¡Señor, señora! “NO sea INDIFERENTE. Se MATA a las MUJERES en la cara de la gente”

Por :Amalia López / Alianza Nacional Contra la No Privatización del Agua/Movimiento de Mujeres de Santo Tomás

La falta de una Ley de Aguas y de políticas públicas que garanticen el acceso al agua potable en cantidad, calidad, accesibilidad y asequibilidad por parte de los gobiernos locales y central es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas de El Salvador.

La convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su Art. 14 numeral 2, establece que “los Estados partes adoptaran todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer”, y en el literal “H”, del mismo articulado, señala en particular el asegurar el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad, EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, el transporte y las comunicaciones. El Salvador es suscriptor de este convenio.

Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) la falta de acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento nos afecta a las mujeres de modo particular, por ejemplo: cuando no hay agua potable en las viviendas el acarreo de agua lo asumimos principalmente las mujeres y niñas. Según el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) abastecerse y transportar el agua es una actividad que requiere tiempo y es una pesada carga.

En el medio rural una mujer gasta hasta cuatro horas diarias caminando, haciendo fila y acarreando agua. En este caso, se deja en segundo lugar dedicar ese tiempo a labores orientadas en su propio beneficio, avanzar con tareas domésticas y así como cuidar a sus hijos e hijas. El agua que nosotras las mujeres y las niñas acarreamos, en muchos casos, está contaminada lo que nos pone en situación de riesgo por el contacto directo, pues el agua se utiliza para las labores indirectas de los cuidados como lavar, el aseo del grupo familiar, preparación de alimentos y riego de sus cultivos.

Lo anterior, representa para nosotras las mujeres y niñas una alta exposición al contagio de enfermedades, ser violentadas sexualmente al transitar por caminos desolados en horas de riesgo, producir fatiga física y daños irreversibles en la columna vertebral o articulaciones de las extremidades inferiores y artritis entre otros padecimientos, provocados por la pesada carga de todos los días en este maratón por conseguir agua; a esto se suma los fenómenos climáticos que generan las crecidas de ríos.

En El Salvador las mujeres somos el 52.9% (Encuesta de Hogares de Propósitos Multiples 2019) de la población, en números reales sumamos 3 millones 549 mil 68 mujeres en El Salvador, dicho sea de paso, somos las más vulneradas en nuestros derechos fundamentales; con mucha frecuencia somos también excluidas de las decisiones relativas al agua y el saneamiento. En consecuencia las necesidades y particularidades de nosotras como población no son tomadas en cuenta en la elaboración de políticas públicas y leyes que coadyuven en mejorar la calidad de vida nuestra y de nuestras familias.

Por otro lado la Ley Especial Integral para una Vida Libre para las Mujeres (LEIV), en su Art. 10, establece  la violencia Institucional como “toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en la LEIV”.

Con todo lo anterior, con el 65.1%  de hogares liderados por mujeres (916,000 hogares/dato del censo de población 2007) y las cargas económica, social y emocional que las mujeres soportamos, en esta sociedad patriarcal, capitalista y extractivista, se nos impone triples jornadas de trabajo sin el reconocimiento justo. En este sentido,  se perciben ingresos solo del trabajo formal, que dicho sea de paso durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19 se incrementó la carga a las mujeres y en muchos casos estas no recibieron sus salarios completos o en el peor de los escenarios perdieron su empleo formal.

Ante esta realidad injusta cabe preguntarnos ¿quién paga los costos de la falta de políticas  públicas o la aplicación de medidas desafortunadas en El Salvador? ¿Para quiénes gobiernan los funcionarios? ¿Para quiénes legislan los diputados? Por lo señalado anteriormente, ¿es para la mayoría de la población? No. ¿Es para las mujeres? No.

Sigue siendo una deuda histórica incorporar el enfoque de género, al menos, como eje trasversal en la creación de políticas públicas, de leyes y de la aplicación de la ley existente. No debemos ver la legislación y las políticas públicas como algo superficial que está alejado de nuestras realidades como población. Debemos exigir que estas estén acordes a nuestras necesidades, que resuelvan los problemas fundamentales que enfrentamos las mujeres con nuestras familias a diario.

Nos sumamos a la demanda planteada por las compañeras feministas el pasado 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con este lema: “Señor, señora no sea indiferente. Se mata a las mujeres en la cara de la Gente”. Esta consigna corresponde tomar acción, ejercer ciudadanía activa, sacar compromiso de los próximos funcionarios a elegirse. También, corresponde a  dejar de hablar en tercera persona de las mujeres pues esa mujer de la que hablamos es usted, soy yo, son sus hijas, sus madres, sus tías, sobrinas, amigas y hermanas; todas las que calladamente seguimos pagando los costos por los errores de gobiernos misóginos, patriarcales y capitalistas.

El agua y el saneamiento como derecho humano sigue pendiente de ratificación en la Asamblea Legislativa. Aunque las leyes por sí solas no solucionan nada estas son un paso necesario en el camino a la equidad de las relaciones entre hombres y mujeres. Por eso, necesitamos una legislación de agua con enfoque de derechos humanos que garantice el acceso al agua a los hogares como uso prioritario, en donde las mujeres podamos incidir en la  gobernanza del bien hídrico y la contraloría de las acciones de las instituciones involucradas  en todos los niveles, en el que el carácter gratuito del bien hídrico y el carácter público de ley se garantice y que deje de lado el enfoque extractivista. En indispensable dar al agua el enfoque de bien natural y no de recurso, donde se armonicen las legislaciones, se ponga a las instituciones en función de la protección de las cuencas y sub cuencas, por supuesto todo esto bajo la vigilancia de un ente rector público.

Es también mandatorio y urgente la creación y adopción de políticas públicas inmediatas que hagan operativa la Ley de Aguas. Es necesario que cada uno y una, en esta crisis por el agua y con esta pandemia de violencia estructural de género, tomemos responsabilidades y presionemos a los funcionarios para que finalmente esta lucha que por 14 años hemos acompañado valientemente las mujeres de diversos sectores (desde diversas expresiones de los sectores social, sindical, medioambiental, de mujeres y también iglesias) se concrete en el pago de esa deuda histórica empezando por la ratificación de la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. También, es vital la pronta aprobación de una Ley de Aguas en favor de la población, en favor de nosotras y nuestras familias.