El mundo atraviesa una profunda reorganización del poder. Entre 2020 y 2025 se aceleraron las guerras, la militarización, el cierre de fronteras, la vigilancia digital y el avance de gobiernos autoritarios. En Centroamérica, este proceso se expresa de forma especialmente intensa: estados de excepción prolongados, concentración del poder en el Ejecutivo, uso político de las fuerzas armadas y policiales, criminalización de la protesta social y reformas legales que restringen libertades básicas.
Por. Julia Evelyn Martínez
Podemos llamar “Proyecto 20-25” a este proceso, no porque exista un plan único que lo dirija, sino porque expresa una tendencia común: las élites económicas y políticas —tanto globales como centroamericanas— están construyendo un orden mundial basado en un mayor control social, una creciente concentración de la riqueza y la reducción de derechos. En la región, esto se observa en la expansión de megaproyectos extractivos y turísticos (como el Canal Interoceánico y proyectos mineros y energéticos en Nicaragua, el “Tren Maya” y el Corredor Interoceánico que impactan a Guatemala y Belice, o las concesiones mineras e hidroeléctricas en Honduras, El Salvador y Panamá) acompañados de marcos legales y prácticas represivas que silencian la disidencia.
Esta reorganización tiene territorio, género y cuerpo. No ocurre únicamente en las reuniones de las grandes potencias ni en los consejos directivos de las corporaciones. Se manifiesta en las mujeres obligadas a sostener la vida en condiciones de pobreza —en Centroamérica, la CEPAL ha documentado que las mujeres realizan más del doble de trabajo no remunerado que los hombres, mientras cerca de la mitad de las mujeres económicamente activas se concentran en sectores precarios como el trabajo doméstico, la maquila y el comercio informal—; en las personas LGTBIQ+ perseguidas por desafiar las normas sexuales y de género —la Red Regional Sin Violencia LGBTI registró, solo entre 2014 y 2021, centenares de crímenes de odio en El Salvador, Honduras y Guatemala, la mayoría en impunidad—; en las comunidades indígenas y campesinas despojadas de sus territorios —como las comunidades lencas en Honduras afectadas por proyectos hidroeléctricos o los pueblos garífunas desplazados por el turismo de enclave—; y en las defensoras de derechos humanos —como la abogada salvadoreña Ruth López o las presas políticas nicaragüenses y hondureñas— criminalizadas por enfrentarse al autoritarismo y al extractivismo.
Desde una mirada feminista centroamericana, este nuevo orden no puede explicarse solamente por la disputa entre Estados Unidos, China y otras potencias. También debemos analizar cómo se articulan, en nuestros países, el capitalismo, el colonialismo, el racismo, el heteropatriarcado y la cisnormatividad. Estos sistemas determinan qué vidas son protegidas, cuáles son explotadas y cuáles se consideran prescindibles: las mujeres pobres que sostienen cadenas globales de cuidados; las juventudes empobrecidas y racializadas que son vistas como cuerpos desechables en la “guerra contra las pandillas” o la “guerra contra las drogas”; las personas LGTBIQ+ cuya migración forzada aumenta ante la violencia y el abandono estatal; y los pueblos indígenas y afrodescendientes cuyos territorios son tratados como zonas sacrificables para megaproyectos, monocultivos o minería.
El heteropatriarcado y la cisnormatividad como formas de poder
El heteropatriarcado combina el dominio masculino con la imposición de la heterosexualidad como única forma legítima de vivir la sexualidad, el amor y la familia. Coloca a los hombres en posiciones de autoridad y asigna a las mujeres la responsabilidad principal de la reproducción y los cuidados. Al mismo tiempo, presenta a la pareja heterosexual y a la familia tradicional como modelos naturales y superiores.
En Centroamérica, este modelo ha sido históricamente reforzado por las jerarquías religiosas y los Estados. Las campañas contra la educación integral en sexualidad en Costa Rica, Guatemala, Honduras o Nicaragua, la penalización absoluta del aborto en El Salvador, Honduras y Nicaragua, y la ausencia de reconocimiento legal de parejas del mismo sexo en toda la región, muestran cómo las instituciones políticas y eclesiales se articulan para sostener un orden que controla los cuerpos, la reproducción y la familia.
