Los precios salvadoreños son los segundos más caros de Centroamérica, según las organizaciones. En medio de esta crisis, afirman que las mujeres, uno de los grupos más impactados, son quienes buscan alternativas, haciendo resistencia en los territorios.
Por: Fátima Cruz
La Mesa por La Soberanía Alimentaria (MpSA) denunció que el mes de julio del presente año, cerró con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) más cara de la historia, tanto en el área rural como urbana. Esto expone al país a una creciente crisis alimentaria. Los precios salvadoreños son los segundos más altos del CA-4 solo por detrás de Nicaragua.
Según las organizaciones, estos datos también se reflejan en la información de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) del Banco Central de reserva (BCR), los cuales indican que El Salvador cerró julio del 2023 con la CBA más cara de su historia tanto en el área rural como urbana: alcanzando los $193.98 ($5.9 dólares más que en junio 2023) para el área rural, mientras que para el área urbana los precios son de $255.36 ($4.59 más que junio 2023).
Un caso que destacan es el grano de frijol, que igualó su marca más alta registrada en el 2014, cuyos precios por menor rondan actualmente entre los $1.40 hasta los $1.70 por libra en algunas zonas del oriente del país. Mencionan que los alimentos más afectados con los incrementos de precios en los años 2019 a 2023 son: los frijoles reportan el 81%, pan 44%, grasas 40%, tortillas 34%, frutas 29%, leche 27%, huevos 19%, verduras 14%, carnes 12% y arroz 11%.
Las 23 organizaciones y redes a nivel nacional que conforman la Mesa, explican que 1.8 millones de salvadoreños en situación de pobreza al iniciar el año, no alcanzaron a cubrir la CBA y la CBA ampliada. Desde el inicio del año, el 29.6% de la población se encontraba en situación de pobreza total, es decir, 544 mil personas en pobreza extrema y 1.2 millones quienes no alcanzaban la canasta ampliada. Mientras que en la zona rural, 128 mil personas no lograron adquirir la CBA. Hacen énfasis en que esta situación ha empeorado a esta fecha, en que la canasta básica urbana y rural ha aumentado en $16.65 y $15.91, desde enero de este año.
La necesidad de alimentos en el país, según los datos del cálculo de la CBA, para consumo de la población es de al menos 3.5 millones de quintales de frijol y 16 millones de maíz, sin tomar en cuenta el consumo industrial y animal. Sin embargo, la Red de Sistemas de Alerta Temprana Contra la Hambruna, una red global que mide la inseguridad alimentaria a nivel mundial, prevé reducciones de al menos el 25% en la producción de subsistencia y de algunos medianos productores que no disponen de riego, es decir que la brecha entre la producción y las necesidades de país se ensanchan aún más en el 2023, lo que produce un déficit de hasta el 51% en frijol y 13% en el maíz para consumo humano.
“El gobierno ve como un negocio que la gente sienta hambre”
Sobre las acciones para abordar esta crisis, las organizaciones afirman que el gobierno apoya a grandes empresas, pero ha abandonado a la agricultura campesina nacional. Prueba de ello, expresaron, es que el 2022 cerró con 791 millones de kilogramos importados de maíz, las mayores importaciones de la historia, según datos del BCR. Lo anterior significó un gasto de 287 millones de dólares en mercados internacionales y, hasta julio del 2023, ya se habían desembolsado 173 millones de dólares en el mismo rubro.
La MpSA agregó que la apuesta gubernamental se consolida con las recientes aprobaciones de la reforma a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, y la recién aprobada Ley Integral de Comercialización Agropecuaria. La primera, permite el ingreso de alimentos a la zona francas, eximiendo a las grandes empresas del pago de impuestos y con la posibilidad de inundar el mercado nacional en detrimento de la producción nacional; la segunda, excluye a productores y productoras de la participación plena, la toma de decisiones y les relega la posibilidad de ser parte de comisiones.
Representantes de la Mesa explicaron que la Ley de Comercialización Agropecuaria no toma en cuenta al sector campesino, ya que no está contemplado que participe en el Sistema Nacional de Abastecimiento Agropecuario.
Este Sistema se limita a establecer la institucionalidad de la denominada Comisión para el Desarrollo del Comercio Agropecuario (CDCA), que podría intervenir en ecosistemas acuáticos frágiles como ríos, lagos, esteros, lagunas y también en ecosistemas terrestres, donde, al parecer, no tendrá procesos de evaluación ambiental y estará exento de solicitar permisos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales o a la Autoridad Salvadoreña del Agua, ya que la CDCA tiene potestad para determinar sus propios cánones.
Es decir, la Ley de Comercialización Agropecuaria abre la puerta para destinar tierra y recursos en producción de energía o de agrocombustibles, mientras que, cada año se ve más reducida la Producción Nacional de Alimentos.
Dicha ley fue aprobada en la plenaria del pasado 29 de agosto, con 64 votos a favor. Según las autoridades del Ministerio de Agricultura, esta legislación servirá para garantizar la seguridad alimentaria del país.
Sin embargo, las organizaciones enfatizan en que el enfoque de esta ley está del lado de la gran industria y no en la producción campesina de alimentos ni en el comercio local, por lo tanto, favorece a las grandes empresas y no a la pequeña agricultura o a la población consumidora.
Sacar de situación de hambre a miles de familias solo se logrará a través de leyes que velen por el derecho humano a la alimentación y no a las que fomente en el negocio y el lucro con los alimentos a costa del hambre. Los mismos mecanismos que han empobrecido al campesinado y a la población ahora aparecen como una solución en esta ley
La MpSA considera que aprobar una ley por encima de otras propuestas que quedaron engavetadas y sin presupuesto, es una burla para la agricultura nacional. Expresan que, actualmente, existen leyes vigentes como la Ley de Agricultura Familiar y otras dos para la creación de los Fideicomisos de Soberanía Alimentaria y del Rescate del Café. Mismas que, aseguran, no cuentan presupuesto y que ahora los recursos fortalecerán a grandes agronegocios y agroindustria, pero no a la producción campesina de alimentos.
Ante el contexto, la MpSA propone alternativas para enfrentar la crisis, entre ellas: la defensa de la tierra campesina ante las amenazas de la expropiación y el acaparamiento; retomar la propuesta de creación de una Reserva Nacional de Alimentos, construidos, consultados y respaldados por la Mesa de Soberanía Alimentaria, cooperativas campesinas, consumidores y otros espacios organizativos a nivel nacional, la cual ya fue presentada el 27 de julio del 2023 ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería;, atención inmediata a las personas en situación de hambre; incrementar salarios mínimos ajustados a la realidad actual; control de precios a los productos de la CBA aplicados a los grandes comerciantes y agroindustriales; actualizar la CBA salvadoreña, incorporando los productos que la población necesita para alimentarse.