La noticia dio la vuelta al mundo: una niña de 11 años quedó embarazada tras una violación perpetrada en manada. Los agresores fueron expuestos públicamente y, por un instante, pareció que el peso de la vergüenza recae sobre quienes cometieron el crimen y no sobre la niña que aún cursa quinto grado.
En El Salvador, miles de personas compartieron la noticia acompañándola de reflexiones profundas. Muchas terminaban con la misma frase: menos mal eso no pasa aquí. Pero sí pasa, solo que no es noticia mundial y por supuesto nadie comparte estas noticias.
Por. Keyla Cáceres
Pasa en un municipio a pocos kilómetros de la capital, en el país que se promociona como el más seguro del hemisferio occidental. Esto pasa en un país donde la violencia sexual contra las niñas es tan cotidiana que ha dejado de ocupar el centro de la conversación pública. La propaganda de la seguridad ha conseguido borrar del relato oficial una de las formas más brutales de inseguridad: la que vivimos las mujeres y las niñas dentro de nuestros propios hogares, comunidades, en nuestro territorio.
Hoy ni siquiera podemos nombrarlas plenamente. Las niñas desaparecen de documentos oficiales, se eliminan categorías sobre diversidad y educación sexual, mientras la violencia sexual continúa marcando sus vidas. No existe una institucionalidad capaz de poner un alto a esa realidad; existe, en cambio, una maquinaria muy eficiente para ocultarla.
Lo más devastador de este caso no es únicamente la violación. Es que una niña de 11 años sea obligada por el Estado a llevar a término ese embarazo.
Mientras tanto, el gobierno impulsa la marca Family Friendly El Salvador, promovida por Gabriela de Bukele, prometiendo «experiencias seguras, inclusivas y adaptadas para todas las familias». La pregunta es inevitable: ¿son seguras para quién?
¿Para las niñas embarazadas por violencia sexual?, ¿Para las mujeres encontradas sin vida?, ¿Para las mujeres trans desaparecidas y asesinadas? ¿Para quienes no pueden decidir sobre su propio cuerpo?
La distancia entre la publicidad y la realidad no es un error de comunicación: es un proyecto político.
Después de más de veinte años de penalización absoluta del aborto, llegamos a otro 28 de septiembre —Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro— en un silencio casi absoluto. No porque el problema haya desaparecido, sino porque el autoritarismo también administra el miedo. Hoy denunciar tiene costos, y ese miedo ha alcanzado incluso a organizaciones que históricamente defendieron los derechos sexuales y reproductivos. La mordaza ya no siempre necesita decretos; a veces basta con convertir el silencio en un lugar cómodo.
Sin embargo, septiembre también es memoria.
Es el momento de recordar que una de las mayores victorias del movimiento feminista no ha sido únicamente disputar leyes, sino despenalizar imaginarios: romper la idea de que las mujeres nacimos para obedecer, gestar y sacrificar nuestros proyectos de vida. Hemos construido un lenguaje para nombrar la violencia, para acompañar a quienes fueron criminalizadas y para defender la libertad como un derecho político, no como un privilegio.
Por eso no podemos aceptar que un país se llame family friendly mientras obliga a niñas y adolescentes a parir embarazos producto de la violencia sexual. No podemos hablar de inclusión mientras el aborto siga penalizado y mujeres continúen muriendo por la imposibilidad de interrumpir un embarazo o siendo perseguidas simplemente por decidir sobre su cuerpo.
Y tampoco podemos olvidar algo esencial: nuestra lucha por la libertad nunca dependió de la frágil democracia que existió antes, ni nacerá del autoritarismo que vivimos hoy. Las feministas siempre hemos tenido que conquistar derechos desde los márgenes, incluso cuando los gobiernos hablaban el lenguaje de los derechos humanos.
Que la urgencia de enfrentar este régimen no nos haga romantizar el pasado. La libertad que hoy se dice perdida nunca fue completa para las mujeres: mientras existían instituciones democráticas, nuestros cuerpos seguían siendo controlados, el aborto permanecía penalizado y la violencia sexual continuaba siendo una deuda del Estado.