Este sistema no actúa solamente dentro de los hogares. También organiza los Estados, los mercados, los ejércitos, las iglesias y los organismos regionales. La política centroamericana sigue dominada por una idea masculina del poder basada en la fuerza, la competencia, la conquista y el sometimiento de personas y territorios. Los liderazgos autoritarios —desde el “caudillo” militar hasta el “hombre fuerte” que promete seguridad total— son presentados como salvadores, mientras se marginalizan los liderazgos de mujeres, personas LGTBIQ+ y comunidades que proponen modelos de cuidado, participación y autonomía territorial.
Las guerras y la militarización fortalecen esta lógica. En El Salvador, la “guerra contra las pandillas” bajo régimen de excepción ha implicado la masiva detención de jóvenes pobres —en su mayoría hombres, pero también mujeres y personas LGTBIQ+— y ha reforzado estereotipos de masculinidad violenta y militarizada, legitimando el uso desproporcionado de la fuerza estatal y normalizando la idea de que ciertos cuerpos empobrecidos y racializados son desechables. En Honduras y Guatemala, la militarización de territorios con conflictos socioambientales ha protegido proyectos extractivos frente a las comunidades que los resisten. La agresividad se presenta como liderazgo; la obediencia, como patriotismo; y la violencia, como garantía de seguridad.
Mientras aumentan los recursos destinados a armas, fuerzas militares y mecanismos de vigilancia —en varios países, el gasto en seguridad pública ha crecido por encima del gasto social— se reducen o descuidan los presupuestos para salud, educación, vivienda y cuidados. Durante la pandemia de COVID-19, la CEPAL y ONU Mujeres documentaron un aumento de la pobreza femenina en la región y un incremento de la violencia doméstica, mientras muchos Estados mantuvieron o ampliaron presupuestos de defensa y policía. Se invierte más en controlar a la población que en garantizarle una vida digna.
La cisnormatividad complementa este orden. Parte de la idea de que todas las personas deben identificarse durante toda su vida con el sexo que les fue asignado al nacer. Solo reconoce dos posibilidades cerradas —hombre o mujer— y considera anormal o inexistente cualquier identidad que no se ajuste a esa división.
En Centroamérica, esta norma está fuertemente consolidada en los marcos legales. Con la excepción parcial de Costa Rica —donde un decreto ejecutivo permite, de forma limitada y con serias dificultades en su implementación, el reconocimiento de la identidad de género—, la mayoría de países de la región no permiten a las personas trans adecuar sus documentos de identidad a su nombre y género autopercibido. En El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice y Panamá, esta negación se traduce en exclusión sistemática de la educación, el empleo formal, la vivienda y la salud. Estudios de organizaciones regionales señalan que la expectativa de vida de mujeres trans en el istmo difícilmente supera los 35–40 años, debido a la violencia, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos.
Cuando una institución se niega a reconocer el nombre y la identidad de una persona trans o no binaria, ejerce una violencia que puede impedirle estudiar, trabajar, recibir atención médica o acceder a la justicia. En Honduras, por ejemplo, se han documentado casos de mujeres trans a quienes se les niega la atención en hospitales públicos o se les ubica en pabellones masculinos en centros penales, exponiéndolas a agresiones sexuales y torturas.
Los proyectos autoritarios —y, en general, los regímenes que priorizan el control por encima de los derechos— utilizan estas normas para preservar la obediencia y las jerarquías. Necesitan que las mujeres cuiden gratuitamente a las familias cuando el Estado abandona sus responsabilidades: la mayoría de los cuidados de niñas, niños, personas con discapacidad y personas mayores en Centroamérica es asumida por mujeres en el hogar, sin remuneración ni protección social. También castigan a quienes desafían los papeles tradicionales de género, porque sus vidas demuestran que esas jerarquías no son naturales y pueden transformarse. La criminalización de defensoras feministas en Nicaragua, la persecución de defensoras garífunas en Honduras o los ataques contra colectivos LGTBIQ+ en Guatemala son expresiones concretas de este castigo.
Por eso, los ataques contra los feminismos y las personas LGTBIQ+ no son asuntos secundarios. Controlar los cuerpos, la sexualidad, la reproducción y las familias es una manera de disciplinar a toda la sociedad. La defensa de una supuesta “familia natural” permite fabricar enemigos internos, movilizar el miedo y desviar la atención de problemas como la desigualdad, el desempleo, la corrupción, la destrucción ambiental y el despojo territorial.
