Su defensa denuncia una detención arbitraria y advierte que la nueva captura la separa de su hijo de cuatro años.
Por. Redacción
El martes 25 de agosto, Mónica se dirigió junto a su madre a un Duicentro en Sonsonate para renovar su documento de identidad. Sin embargo, Mónica no pudo concluir el trámite porque fue capturada y acusada de pertenecer a una estructura delincuencial. Los delitos que la Policía Nacional Civil (PNC) le atribuye son los mismos por los que ya estuvo detenida cuando era menor de edad, en 2017. En ese momento, Monica cumplió su condena y es uno de los casos más ejemplificantes de los procesos de reinserción, de acuerdo con su abogado y su familia.
Para el abogado defensor, Oswaldo Feusier, quien además ha acompañado el proceso de reinserción de Mónica, este caso constituye una ilegalidad y contraviene la Constitución de la República. A su juicio, detener nuevamente a personas que ya cumplieron una pena y concluyeron sus procesos de resocialización responde a una política orientada a fabricar estadísticas y sostener una determinada política o apariencia de resultados.
Feusier señala que la captura se basa en antecedentes que debían ser confidenciales, porque cuando ella fue procesada era menor de edad y cumplió condena en jurisdicción de menores. Además, el artículo 30 de la Ley Penal Juvenil prohibe a la PNC llevar antecedentes sobre los delitos atribuidos a menores, exceptuando casos que determine la Fiscalía General de la República o el juez competente.
Sin embargo, el testimonio brindado por la madre, quien estaba con ella en el momento de la captura, constata que no había ninguna orden de captura en su contra.
«Le dijeron a ella que no tenía orden de captura, porque incluso ella había sacado antecedentes penales, solvencia de policía y le había salido limpio todo, le dijeron que era solamente porque el DUI le aparecía en rojo», explicó.
El mismo artículo, establece que el registro será confidencial y no se utilizará en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicada la misma persona.
La PNC publicó en X la captura, donde la acusan de ser compañera de vida de un palabrero y de tener antecedentes delictivos por agrupaciones ilícitas, limitación ilegal a la libre circulación y resistencia. Datos que son desmetidos por la familia. «Su esposo es un hombre trabajador. Trabaja en una gasolinera, nunca ha estado detenido y goza de su libertad. Da mucha rabia como la sacan en esas noticias, todo eso es calumnia».
Mónica, un ejemplo de reinserción
Mónica fue capturada en 2017, cuando aún era menor de edad. Su madre sostiene que aquella primera detención también estuvo precedida por una situación de violencia y coerción por parte de las pandillas.
Según cuenta, Mónica fue obligada a tomarse una fotografía bajo amenazas de muerte contra ella y su familia. Esa imagen, explica, fue posteriormente utilizada en su contra.
“A ella la obligaron a tomarse esa foto. Le dijeron que la iban a matar a ella y a la familia. De ahí fue que empezó todo, hasta el día de hoy, toda esa situación”, dice.
Mónica fue sentenciada a cinco años en jurisdicción de menores, pero salió antes por buena conducta. Solo estuvo adentro dos años y medio. «Le pusieron 5 años, pero por buena conducta y ver que las cosas no eran así, las fueron conociendo que todo lo que le ponían era mentira».
Al salir, lo primero que hizo fue terminar su bachillerato. Estudió hasta segundo año general; se casó y tiene un hijo de cuatro años con su pareja. El abogado defensor comenta que el caso de Mónica es un buen ejemplo de resinserción al ser una joven que se ha integrado en su comunidad, siendo incluso parte de una ADESCO.
Además, participó en programas de reinserción importantes como la Orquesta de Cuerdas y en programas de organizaciones, aportando a su comunidad.
«Mónica viene de un proceso de resocialización y de readaptación exitoso. Parece increíble y grave que a la fecha se le vuelva a detener alegando los mismos antecedentes por circunstancias de cuando ella era una menor de edad y que ya debería de haber pagado esa deuda con el Estado, sobre todo cuando ella es madre de un menor de edad».
