A más de un mes que Nayib Bukele asumió su segundo mandato en el gobierno salvadoreño -de forma inconstitucional-, aún se desconoce quiénes serán las y los titulares de los diferentes ministerios, autónomas y secretarías gubernamentales. Al no realizarse una nueva juramentación de las y los titulares -incluyendo quienes se mantengan en el cargo- se estaría violando algunos artículos de la Constitución de la República y la Ley de Procedimientos Administrativos, afirman abogados.
Por. Eugenia Olán
Luego del acto de investidura de Nayib Bukele, se esperaba la juramentación de nuevos titulares para los ministerios. No fue hasta el miércoles 05 de junio, que el mandatario anunciaba a través de redes sociales, el nombramiento de Rodrigo Ayala, actual diputado de la Asamblea Legislativa, como nuevo presidente de la Agencia de Promoción de Inversión y Exportaciones de El Salvador (INVEST).
Asimismo, Adolfo Muñoz fue nombrado como Secretario Jurídico de la Presidencia, anteriormente se desempeñaba como asesor jurídico de la vicepresidencia y fue parte del equipo ad hoc para elaborar el proyecto de reforma a la Constitución junto a Felix Ulloa.
Muñoz sustituirá a Conan Castro, quien en julio de 2021 fue incluido en la Lista Engel. El reporte dice que Castro “socavó procesos o instituciones democráticas al ayudar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General” el pasado 1 de mayo de 2021, cuando tomó posesión la Legislatura 2021-2024 que contaba con una mayoría oficialista. En una segunda publicación, en diciembre de 2022, mencionan al ex secretario jurídico de la Presidencia como “responsable o cómplice de, o han participado directa o indirectamente en corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales o soborno”.
Luego de los nombramientos, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia informó que los demás funcionarios y funcionarias continuarán en sus cargos hasta nuevo aviso y que los cambios se realizarán de forma gradual.
En el Diario Oficial del 07 de junio de 2024, fueron publicados los acuerdos del Órgano Legislativo, que dentro de ellos se encuentra el permiso sin goce de sueldo por tiempo indefinido al diputado Rodrigo Ayala luego de su nombramiento. Además, se hizo una modificación en la integración de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en la cual por sustitución del diputado, fue juramentada como Segunda Vicepresidenta, la diputada oficialista Alexia Rivas.
Ese mismo día, se anunció el nombramiento de Luis Eduardo Rodriguez como nuevo director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). Durante el gobierno de Bukele, se desempeñó como comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos de la Presidencia y fue designado como director país por El Salvador en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) hasta julio de 2023, y fue sustituido por el ex Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
El Manual de Organización y Funciones de la OPAMSS, establece que su director debe ser Arquitecto de profesión, con estudios de planificación urbana y regional. Además, conocimientos de topografía y conocimientos en Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
En el sumario de publicaciones del Diario Oficial entre el 20 de mayo y 21 de junio de 2024, no se encuentran los acuerdos de juramentación del Presidente Nayib Bukele a los nuevos miembros para su gabinete de trabajo.
Funcionarios sin juramentar estarían violando la constitución
Para el abogado Jonathan Sisco, las y los funcionarios que se mantienen en sus cargos deben ser juramentados nuevamente. “Están desempeñando sus cargos de facto, deben ser juramentados pese a que se mantengan en su cargo. así lo establece el artículo 235 de la Constitución, luego de la protesta constitucional toman posesión del cargo y ahí se da la investidura, un procedimiento formal previo a que ejerzan el cargo”, explicó.
En cuanto a la legalidad de las acciones de las y los funcionarios al mantenerse en su cargo de facto, los acuerdos o decretos que sean suscritos por ellos tienen efectos jurídicos tanto en lo legal como en la eficacia, según la doctrina del derecho administrativo.
Además, infringe la Ley de Procedimientos Administrativos que establece requisitos en el artículo 22, literal “A” sobre la competencia e investidura del órgano competente, que se refiere a la validez y eficacia de las actuaciones de la administración pública, que es aplicable al órgano ejecutivo y sus dependencias. En otras palabras: Si no se realiza juramentación de los nuevos funcionarios de gobierno o los que permanecen en las carteras para la nueva administración, sus decisiones podrían ser consideradas inválidas por la falta de legalidad, según el art. 22 de la ley.