Capitalismo digital y vigilancia de los cuerpos
Las corporaciones tecnológicas se han convertido en poderes políticos que ningún pueblo eligió. Las empresas que controlan las plataformas, los sistemas de inteligencia artificial y la infraestructura digital poseen información sobre nuestros hábitos, relaciones, desplazamientos, opiniones y condiciones de salud.
En Centroamérica, esta acumulación de datos se combina con dispositivos estatales de vigilancia creciente: uso extensivo de cámaras de reconocimiento facial en ciudades como San Salvador, monitoreo de redes sociales para identificar críticas al gobierno o a empresas, y acuerdos de cooperación en seguridad que facilitan el intercambio de información entre Estados y corporaciones.
Estas tecnologías no son neutrales porque se diseñan, entrenan y aplican en sociedades atravesadas por el machismo, el racismo, el heterosexismo y la transfobia. De este modo, los sistemas digitales se convierten en herramientas que pueden reproducir y profundizar esas desigualdades al seleccionar personal, reconocer rostros, vigilar fronteras o decidir qué contenidos circulan en las redes sociales. En países donde ser joven, pobre y de un barrio estigmatizado ya es suficiente para ser considerado sospechoso, los algoritmos de “seguridad predictiva” pueden amplificar la criminalización de comunidades enteras.
Las mujeres y las personas LGTBIQ+ enfrentan acoso, amenazas, campañas de desprestigio, difusión de información privada y censura. En la región se han documentado campañas coordinadas contra periodistas mujeres, defensoras ambientales (como Berta Cáceres en Honduras antes de su asesinato) y activistas feministas y LGTBIQ+, que combinan hostigamiento digital, discursos de odio y amenazas físicas. Las defensoras, periodistas y activistas sufren ataques destinados a expulsarlas del debate público y debilitar su capacidad de organización. La violencia digital se convierte así en una forma de violencia política.
Las personas trans y no binarias también se enfrentan a tecnologías diseñadas desde criterios cisnormativos. Los programas de reconocimiento facial, los formularios que solo admiten dos géneros y las bases de datos que no reconocen los cambios de nombre pueden convertir cualquier trámite —desde atravesar un retén migratorio hasta registrarse en un programa social— en una experiencia de exclusión y vigilancia. En la ruta migratoria que atraviesa el istmo, estos dispositivos se combinan con la violencia institucional, exponiendo a las personas LGTBIQ+ centroamericanas a extorsiones, abusos y deportaciones.
El capitalismo digital obtiene ganancias de nuestros datos, mientras el heteropatriarcado y la cisnormatividad determinan quiénes sufren con mayor intensidad la vigilancia, la censura y la violencia. En una región donde millones de personas solo acceden a internet mediante paquetes limitados en sus teléfonos, las plataformas deciden qué noticias, discursos religiosos o campañas antigénero llegan a los territorios, moldeando imaginarios y reforzando normas conservadoras.
Centroamérica: territorios para el despojo y cuerpos para el control
En Centroamérica, esta reorganización del poder se expresa en la militarización de la vida pública, la concentración de las decisiones, la vigilancia en las redes sociales y la persecución de las organizaciones sociales. Los gobiernos presentan la represión como una condición necesaria para mantener el orden, reducen la participación ciudadana y convierten la crítica en una amenaza.
El heteropatriarcado y la cisnormatividad son herramientas centrales en este proceso. La “defensa de la familia” y de los “valores cristianos” se utilizan para justificar la censura educativa, el control de las organizaciones de mujeres y LGTBIQ+, y el disciplinamiento de las juventudes. En Guatemala y Honduras se han promovido leyes que buscan prohibir el matrimonio igualitario, cerrar toda posibilidad de reconocimiento de identidades trans y restringir la educación sexual en las escuelas. En Nicaragua se ha usado el discurso moral para atacar a organizaciones feministas y disolver su personería jurídica.