Foto: cortesía
Mónica, el sostén de su familia
“Ella ha trabajado en gasolineras, en tiendas y hasta en el Super Selectos; no le hacía el feo al trabajo”, comenta su madre.
Mónica es la mayor de tres hermanos. Tiene a su cargo a su hijo de cuatro años y a su hermana menor, que actualmente tiene 14 años. Su nueva detención la separa de su hijo y deja a su familia asumiendo los cuidados y los aportes económicos que ella suplía, mientras permanece privada de libertad.
Para el abogado defensor, este caso también plantea una vulneración de los derechos de la niñez. “¿Qué va a pasar con su hijo? ¿Se quedará sin su madre? ¿Cuánto tiempo? ¿Los dos, tres o cuatro años que va a durar la tramitación del régimen? ¿Y quién va a velar por sus derechos?”, cuestiona.
Diferentes informes de organismos nacionales e internacionales han advertido sobre la violación a derechos de la niñez en el marco del régimen de excepción, señalando la necesidad de mantener y garantizar el interés superior del niño en el marco de procesos de caracter administrativo como son las detenciones.
Cristosal, en su cuarto informe sobre Violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, ha señalado que, cuando una madre o un padre es privado de libertad en el marco del régimen de excepción, el Estado debe adoptar medidas para evitar, en la medida de lo posible, la separación de niñas, niños y adolescentes de sus familias.
La organización plantea que las autoridades deben privilegiar medidas de protección que no impliquen separar a madres y padres de sus hijas e hijos, así como brindar apoyo a las familias cuando la privación de libertad haga inevitable esa separación.
«El niño pregunta por su su mamá, y nosotros ¿qué le decimos?”, expresa la madre de Mónica, quien además espera que las autoridades verifiquen la información y dejen en libertad a su hija.
«Lo único que pido es justicia para mi hija y que ya basta de tanta difamación, de ponerle cosas que no son, porque todos somos humanos y todas estas personas que están haciendo eso creo que tienen familia, y yo como madre que estoy pasando este dolor, pues tampoco les deseo mal porque es duro. Es duro tener a alguien y que lo acusen de algo que no es».
El dolor, afirma, se extiende a toda la comunidad que pide justicia. “En la comunidad dicen que es una gran injusticia porque ellos la conocieron, que ella es una buena persona, colaboradora; incluso la jefa donde ella trabaja está con el corazón destrozado porque me dice: ‘Qué injusticia, (…) de mis trabajadores, es un gran elemento. Es una persona bien portada, bien dinámica, para ella no había tristeza’”.
Una de las acciones que más daño ha hecho a la familia son las publicaciones de distintas páginas que, citando la información brindada por la PNC en redes sociales, aseguran que Mónica es criminal, sin investigar y fabricando imágenes con inteligencia artificial.
“Lo que está pasando con mi hija le pasa a muchas personas más inocentes, que solamente porque las han obligado a hacer cosas que tal vez ellas no querían. Pero ellos, como autoridades, tienen que hacer su trabajo, pero tienen que hacerlo cabal, como es; no andar poniéndole cosas a las personas que no son. Como decimos, hay que buscar pruebas”, afirma su madre
El pasado miércoles 26 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga al régimen de excepción. Ernesto Castro, presidente del órgano legislativo, acompañó la publicación de la información con estas palabras: “Agradezco a Dios por permitirme ver los cambios que vive El Salvador. La paz de las familias. La seguridad de niños y jóvenes. La tranquilidad de las familias. No volveremos jamás al pasado de luto al que nos tuvieron sometidos. Siempre votaremos para proteger la vida de los salvadoreños”.
Mientras, la familia de Mónica espera su libertad, por segunda vez, en una captura que se realizó según su abogado sin pruebas, violando la Constitución y que la mantiene separada de su hijo de cuatro años.
