Por: Fátima Cruz
Fotografías: Marielos Perez/ David Ramirez
Organizaciones de derechos humanos y el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador se reunieron en la Plaza Gerardo Barrios, para demandar a los diferentes órganos del Estado generar acciones concretas para abordar la urgente problemática de desapariciones. Frente a Catedral Metropolitana, se colocaron fotografías, velas y flores al centro de la plaza que evidencian parte de los casos a los que aún no se les ha dado respuesta.
Esta acción se realiza en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, de acuerdo con la resolución 65/2009 de Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador, expuso que “la desaparición de personas en El Salvador ha sido una práctica de terror social utilizada por actores estatales y no estatales desde antes del conflicto armado hasta nuestros días. Muchas de las desapariciones ocurridas en el pasado como las presentes están en la impunidad miles de familiares han mantenido una lucha constante en algunos casos por décadas.” Asimismo, afirman que, a pesar de todos los esfuerzos que han realizado como organizaciones, los gobiernos continúan sin asumir de forma responsable las obligaciones constitucionales e internacionales que les corresponden.
Las organizaciones consideran necesario que el Estado, y en particular las instituciones de justicia, se comprometa a localizar a las personas desaparecidas, investiguen, sancionen a los perpetradores y reparen integralmente los daños causados por este crimen.
Expresan que las familias, integradas en su mayoría por mujeres, han desarrollado sus propias estrategias de búsqueda, a veces poniendo en riesgo su vida e integridad. También, mientras buscan a sus familiares han enfrentado desidia Estatal, extorsiones, violencia sexual, amenazas, estigmatización y manipulación de su casua. Por ello, declaran que el Estado se mantiene indolente, ha negando recursos para que las instituciones correspondientes desarrollen las tareas de búsqueda y de asistencia humanitaria que las víctimas necesitan en momentos de angustia y han difundido zozobra a través de narrativas que invisibilizan la verdadera dimensión de la desaparición de las personas, imponiendo barreras para el acceso a la justicia entre otras prácticas revimizantes.
A esto suman que las poblaciones en situación de vulnerabilidad enfrentan esta realidad con mayor dificultad, ya que deben desafiar patrones culturales y de conducta social como el patriarcado, el militarismo o el autoritarismo que imponen en el ideario colectivo la normalización de la discriminación y la violencia.
Las organizaciones demandan al Órgano Ejecutivo colocar el tema de la desaparición de personas en su agenda de trabajo, evitar narrativas que invisibilizan el fenómeno y estigmatizan a las personas que buscan, asignar recursos necesarios para que las instituciones responsables den con el paradero de las personas y para investigar estos delitos como la Fiscalía General de la República, y que Policía Nacional Civil ejerza plenamente sus atribuciones y atiendan las demandas de las víctimas. Además, solicitan instalar una mesa interinstitucional del más alto nivel, con carácter vinculante para que, en comunicación y coordinación con familiares y organizaciones de derechos humanos, se encargue de levantar un riesgo de personas desaparecidas y un banco de ADN (información genética) que contribuya con la localización ágil de las personas desaparecidas.
Al Órgano Legislativo, Órgano Judicial y a las instituciones del Ministerio Público, demandan que, el primero, inicie un proceso de diálogo con víctimas organizaciones de derechos humanos, personas nacionales e internacionales expertas en el tema y que este culmine con la aprobación de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que incluya elementos para la prevención investigación justicia reparación integral y garantía de no repetición; al segundo, que los tribunales de justicia actúen diligentemente y con transparencia en las investigaciones correspondientes, que se apliquen sanciones adecuadas a los perpetradores de estos crímenes, que la Fiscalía realice investigaciones ágiles, profesionales y diligentes que permitan la participación activa de las familias y que garanticen una perspectiva de Derechos Humanos. Asimismo, piden a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que asuma su rol como garante de estos, atender a las víctimas y organizaciones sociales y resuelva sobre la responsabilidad por acción u omisión de las y los funcionarios vinculados con mandatos en este tema.