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Por Marcela Colocho
Ante la emergencia que vive nuestro país por la pandemia del COVID-19, que muestra a nivel mundial que son las personas mayores de 60 años las más vulnerables a sus impactos, surgen algunas interrogantes:
¿Qué instituciones garantizan el bienestar de las personas adultas mayores (PAM) que residen en hogares, quienes en su mayoría son mujeres? ¿Qué instituciones se encuentran desarrollando supervisiones para garantizar la sobrevivencia y bienestar de nuestras PAM durante esta emergencia?
La Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor es un instrumento que pretende “garantizar y asegurar una atención integral para la protección de las personas adultas mayores y contribuir al fortalecimiento e integración de la familia”, en el art. 7 esta Ley crea el CONAIPAM que estará conformado por instituciones y ministerios que tendrán que desarrollar una serie de acciones para garantizar los derechos humanos de las PAM.
De 2009 a 2018 el CONAIPAM conformado entre otros por los titulares del Ministerio de Salud y Asistencia Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Procuraduría General de la República, etc., sesionó un aproximado de veinte ocasiones; adoptando acuerdos para: autorizar que su Comité Técnico realice supervisiones de hogares o residencias sustitutas en los que residen PAM que no tienen familiares o que se encuentran en situación de vulnerabilidad; impulsar un programa de apoyo nutricional a través de capacitación para la implementación de huertos comunitarios, entrega de alimentos para hogares sin fines de lucro y coordinaciones para la compra y entrega de kits higiénicos.
Según el último reporte de la Dirección de Persona Adulta Mayor de la extinta Secretaria de Inclusión Social existen en el país 32 hogares/residencias para adultos mayores, 2 de ellos estatales (Sara Zaldivar y Narcisa Castillo) y los otros 30 restantes bajo la administración de órdenes religiosas o particulares. Con el acompañamiento de la difunta Secretaria algunas residencias fueron supervisadas para verificar las condiciones de infraestructura e higiene, respeto a la dignidad y privacidad, ausencia de malos tratos, entre otros; otras se visitaron de forma expedita por denuncias o en caso de catástrofes o desastres como por ejemplo durante la tormenta tropical E12 de 2011, que causó daños en varios hogares o residencias de PAM.
Desde la toma de posesión del presidente Nayid Bukele hasta la fecha el CONAIPAM no ha sido convocado, no ha sesionado ni una sola vez en 10 meses. No tenemos claro hasta donde el Estado ha atendido o ignorado las necesidades de esta población en esta situación de emergencia. Es importante que desde alguna instancia gubernamental se nos proporcione respuesta sobre estos particulares, y aún más importante, que se retome el trabajo desempeñado por la Dirección de Persona Adulta Mayor, con los hogares o residencias y con las más de 35 asociaciones o fundaciones de PAM que se encontraban inscritas en los registros.
La responsabilidad estatal con la población adulta mayor va más allá de lo retomado por el Ministerio de Desarrollo Local en relación al cumplimiento de la sentencia de la masacre en El Mozote. La emergencia por COVID-19 nos está recordando que hay servicios y obligaciones fundamentales del Estado, que las nuevas administraciones no pueden simplemente eliminar o suprimir sin consecuencias directas en las poblaciones más vulnerables.
Marcela Colocho es economista y estudiante de posgrado en Antropología.
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