El sistema de salud público de El Salvador dejó de apostarle al primer nivel de atención que brinda cobertura a las comunidades y previene los embarazos forzados en menores de edad. Entre 2018 y 2024 hubo una reducción de al menos $256,439,371 millones para Unidades de Salud y Ecos Comunitarios en el presupuesto del Ministerio de Salud, según datos oficiales.
Loida Martínez Avelar
Una niña de entre 10 y 14 años que vive en zona rural de El Salvador tiene hoy menos probabilidades de que alguien detecte un abuso sexual a tiempo. Los Ecos Familiares, el sistema que ponía promotores de salud dentro de las comunidades, operaban con $297 millones en 2020. Cuatro años después, en 2024, ese presupuesto bajó a $2 millones.
La disminución en el presupuesto para salud en el primer nivel de atención pública ha sido significativa en los últimos cuatro años, según registros oficiales del Ministerio de Salud (MINSAL). Han quedado relegados los servicios básicos a la población como detección de abusos en el embarazo de niñas en Unidades de Salud, prevención de enfermedades comunes y atención especializada en las comunidades.
Los servicios modernos instalados y que se observan en la publicidad del Hospital Nacional Rosales no llegaron a las comunidades. Entre 2018 y 2024 existió una reducción de al menos $256,439,371 millones, según lo indican los datos oficiales en las memorias de labores del MINSAL. Ha sido progresiva la falta de apuesta para atender las campañas educativas y de prevención en salud para las comunidades del sector rural desde el 2019.
El gobierno pasó de otorgar un presupuesto de $297.7 millones en 2020 a reducir a una partida de $2 millones en 2024 en los servicios de salud de primer nivel, que son la puerta de entrada al sistema de salud porque remite los casos graves o de enfermedades crónicas a los hospitales públicos.
La reducción contrasta con los logros que ha alcanzado la salud comunitaria en los años previos y que incluso fueron plasmados en la memoria de labores del primer gobierno de Nayib Bukele, en 2020. Fueron brindadas 5,945,785 consultas y se presentó como logro la reducción del embarazo adolescente a un 24.5%.
“Las atenciones curativas de primera vez en adolescentes se incrementaron al 60% de su población total”, consigna escuetamente el documento.
La falta de servicios básicos de salud sexual y reproductiva y de tratamiento de enfermedades leves en las comunidades contrasta con la promoción de inversión y obras en los hospitales nacionales, que brindan atención de distintas especialidades médicas.
Las niñas y adolescentes salvadoreñas siguen siendo obligadas a maternar: en 2024 se registraron en promedio 21 casos diarios . De acuerdo con el Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ese año se registraron 7,900 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años.
El Salvador no ha podido alcanzar su meta de “llegar a cero embarazos” en niñas y adolescentes; sin embargo, la oficina de Naciones Unidas destaca la reducción a partir de 2015, cuando se registraba un promedio de 68 embarazos diarios y se totalizaron 24,944 casos. El período en que se reporta la reducción de embarazos coincide con el funcionamiento de los Ecos Comunitarios de Salud (Ecos Familiares) entre 2015 y 2019.
Los datos no permiten establecer una causa única, pero la coincidencia temporal es difícil de ignorar. Entre 2015 y 2019, mientras los Ecos Familiares operaban con presupuestos superiores a $250 millones anuales, los embarazos en niñas y adolescentes cayeron de 23,401 a 15,270 casos. A partir de 2022, cuando el presupuesto se desplomó a $5.85 millones, el sistema que sostenía esa reducción había dejado de existir.
Lo que ningún documento oficial explica es qué lo reemplazó. El Ministerio de Salud no ha respondido esa pregunta. Tampoco ha justificado públicamente el cierre de 60 equipos comunitarios ni los parámetros con los que tomó esa decisión. En su lugar, el aparato de comunicación gubernamental concentra su atención en los hospitales nacionales.
A los ojos de los expertos, el modelo de Ecos Familiares, impulsado por la administración de la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez, entre 2009 y 2014, acercaba los servicios de salud a los habitantes de las zonas rurales y cumplia el derecho humano a la universalidad, es decir, que tuvieran acceso en todo el territorio.
El cierre de 60 equipos comunitarios durante 2025 evita la prevención de enfermedades y las campañas de educación sexual que permitieron durante muchos años identificar casos de abusos sexuales en menores, controles de natalidad y planificación familiar. Ese es el análisis que denuncian desde hace varios meses médicos e integrantes del Foro Nacional de Salud, Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) y el Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende.
Los Ecos Familiares básicos están integrados por un médico, un auxiliar de enfermería y promotores de salud. Los Ecos Especializados contaban con especialistas como pediatras que brindaban asistencia médica en las zonas rurales.
El abuso sexual de niñas las pone en mayor riesgo de embarazo que es idenficado como no deseado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La oficina de Naciones Unidas admite que las adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer infecciones que pongan en peligro su salud al momento de convertirse en madres. Sin embargo, la organización no reconoce el embarazo de niñas y adolescentes como una condición forzada.
