Revista La Brújula reconoce la lucha ecofeminista y el poder que tienen las mujeres para organizarse, defender los derechos humanos y la protección de la riqueza ecológica de El Salvador.
En esta nota compartimos el recorrido de la lucha ecofeminista durante el 2023.
Por Ana Gómez
Las organizaciones ecofeministas, ambientalistas y mujeres defensoras, han liderado luchas para proteger los territorios, el agua, bienes culturales y naturales, realizando plantones, marchas y encuentros para compartir saberes, fortalecer al movimiento y continuar en la lucha por la sostenibilidad de la vida.
Contra la minería metálica en El Salvador
En enero de 2023, habitantes de la comunidad de Santa Marta en Morazán denunciaron la captura de cinco líderes comunitarios, defensores del agua y territorio, que se oponían a una posible reactivación de la minería metálica en El Salvador. La comunidad continúa en la lucha por su liberación.
La minería metálica genera un gran impacto ambiental. En el caso de El Salvador y Guatemala la Mina Cerro Blanco, en las fronteras de estos países, es una problemática que organizaciones ecofeministas señalan como urgente, debido a que el impacto ambiental y la grave contaminación perjudicará a la comunidad Asunción Mita y al Lago de Güija.
A un año de haber realizado la consulta sobre el proyecto minero, en la cual habitantes de Asunción Mita dijeron “NO” a la Mina Cerro Blanco, las organizaciones solicitan que las autoridades de Guatemala y El Salvador entablen un diálogo y tomen medidas para garantizar el derecho humano al agua.
Lideresas de pueblos indígenas en la protección de sitios sagrados
Las mujeres han encabezado la lucha para evitar la construcción de una octava represa hidroeléctrica en el Río Sensunapán, considerado un bien natural, que provee a las comunidades de Sisimitepec y Pushtan con agua, saberes ancestrales, riqueza animal y vegetal.
En febrero de este año, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de San Salvador finalizó las medidas cautelares que protegieron por 20 meses al patrimonio cultural y al Río Sensunapán. El proceso de demanda se envió a archivo, lo que manifestó una falta de voluntad en la protección de la población indígena y su patrimonio.
El Estado salvadoreño posee una deuda histórica con la población indígena. En octubre, representantes de organizaciones de pueblos indígenas hicieron el llamado para coordinar, ejecutar el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas, declarar los sitios sagrados como bien cultural y tomar medidas para detener la crisis ambiental provocada por proyectos de explotación de hidroeléctricas, deforestaciones, agrotóxicos que están causando la desaparición de la identidad cultural de las poblaciones originarias e indígenas.
Defensoras del Cerrito de Quezaltepeque
En el mes de abril, las organizaciones ecofeministas y ambientalistas acompañaron a las lideresas y líderes de las comunidades afectadas por la explotación del Cerrito de Quezaltepeque, en la que cinco empresas están extrayendo material pétreo, que es utilizado en insumos para la construcción; el daño causado es irreparable.
Las defensoras del Cerrito iniciaron un proceso judicial para detener la extracción y en julio de 2023 el Juzgado ambiental de San Salvador dictaminó medidas cautelares por tres meses, además del estudio sobre los permisos ambientales por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Ministerio de Economía.
Este avance por la justicia del Cerrito de Quezaltepeque impulsó a que el movimiento ecofeminista solicitara ante el Juzgado Ambiental de San Salvador el cierre definitivo de las empresas extractivistas para que lo declaren un ecoparque, y de esta manera rescatar lo poco que queda de biodiversidad, vida silvestre, fauna, flora, además de frenar la afectación al suelo y agua.
Mujeres que promueven la soberanía alimentaria
Mujeres lideresas de diferentes comunidades del país han trabajado en iniciativas agroecológicas como la construcción de sus propios huertos ante el panorama del coste de la canasta básica, crisis climática y autonomía económica.
La Unidad Ecológica Salvadoreña, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz y la Asociación de Mujeres Jóvenes Feministas Ameyalli han promovido que las mujeres agricultoras practiquen una producción libre de tóxicos, ya sea para su consumo o para la venta de semillas, verduras, frutas y pesca.
Sin embargo, existen limitantes para realizar esta producción, como la doble jornada, por ser mujeres y cuidadoras del hogar, y no tener un terreno propio para cultivar, quedando excluidas de programas de apoyo para agricultoras. Las organizaciones señalaron que el responsable de crear una legislación para promover la soberanía alimentaria y detener la crisis alimentaria y climática, es el Estado.
Información sobre proyectos de agua en reserva
Este año finaliza con la reserva de información sobre proyectos de agua. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) reservó la información sobre la potabilización de agua del Lago de Ilopango, la construcción de pozos en San Juan Opico y en el complejo Valle El Ángel.
Ante este escenario, habitantes de diferentes comunidades en compañía del Foro de Agua exigieron que se garantice el derecho al acceso y a la información sobre los proyectos que podrían perjudicar la salud, la biodiversidad, el acceso y calidad del agua.
Para las organizaciones es importante que ANDA informe sobre el proceso de potabilización del agua, ya que el Lago de Ilopango contiene materiales pesados que son contaminantes y dañinos para la salud.