La geopolítica se hace presente en la vida cotidiana: cuando una defensora ambiental guatemalteca es vigilada por sus publicaciones en Facebook; cuando una mujer salvadoreña, hondureña o nicaragüense pierde ingresos porque debe dedicar su tiempo a cuidar en un contexto de servicios públicos debilitados; cuando una trabajadora de maquila en El Salvador o Honduras enferma después de años de sobreexplotación y acoso sexual —la OIT ha señalado que la industria maquilera centroamericana se basa en mano de obra femenina joven, mal pagada y con escasa protección laboral—; cuando una persona trans en San Pedro Sula, San Salvador o Ciudad de Guatemala oculta su identidad para conseguir empleo o atención médica; o cuando una joven lesbiana es expulsada de su hogar en una comunidad rural de Panamá, Belice o Costa Rica.
Estas violencias no son hechos aislados. Disciplinan a quienes se apartan de las normas y ayudan a conservar una sociedad que depende del trabajo gratuito de las mujeres, de la heterosexualidad obligatoria y de una división rígida entre lo masculino y lo femenino.
La región continúa siendo tratada como una reserva de mano de obra barata, bienes naturales y territorios disponibles para el extractivismo: monocultivos de palma africana, caña y banano; proyectos mineros en Honduras, Guatemala y Panamá; enclaves turísticos en costas garífunas y afrodescendientes; zonas francas de maquila a lo largo del corredor centroamericano. Ahora también es una fuente de datos administrados por corporaciones extranjeras: plataformas de reparto, servicios financieros digitales, aplicaciones de transporte y redes sociales extraen información sobre el consumo y la movilidad de la población. Cambian las tecnologías del despojo, pero permanece la lógica colonial: extraer riqueza de nuestros territorios y trasladarla hacia los centros del poder mundial, mientras los costos ambientales, sociales y corporales recaen sobre las comunidades centroamericanas.
La guerra contra el género y la construcción de una neolengua
La ofensiva contra la llamada “ideología de género” en Centroamérica no busca únicamente limitar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. También intenta imponer una nueva norma de comunicación: decidir qué palabras pueden usarse, qué realidades pueden nombrarse y qué experiencias deben quedar fuera del debate público.
En nuestros países, esta ofensiva ha tomado formas concretas: intentos de eliminar el enfoque de género de los programas educativos en Costa Rica y Guatemala; campañas religiosas y políticas contra la educación sexual integral en Honduras y El Salvador; acusaciones de “promover la ideología de género” a funcionarias, maestras y organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos.
La propia expresión “ideología de género” forma parte de esta estrategia. Presenta los estudios de género, las demandas feministas y los derechos de las personas LGTBIQ+ como amenazas contra la familia, la infancia y el orden social. De esta manera, las fuerzas conservadoras evitan discutir las desigualdades y convierten en peligroso el lenguaje que permite reconocerlas.
Este mecanismo recuerda la neolengua imaginada por George Orwell en la novela distópica 1984. En esa sociedad autoritaria, el poder reducía y modificaba el lenguaje para limitar el pensamiento crítico. Si desaparecía una palabra, también se volvía más difícil expresar la idea que contenía. El propósito no era controlar únicamente lo que las personas decían, sino también lo que podían comprender, cuestionar e imaginar.
La ofensiva antigénero funciona de manera semejante, aunque no idéntica: no existe un único “Ministerio de la Verdad” centralizado como en la novela, pero sí una red de actores estatales, religiosos, mediáticos y digitales que buscan restringir el lenguaje y las categorías con las que pensamos la desigualdad. Si se elimina la expresión “identidad de género”, resulta más difícil explicar la discriminación que sufren las personas trans y no binarias en los registros civiles, las escuelas o los hospitales centroamericanos. Si la “violencia de género” se reduce a “violencia intrafamiliar”, se ocultan las relaciones desiguales de poder que colocan a las mujeres en mayor peligro —en una región donde los índices de feminicidio son de los más altos del mundo, como han señalado la OACNUDH y la CIDH—. Si desaparece la palabra “feminicidio”, los asesinatos de mujeres pueden presentarse como delitos aislados y no como la expresión extrema de la violencia patriarcal reforzada por la impunidad estatal.
El ataque contra el lenguaje inclusivo también forma parte de esta disputa. Nombrar a las mujeres y reconocer otras identidades cuestiona la idea de que lo masculino representa a toda la humanidad. No estamos ante una simple discusión gramatical, sino ante un conflicto político sobre quiénes tienen derecho a aparecer en el lenguaje y a ser reconocidas como personas con derechos. En países donde los registros oficiales y las leyes solo reconocen “varón” y “mujer” según el sexo asignado al nacer, el lenguaje se convierte en frontera que deja fuera a quienes no encajan en esa división.
