Foto/FGR
Juzgado Especializado de Sentencia para una vida libre de violencia condenó a 9 y absolvió a 4 de los 13 que se encontraban vincualdos al feminicidio de la agente Carla Ayala, sin embargo el sistema no justicia no resarce los daños hacia la familia ni la condena es satisfactoria consideran organizaciones y abogado querellante.
Ayer la jueza del Juzgado Especializado de Sentencia para una vida libre de violencia de San Salvador emitió el fallo contra los 13 vinculado en el feminicidio de la Carla Ayala, juicio donde se condenó a seis ex agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de incumplimiento de deberes e incumplimiento de deberes y feminicidio agravado en comisión por omisión.
En dicha audiencia también se condenaron a tres civiles. Sin embargo fueron absueltos 4 personas, entre ellas el ex jefe del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Julio César Flores Castro.
«No compatimos la absolución del señor Julio César Flores Castro, él era el jefe del GRP, él estaba en las intalaciones, giró ódenes y en ningún momento las supervisó estas órdenes. Consideranos que esto podría no haber sucedido si el señor Flores Castro hubiera bajado y ver que el supuesto operativo que se tenía que hacer no se realizó. En este sentido no estamos de acuerdo en esta parte y seguramente en su momento presentaremos recurso de apelación» afirmaó el abogadado querellante del Idhuca, Arnau Baulenas.
Video/Reina Ponce.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres e afirman que existió violencia institucional por parte de la PNC y que la condena no resarce los daños del feminicidio de la agente Carla Ayala.
De acuerdo al artículo 10 de la Ley Integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV), una de las modalidades de violencia es la violencia institcional que es toda acción u omisión por parte de cualquier servidor público que tenga como fin obstaculizar o impedir el disfrute de los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres
Para Silvia Juárez, coordinadora del Programa por una vida libre de violencia para las mujeres de Ormusa la resolución emitida deja dos mensajes, uno sobre la impunidad y otro respecto a la resolución 1325.
La agente Carla Ayala fue asesinada la madrugada del 29 de diciembre de 2017 tras asistir a una fiesta del extinto GRP y luego desaparecida. Su cuerpo fue encontrado hasta septiembre de 2018 en el caserío Los Ríos del cantón Los Hornos de San Francisco Javier, Usulután.
Baulenas, dijo “el fallo confirma que los días 28 y 29 de diciembre de 2017 importó todo menos la vida de Carla”.
Condenan a 9 de las 13 personas procesadas en el caso de Carla Ayala. El fallo confirma que los días 28 y 29 dic 17 importó todo menos la vida de Carla y que los miembros del GRP no quisieron capturar a Samurai. La @PNCSV queda obligada a reparar el daño moral a la familia. 1/2
— ARNAU BAULENAS (@ABAULENAS) October 28, 2020
La abogada de Las Mélidas, Karen Rivas, considera que la condena no resarce los daños que se le causó a Carla y su familia.
Presunto feminicida sigue prófugo
La LEIV establece prisión de 30 a 50 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado si el que lo realiza es un funcionario o empleado público o municipal, autoridad pública o agente de autoridad. Sin embargo, a casi tres años del feminicidio de Carla el principal sospechoso y considera feminicida, el ex agente Juan José Castillo Arévalo alias «Samurai», sigue prófugo, por lo que su juicio es una de las deudas de la justicia con la familia de Carla.
Baulenas afirmó existe violencia contra la mujer dentro de la institución policial y que además queda una deuda con Carla que es la captura “Samurai”.
“Algo que nosotros sostuvimos es que no importó la vida de Carla, importó más donde estaba el carro patrulla, donde está “Samurai” y hubo una invisibilización” de la vida de Carla en ese momento, añadió.
El caso de Carla es un ejemplo de la violencia que sufren las agentes policiales dentro de la corporación. No es un caso aislado ni un evento esporádico. Estamos ante una situación de violencia institucional. Ojalá el @Director_PNC cumpla con la sentencia y pida perdón! 2/2
— ARNAU BAULENAS (@ABAULENAS) October 28, 2020
La persona que ejecutó el feminicidió, el ex agente Juan José Castillo Arévalo “Samurai” tiene la calidad de “rebelde” dijo el Director contra la corrupción e impunidad, Hermán Arriaza.
Video/Reina Ponce.
Responsabilidad civil ronda los 24 mil dólares
La responsabilidad civil de los condenado suman los 14 mil dólares y de la PNC es de 10 mil dólares. La institución policial está obligada a brindar asistencia psicológica a los familiares de Carla, deberá otorgar becas de estudio a los hijos de Carla según explicó el abogado Baulenas. “Consideramos que debía de haber una responsabilidad civil mayor”.
Condenas:
➡️Pablo Antonio Estrada Villalobos, 8 años de prisión;
➡️Ovidio Antonio Pacheco Morales y Wilfredo Deras Hernández, condenados a 7 años;
➡️Juan Antonio Linares Flores, Josué Antonio Pérez Pineda y Alex Obdulio Lopez Martínez, recibieron la pena de 4 años.— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 28, 2020
Además fueron condenados tres civiles: Josué Isaac Castillo Arévalo por el delito de encubrimiento; Edgardo Anfonso Chavarría a 3 años por el delito de encubrimiento y José atilio Jiménez Quintanilla a seis meses de cárcel por el delito de encubrimiento.
Durante el juicio se absolvieron a dos civiles: Víctor David Castillo Campos y Edwin Isaac Esquivel Chávez. También fue absuelto uno de los ex agentes de la PNC, Salvador Enrique Chávez y el ex jefe del extinto Grupo de Reacción Policial, Julio Flores Castro.
El artículo 321 del Código Penal dice que será sancionado de cuatro a seis años de cárcel el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que «ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función».
«Evidentemente hay una insatisfacción por los hechos que se les han imputado, probablemente hubo una investigación débil o no muy fundamentada para determinar y lograr individualizar la participación de cada uno de los sospechos. No obstante en el caso del ex jefe del GRP, obviamente existían suficientes elementos para sancionar o culparlo y no absolverlo» dice Rivas.
A pesar que la responsabilidad civil de la PNC asciende a 10 mil dólares y está obligada a tener medidas de reparación con los hijos de Carla quedó claro que hubo violencia simbólica dentro de la corporación policial externó el abogado querellante. Foto/Reina Ponce.
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