COVID-19 en El Salvador: ausencias del Estado en materia de Derechos Humanos

Foto/Cortesía

Por Sara García

La pandemia del COVID-19 ha colocado al centro las ausencias del Estado salvadoreño, las violaciones de derechos humanos y su accionar autoritario. Vivimos en un país que no considera el agua como derecho humano, donde el sistema de salud es precario, un país donde la violencia sexual, embarazos impuestos, feminicidios, crímenes de odio son la cotidianidad, porque la justicia es patriarcal y la impunidad es el común denominador; donde las tareas del cuidado son invisibilizadas e impuestas a las mujeres y niñas. Un país que se ha caracterizado por su constante y creciente militarización.

En este contexto, sale a flote la vulnerabilidad que habita nuestros cuerpos, una crisis que impacta de manera diferenciada debido al machismo, racismo, xenofobia y el capitalismo. Siguiendo a Judith Butler, en su artículo “El capitalismo tiene sus límites”, afirma que el virus en sí mismo no discrimina, pero las opresiones y desigualdades del sistema hacen que los impactos y afectaciones del mismo difieran en relación al cuerpo e historia que lo habita, las consecuencias sociales, sanitarias y económicas serán más profundas en cuerpos feminizados, en cuerpos disidentes, en aquellos cuerpos y vidas que al sistema no le importan.

Las medidas impuestas en esta crisis sanitaria desde una lógica autoritaria y militarista son parte de algunas estrategias impulsadas por un presidente que ha comedido aberraciones políticas como las del #9F, fue una amenaza armada al incipiente sistema democrático salvadoreño, un atentado a la memoria de las grandes mayorías que vivieron el conflicto armado y siguen sin obtener justicia. Fue una involución hacia el militarismo y las armas para imponer su voluntad.

Durante esta crisis generada por el COVID-19 se han tomado medidas que vulneran derechos fundamentales. Hemos visto la precariedad y trato desigual de algunos albergues y centros de contención. Además, se han registrado detenciones que podrían considerarse arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales en el marco de la cuarentena obligatoria. Estas medidas punitivas no pueden ser la respuesta ante un problema de salud pública.

También es notoria la falta de acceso a la información, lo escasas que son las vías para transmitir los mensajes oficiales, los obstáculos que imponen a la prensa local, la falta de claridad y transparencia sobre el uso de los recursos. Son graves las denuncias públicas en redes sociales realizadas por personal médico sobre la falta de equipo idóneo para prevenir contagio. Es preocupante, la situación que enfrentan las personas privadas de libertad, que ante las medidas de cuarentena obligatoria, se está limitando el acceso insumos de primera necesidad. Además, el hacinamiento y precariedad en la que viven son muestras de un sistema que ejerce tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Es necesario poner en evidencia, que en este escenario, los derechos humanos están en riesgo de retroceder, específicamente, los derechos sexuales y derechos reproductivos, esto lo plantea el informe técnico sobre covid-19 realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas el cual establece que los recursos para los servicios de salud sexual y reproductiva pueden desviarse con el propósito de hacer frente al brote. Esta situación se traducirá en un aumento en la mortalidad materna y neonatal, un incremento en las necesidades insatisfechas de planificación familiar y un aumento en el número de abortos en condiciones de riesgo e infecciones de transmisión sexual.

Las ausencias específicas en materia de salud sexual y reproductiva, tales como, la penalización absoluta del aborto, criminalización injusta a mujeres por emergencias obstétricas, la no garantía de educación integral en sexualidad, violencia sexual y embarazos impuestos son realidades que impactan en el cuerpo de las mujeres y los cuerpos con capacidad de gestar. Lamentablemente, estas ausencias en el marco de una crisis de salud pública provocada por la pandemia, profundizará las violencias y desigualdades sociales. ¿Qué pasará con las mujeres y niñas que están en casa con sus agresores? ¿Qué pasará ante la realidad de niñas y mujeres que necesitan salir a trabajar y están expuestas a andar por unas calles con alta presencia militar y policial? ¿Qué pasará con las mujeres que enfrenten emergencias obstétricas y abortos espontáneos ?

En ese sentido, es fundamental que las medidas que implemente el Estado, se articulen con el gremio científico de El Salvador. Se deben generar condiciones para el diálogo y construcción colectiva en donde la sociedad civil debe ser escuchada. Las medidas que impulsen deben tener enfoque de género y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Queda claro que el presupuesto general de la nación debe invertir más en salud que en armas; necesitamos más personal médico. Es necesario construir discursos que no difundan miedo, odio y pánico, con información parcial y ambigua, invisibilizando la realidad que enfrentamos las mujeres y las disidencia sexuales. La epidemia no puede opacar otras problemáticas que ya existían en el país debido a que estas serán acentuadas y se profundizarán en esta crisis.

Por tanto, en este contexto es imperante ser críticas ante las medidas tomadas por el gobierno actual, ser voces disidentes frente al autoritarismo, posicionar argumentos con enfoque de derechos humanos desde la realidad concreta que enfrentamos como defensoras. También es fundamental hacer audibles las voces de las personas que enfrentan la interseccionalidad de las opresiones, no puede ser que en una sociedad democrática prime el pensamiento único y monolítico. Aún no sabemos de manera certera, los impactos de esta pandemia en la vida y salud de la ciudadanía. Sin embargo, es necesario estar vigilantes de los retrocesos que puedan existir. El cambio en nuestra cotidianidad nos tiene que llevar a construir más organización y fortalecer los lazos de solidaridad y sororidad. 

Sara García es activista feminista, psicóloga y magister en Derechos Humanos. También es integrante de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto.

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