Sandra Leticia Hernández cuenta con medidas sustitutivas y libertad provisional, pero familiares temen que esto pueda cambiar en la audiencia de revisión de medidas que se realizará hoy, miércoles 29 de julio. Sandra es, según su comunidad, otra de las víctimas del régimen de excepción, fue capturada sin ninguna prueba que la vincule a pandillas. La comunidad señala un caso de lesbofobia, pues aseguran que fue denunciada por ser lesbiana.
Por redacción
Familias de la Isla Espíritu Santo y el Centro de Intercambio de Solidaridad (CIS) solicitan mantener las medidas sustitutivas y la libertad provisional de Sandra Leticia Hernández.
El día de mañana 29 de julio se llevará a cabo una audiencia especial de revisión de medidas para Sandra Hernández en el Tribunal contra el crimen organizado en San Miguel.
El 28 de abril de 2023, ella y su pareja Eidi Roxana Claros fueron detenidas arbitrariamente por el régimen de excepción. Un mes después, Sandra obtuvo medidas sustitutivas y la libertad provisional, firmando cada 15 días en el juzgado.
La audiencia de revisión de medidas amenaza un cambio a su libertad provisional a un posible regreso a un centro penitenciario, donde no hay garantías de derechos fundamentales, acceso a la visita, comunicación con la familia, ni condiciones que aseguren su salud.
Sandra Hernandez trabaja en su mototaxi en la Isla Espíritu Santo y es madre de dos hijos. El CIS y las familias de la Isla señalan que su captura es sin fundamentos y que es a causa de una denuncia de discriminación por ser lesbiana y por la resilencia mostrada en su trabajo.
En entrevistas periodísticas, Sandra explica que modificó su motocicleta añadiendo un techo y asientos, mejorando el transporte en el embarcadero de la Isla y atrayendo mejores clientes.
“Nunca la hemos visto involucrada en acciones ilícitas y no representa una amenaza a la comunidad”, afirman las familias de la Isla y el CIS.

También, la comunidad de la Isla Espíritu Santo afirmó que nunca existieron agrupaciones ilícitas debido a la organización de la comunidad para mantener la seguridad de las familias dentro de la Isla.
La audiencia única abierta de Sandra está programada entre los días 12 y 16 de octubre de este año. Organizaciones han denunciado que este tipo de audiencias no garantizan un debido proceso o presunción de inocencia y se condenan a personas inocentes junto a criminales.
El caso de Sandra Leticia Hernández, coincide con los más de 6 mil denuncias documentadas en el régimen de excepción y que por estigmatización social son víctimas de una denuncia anónima, así lo afirmó especialista en derechos humanos.
“Representa de alguna manera un patrón de persecución, de estigmatización y discriminación. No solo a por ser mujer lesbiana, sino también por vivir en una situación de de vulnerabilidad y de discriminación económica. Nos preocupa que pueda llegar a ser detenida nuevamente, porque las condiciones de las cárceles son de alta agresión y violencia estatal”, explicó la especialista.
Las organizaciones han documentado más 150 casos de denuncias de la población LGBTI que tanto en la detención como en los centros penitenciarios han enfrenado agresiones incluyendo tortura, violencia sexual, discriminación por su orientación o identidad de género.
También, las condiciones en los centros penitenciarios no son óptimas, ya que sobrepasan más de 300% de su capacidad y no hay garantías de salud, alimentación, movilidad.
Según las organizaciones y familias de la isla, el regreso de Sandra Hernandez a los centro penitenciarios no es una opción.
Mañana 29 de julio, el Juez 1 del Tribunal contra el crimen organizado decidirá sobre el caso de Sandra Leticia, su familia y organizaciones que acompañan esperan que las medidas de libertad provisional se mantengan.