Para la activista feminista salvadoreña y defensora de derechos humanos, Morena Herrera, los embarazos impuestos o forzados en niñas y adolescentes siempre son expresiones de hechos violentos contra ellas. pues siempre está presente una relación de poder y de dominio por lo que se le pueden llamar “violaciones, acoso o extorsiones”.
La falta de reconocimiento al embarazo forzado o impuesto en ese segmento de edad, según Herrera, es la negación de esa relación violenta y de dominio. Además, es una forma de desconocer las agresiones en su contra.
El embarazo de niñas y adolescentes y la maternidad afecta sus proyectos de vida. La deserción escolar está estrechamente vinculada a esas situaciones. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2024, detalla que de las 47,361 niñas y adolescentes que no van a la escuela, 7,788 no lo hacen por maternidad y 2,826 por embarazos.
Las niñas y las adolescentes salvadoreñas han quedado desprotegidas sin los Ecos Familiares, explica una doctora con experiencia en el primer nivel de atención, con conocimiento directo sobre el funcionamiento de los Ecos Familiares y Casas de Espera Materna. También es especialista en la atención integral de casos de violencia de género. Prefirió no dar su nombre para proteger su integridad.
“Mediante el funcionamiento de los Ecos Familiares se podía detectar, de forma temprana, los embarazos en la adolescencia, puesto que este modelo se integraba en la comunidad. Al estar presentes en el territorio (los especialistas), conocían la realidad social, económica y cultural de su entorno”, detalló la especialista en salud comunitaria.
Los Ecos Familiares centraban su trabajo en la planificación familiar, prevención de infecciones de transmision sexual, identificacion de posibles casos de violencia sexual y controles durante el embarazo de alto riesgo en la adolescencia y remitía los casos a los hospitales públicos para que existiera un parto seguro, concluye la especialista.
Otra de las consecuencias de la desarticulación de la salud en el primer nivel de atención es la falta de participación de la comunidad en la detección de embarazos forzados.
“Como sabemos en las comunidades se puede hacer acción solidaria de las familias, de las vecinas, y ayudar a la detección temprana del embarazo forzado o impuesto, porque muchas veces estos embarazos se producen también en el contexto de vergüenza, de pena.
Las víctimas los ocultan hasta que ya está en etapas avanzadas el embarazo donde no se puede hacer otra cosa más que parir”, lamentó Herrera.
El Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende, que agrupa a trabajadores de salud salvadoreños, considera que el cierre de los Ecos Familiares atentan al derecho a la salud que tiene la población y centralizar la atención sanitaria en los hospitales es la antesala de la privatización de los servicios de salud.
“El desmontaje de la atención integral cercana a la comunidad ocasiona un aumento en enfermedades prevenibles. Los temas claves como prevención del dengue, sarampión, paludismo, embarazo en adolescente, morbilidad infantil y materna son afectados directamente”, recalcó el Movimiento Salvador Allende.
El Colegio Médico de El Salvador (COLMES), que aglutina a 2,500 especialistas de la medicina, considera que la publicitada modernización de los servicios de salud está ocurriendo a costa de sacrificar la atención primaria, que permite que los especialistas estén más cerca de la población y que permite que puedan ser resueltos sin necesidad de ir a un hospital.
“Por allí dijo un autor anónimo que ‘el mejor sistema de salud no es el que trata las enfermedades, es el que las previene’, porque ya sabemos que es más barato la prevención que el tratamiento de las enfermedades”, sentenció Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico.
La organización de especialistas hizo pública su preocupación por el “desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos” en hospitales públicos y unidades de salud.
“Advertimos que ningún hospital, por moderno que sea, resolverá las necesidades de salud de la población si continúa el desabastecimiento de medicamentos, la insuficiencia del personal y la falta de planificación en la gestión hospitalaria”, enfatizó la organización de médicos salvadoreños, en referencia a la inauguración del Hospital Nacional Rosales.
Tres años después del anuncio de la colocación de la primera piedra, el aparato de propaganda gubernamental inauguró el Rosales, el hospital más importante de El Salvador por atender más de 33 especialidades médicas. Su foco de propaganda se ha centrado en promover los servicios que brinda.
En junio de 2023, el gobierno asumió con fondos propios la construcción de ese centro médico después de renunciar a un crédito de $170 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgado en 2019, según lo reportó Voz Pública.
Durante la colocación de la primera piedra, el presidente Nayib Bukele afirmó que la inversión sería de $61.2 millones. No existe manera de verificar esa información, por la reserva gubernamental y falta de acceso a los contratos.
La falta de apuesta por la atención de salud primaria no es casualidad. A los ojos del Colegio Médico el Estado busca provocar el colapso del sistema público de salud para justificar, en un futuro cercano, la privatización de los servicios.
El Foro Nacional de Salud, una iniciativa ciudadana que apoyó la reforma de salud de la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez, en 2009, califica como una “ofensiva sobre la salud pública” la actual apuesta a los hospitales, a la aplicación de la telemedicina y el desmantelamiento del primer nivel de atención.
Para la elaboración de este reportaje se buscó la postura del Ministerio de Salud, para conocer los parámetros establecidos para el cierre de 60 Ecos familiares, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.