El lenguaje no produce por sí solo la desigualdad, pero puede ocultarla o hacerla visible. Conceptos como patriarcado, heteropatriarcado, cisnormatividad, feminicidio, diversidad sexual, identidad de género, trabajo de cuidados y derechos reproductivos permiten nombrar experiencias que durante mucho tiempo fueron tratadas como naturales, privadas o inexistentes. Cuando las organizaciones feministas y LGTBIQ+ centroamericanas logran introducir estos términos en leyes —como las leyes contra la violencia hacia las mujeres en algunos países— también abren caminos para la denuncia y la exigibilidad de derechos.
Cuando un gobierno elimina estas palabras de los programas educativos, los documentos públicos o las políticas estatales, no está simplificando el lenguaje. Está limitando la manera en que la sociedad interpreta la realidad. Lo que no puede nombrarse se vuelve más difícil de reconocer, denunciar y transformar.
Esta nueva norma de comunicación también modifica el sentido de las palabras. La censura se presenta como “protección de la infancia”; la discriminación, como “defensa de la familia”; y la negación de derechos, como “libertad religiosa”. Al mismo tiempo, quienes defienden la igualdad son acusadas de “adoctrinar”, mientras las ideas conservadoras aparecen como neutrales y naturales.
Así, se presenta al feminismo como una “ideología peligrosa”, mientras el heteropatriarcado aparece como algo normal y de sentido común. La diversidad sexual se muestra como una moda traída de fuera, pero la heterosexualidad obligatoria se hace pasar por algo natural y “propio de la región”. Se acusa a las personas trans de dañar el lenguaje, cuando en realidad el lenguaje se usa para negar su identidad y sus derechos.
Las plataformas digitales amplifican estos mensajes. Noticias falsas y campañas coordinadas repiten expresiones como “ideología de género”, “agenda globalista” o “destrucción de la familia”. No necesitan presentar pruebas: buscan provocar miedo, rechazo e indignación. En contextos de alta conectividad móvil y baja alfabetización digital, como los de muchos barrios y comunidades rurales centroamericanas, estos discursos se difunden rápidamente y moldean percepciones sobre feminismos, sexualidad y derechos humanos. De este modo construyen enemigos internos y desvían la atención de la desigualdad, la corrupción, la precariedad laboral, el deterioro de los servicios públicos y el despojo ambiental.
Esta ofensiva también tiene una dimensión colonial. Muchas campañas que dicen defender los “valores nacionales” son impulsadas por redes conservadoras internacionales, organizaciones religiosas transnacionales, centros de pensamiento y plataformas digitales con sede fuera de la región. Quienes acusan a los feminismos de imponer una agenda extranjera participan, al mismo tiempo, en una estrategia transnacional para limitar derechos humanos. Informes de la sociedad civil han documentado el financiamiento externo de iniciativas antigénero en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, coordinadas con actores de Estados Unidos, Europa y América del Sur.
La guerra contra la llamada “ideología de género” es, por tanto, una disputa por el poder de definir la realidad. Busca imponer una sociedad en la que solo sean legítimas la familia heterosexual, las identidades cisgénero y las funciones tradicionales asignadas a mujeres y hombres. Las vidas que se apartan de ese modelo —mujeres autónomas, disidencias sexuales, identidades trans y no binarias, familias diversas, juventudes que cuestionan el orden— son presentadas como anormales, peligrosas o inexistentes.
Defender el lenguaje de género no significa obligar a todas las personas a hablar de la misma manera. Significa proteger nuestra capacidad de nombrar las desigualdades, reconocer la diversidad y hacer visibles las vidas que el poder pretende borrar. Las palabras son herramientas para comprender el poder, denunciar la violencia y construir otras formas de vida. Por eso, defender el derecho a nombrarnos es defender nuestro derecho a existir, organizarnos y transformar el mundo, también en Centroamérica.
Una agenda feminista para disputar el futuro
Frente a esta realidad, los feminismos centroamericanos no pueden conformarse solo con pedir inclusión dentro de un sistema construido sobre la explotación y la exclusión. No basta con que algunas mujeres ocupen cargos de poder si las instituciones continúan empobreciendo, despojando y persiguiendo a las mayorías. Tampoco basta con incorporar el lenguaje de género a políticas que mantienen intactas las jerarquías heteropatriarcales y cisnormativas, o con crear oficinas de “equidad de género” en Estados que al mismo tiempo criminalizan a defensoras, personas migrantes y pueblos indígenas.
