceso debe garantizarse sin discriminación para las distintas formas de familia, las personas LGBTIQ+, las comunidades rurales, los pueblos originarios y la población afrodescendiente. Las organizaciones de mujeres y las personas usuarias deben participar en el diseño y la vigilancia de estas medidas.
Durante la ejecución, el Gobierno debe publicar cuánto asigna, modifica, compromete y paga, qué servicios presta y por qué se produce cualquier recorte o retraso. Esta exigencia responde a los hallazgos del análisis: ISDEMU no identifica una partida específica para la Política Nacional de Cuidados; varias asignaciones vinculadas con la salud de las mujeres disminuyen; y existen recortes en líneas relacionadas con la seguridad hídrica y la resiliencia climática. La credibilidad del presupuesto dependerá de que sea posible seguir el dinero hasta los servicios y sus resultados. Las familias, y especialmente las mujeres, no pueden continuar cubriendo con trabajo no remunerado la distancia entre una promesa pública y la atención que realmente reciben. El presupuesto 2027 debe asumir esa responsabilidad con recursos identificables, ejecución oportuna y resultados verificables.