El Congreso de la República de Guatemala aprobó el decreto 18-2022 que agudiza las penas del aborto, impone una única forma de familia, prohíbe el matrimonio igualitario, limita los derechos y justifica y garantiza impunidad a quienes promueven discursos de odio. Además Criminaliza y patologiza la diversidad.
El 8 de marzo el congreso guatemalteco aprobó la Ley para la Protección de la Vida y la Familia. En esta se endurecen las penas referidas al aborto. El artículo 5 establece penas de 5 a 10 años a quien se práctique un aborto o consientan que otra persona se lo practique. La ley anterior establecía de 1 a 3 años.
A las personas que ayuden a realizarse un aborto bajo el consentimiento de la mujer, la nueva normativa estipula penas de 6 a 12 años de prisión. En el caso de doctores y doctoras las penas son dobles, entre 12 y 24 años.
Para Andrea María, educadora guatemalteca, esta ley es incoherente en un Estado que no garantiza la protección a las niñas y mujeres, como pasó con las 56 niñas y adolescentes víctimas del incendio en el hogar estatal Virgen de la Asunción, donde murieron 41 y sobrevivieron 15.
«Es una ley perversa y contradictoria desde el título de la ley. Venderla como una ley de protección a la familia me parece una cosa descarada de este gobierno. Me parece también perverso aprobarlo el 8 de marzo, el día que se cumplen 5 años del incendio en el Hogar estatal Virgen de la Asunción. Cinco años sin justicia y donde el Estado no les brindó protección a las niñas(..) y ahora con esta ley hablan de proteger a las familias. Es algo perverso», dijo Andrea María.
La nueva Ley prohíbe el matrimonio igualitario en el artículo 16. “Se prohíbe expresamente la unión de hecho entre personas del mismo sexo”.
Para Marisa Batres, feminista y abogada por los derechos humanos y de las mujeres, la aprobación de la ley es un abuso de poder por parte de los legisladores, donde solo velan por sus intereses, escudándose en un discurso religioso. “Este decreto restringe una serie de derechos humanos fundamentales: el derecho a una vida privada, derecho a la igualdad y no discriminación, de cómo plantear el plan de vida, de cómo expresarnos y, finalmente, de cómo vivir con libertad”.
En el artículo 15 «se prohíbe a las instituciones educativas públicas y privadas promover en la niñez y la adolescencia politicas o programas que tiendan a desviar su sexo al nacer o enseñar las conductas sexuales distintas; asi mismo, deberan promover en la niñez y la adolescencia políticas y programas realtivos a la educación sexual, sexualidad, salud sexual y reproductiva, en apego a la constitución de Guatemala».
«Desde el Estado no garantizan que haya acceso a servicios de salud en cada municipio, pero criminalizan a quien no tenga acceso a que le extiendan un certificado médico por parte de tres profesionales; prohíben dar educación sexual con base científica y pretenden que sin información se reduzcan mágicamente los abortos; dicen que quienes no somos heterosexuales somos una amenaza y un peligro para la paz, como si en este país hubiera paz y como si la forma en que vivimos fuera más indignante que la forma en que nos matan y la impunidad con la que lo hacen. Esta ley está llena de incoherencias», manifestó Andrea María.
En El Salvador diversas organizaciones feministas se han pronunciado contra la normativa.
Keyla Cáceres de colectiva Amorales considera que esta ley representa la instalación de un gobierno neofascista en donde las mujeres, diversidad y las niñas no son consideradas seres humanos.
“No ofrecen las garantías mínimas de marcos normativos en defensa de los derechos de las mujeres y las poblaciones diversas. En la región estamos viendo la instalación de un discurso de odio y misoginia copiando la forma de gobierno de la dictadura nicaragüense. Como feministas debes ver esta aprobación con gran preocupación y tenemos que prepararnos para defender nuestro cuerpo y territorio porque el Estado no nos va a garantizar ni siquiera salvar nuestra salud y vida, eso lo vamos a hacer solo entre nosotras, la organización es la única arma que nos queda en estos contextos como Guatemala y El Salvador”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas ya han presentado un recurso de Amparo, sin embargo consideran prudente también presentar recursos de inconstitucionalidad y así derogar esta ley que atenta contra los derechos de las mujeres y población LGBTIQ+.
Actualización
El presidente de la Guatemala comunicó que la ley no fue presentada por el ejecutivo y por tanto recomendó al parlamento archivarla. En caso contrario advirtió que será vetada.
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