Necesitamos una agenda feminista que reconozca la autonomía de todos los cuerpos, garantice los derechos de las personas LGTBIQ+ y coloque los cuidados en el centro de la economía. Una agenda que defienda el derecho a la identidad, la educación integral en sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización del aborto y una vida libre de violencia. En una región donde la mortalidad materna prevenible sigue siendo alta y donde mujeres pobres y rurales son encarceladas por emergencias obstétricas, estos derechos son cuestión de vida o muerte.
También debemos democratizar la tecnología, proteger los datos personales e impedir que los sistemas digitales reproduzcan discriminaciones por género, orientación sexual, identidad de género, etnia, edad o condición migratoria. La tecnología debe estar al servicio de la vida, no de la vigilancia, el control y las ganancias corporativas. Esto implica discutir, desde Centroamérica, la soberanía digital, la regulación de las plataformas y la transparencia de los algoritmos utilizados por los Estados y las empresas presentes en la región.
Esta lucha exige alianzas entre mujeres, pueblos indígenas, comunidades campesinas, personas LGTBIQ+, juventudes, organizaciones laborales, movimientos ambientales y colectivos de derechos humanos. Frente a un poder que articula capitalismo, colonialismo, racismo, heteropatriarcado y cisnormatividad, nuestras resistencias tampoco pueden permanecer separadas. La defensa de los territorios y la defensa de los cuerpos son la misma lucha: el extractivismo que envenena ríos y destruye montañas se sostiene en el mismo orden que explota el trabajo de cuidados de las mujeres y niega la existencia de las disidencias sexuales y de género.
En toda Centroamérica ya se construyen alternativas: redes feministas de cuidado y protección para defensoras amenazadas; comunidades que defienden el agua y las semillas frente al agronegocio y la minería; trabajadoras organizadas contra la explotación en maquilas y zonas francas; defensoras que rompen el cerco informativo con medios comunitarios y digitales; y personas LGTBIQ+ que sostienen colectivamente su derecho a vivir con dignidad, abriendo casas refugio, creando redes de apoyo y litigando por el reconocimiento de sus derechos.
El Proyecto 20-25 quiere acostumbrarnos a un mundo de guerras, desigualdad, vigilancia y miedo. En Centroamérica, quiere convencernos de que solo podemos elegir entre la violencia de las pandillas y la violencia del Estado; entre la pobreza o la migración forzada; entre la obediencia a los mandatos de género o la exclusión. Los feminismos responden que existe otra posibilidad: organizarnos para cambiar las reglas y disputar el poder.
No aceptamos que nuestros cuerpos sean territorios de control; que la heterosexualidad y las identidades cisgénero se impongan como las únicas formas legítimas de existencia; que nuestros cuidados sostengan una economía que nos empobrece; ni que la tecnología se convierta en una nueva herramienta de vigilancia y colonialismo sobre nuestros territorios y nuestras vidas.
Si el mundo —y Centroamérica en particular— está siendo reconfigurado sobre nuestros cuerpos y territorios, nuestra respuesta debe ser colectiva: convertir el cuidado en fuerza política, la indignación en organización y la diversidad en potencia transformadora.
Los feminismos no luchamos únicamente por sobrevivir al futuro que otros están diseñando. Luchamos por construir, desde Centroamérica y con el mundo, un orden distinto en el que todas las vidas, todos los cuerpos y todas las identidades puedan existir con libertad y dignidad, en territorios defendidos de la guerra, el extractivismo y el autoritarismo.
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Julia Evelyn Martínez es una economista, docente universitaria, investigadora y consultora salvadoreña. Su trayectoria se ha centrado en el análisis de la desigualdad, las políticas públicas, la economía feminista y de los cuidados, los derechos laborales y la justicia económica. Ha colaborado con universidades, organizaciones sociales, redes feministas y organismos internacionales en El Salvador y Centroamérica.
En 2010 fue reconocida como Economista del Año por el Colegio de Economistas de El Salvador por sus trabajos pioneros en el ámbito del análisis económico con enfoque de género. Su trabajo combina el análisis crítico con un firme compromiso con los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBIQ+ y la transformación social.