En bares, barra show, casas de citas, calles y plataformas digitales de El Salvador, cientos de mujeres cisgénero ejercen el trabajo sexual en condiciones marcadas por la precariedad, el estigma y la inseguridad. Aunque su actividad es visible para gran parte de la sociedad, continúa desarrollándose en un contexto de discriminación, clandestinidad y falta de reconocimiento de derechos.
Por. Girasol Silvestre
Pero para muchas mujeres, el trabajo sexual representa una estrategia de supervivencia frente a la falta de empleo, la precariedad económica y la responsabilidad de sostener a sus familias. Muchas son madres que crían solas a sus hijas e hijos y son las principales proveedoras de sus hogares. Además de enfrentar dificultades económicas, deben cargar diariamente con el peso del estigma social. El trabajo sexual sostiene a muchas familias en El salvador.
Hablar de trabajo sexual es hablar de derechos humanos. Sin embargo, históricamente ha sido uno de los temas más estigmatizados y moralizados en el debate público y en las políticas estatales. Quienes ejercen esta actividad enfrentan no solo dificultades económicas, sino también violencia, exclusión social y criminalización.
Belén (seudónimo) trabaja en un club bar ubicado en las cercanías de la Universidad de El Salvador. Llegó al establecimiento por recomendación de su hermana y, tras varios años, ha logrado cierta flexibilidad en sus horarios que le permiten dedicarse a otras labores de cuidados en su hogar.
“Mi trabajo consiste en brindar servicios de índole sexual. También podemos fichar con los clientes, es decir, recibir una comisión por las bebidas que consumen. Aunque no existe una relación laboral formal, sí hay reglas dentro de los establecimientos. Si no atendemos a un cliente, si no participamos en un baile o si incumplimos alguna norma interna, nos multan”, relata.
Sus ingresos dependen exclusivamente de lo que logra generar cada noche. No cuenta con salario fijo, prestaciones laborales ni ningún tipo de protección social. Además, en algunos establecimientos debe entregar un porcentaje de sus ganancias a los propietarios por el uso de las instalaciones donde ofrece sus servicios.
Sin embargo, Belén señala que ese porcentaje representa, en cierta medida, el costo de contar con un espacio que le brinda algunas condiciones de seguridad. Según explica, las ocasiones en que ha prestado servicios fuera del establecimiento ha enfrentado situaciones de violencia y vulnerabilidad. “Me han golpeado y también he tenido clientes que se niegan a pagar después del servicio”, afirma.
Para las organizaciones de trabajadoras sexuales, esta realidad evidencia una zona gris donde se desarrolla gran parte de la actividad. Aunque no existe una relación laboral reconocida legalmente, sí operan relaciones de poder que condicionan el trabajo cotidiano de las mujeres. Las multas, las normas internas y el control de los espacios donde ejercen reflejan dinámicas que funcionan al margen de la protección laboral y de la supervisión estatal.
Aunque el trabajo sexual no está penalizado de manera directa en la legislación salvadoreña, diversas ordenanzas municipales regulan y sancionan algunas actividades vinculadas a su ejercicio en espacios públicos. En San Salvador Centro, la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana contempla multas de entre $51 y $900 para quienes ofrezcan o soliciten servicios sexuales de forma notoria en la vía pública, así como para actos de connotación sexual realizados en estos espacios.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que en el marco del régimen de excepción ha incrementado la vulnerabilidad de poblaciones históricamente marginadas, entre ellas las trabajadoras sexuales.
La Constitución salvadoreña reconoce derechos fundamentales como la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo. Sin embargo, muchas trabajadoras sexuales afirman que estas garantías rara vez se reflejan en su vida cotidiana.
Las organizaciones de derechos humanos y organizaciones de trabajadoras sexuales insisten en la necesidad de diferenciar claramente el trabajo sexual autónomo de delitos como la trata de personas y la explotación sexual. Mientras estos últimos implican coerción, violencia o control por parte de terceros, el trabajo sexual voluntario es definido por las propias trabajadoras como el intercambio consensuado de servicios sexuales por una remuneración económica entre personas adultas.
Desde hace más de dos décadas, Orquídeas del Mar trabaja en la defensa de los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales en El Salvador. Carmen, integrante de la organización, explica que una de las principales luchas es combatir los prejuicios.
“Muchas veces se confunde el trabajo sexual con la trata de personas o la explotación sexual, y son situaciones completamente distintas. Cuando hablamos de trabajo sexual hablamos de personas adultas que toman la decisión de ofrecer servicios sexuales a cambio de una remuneración para cubrir sus necesidades y las de sus familias”.
Uno de los principales desafíos que señalan las trabajadoras sexuales es la falta de reconocimiento de su actividad como trabajo. A ello se suma la persecución que muchas denuncian por parte de autoridades municipales, especialmente aquellas que ejercen en calles y avenidas.
Otro de los desafíos identificados por Orquídeas del Mar es la criminalización asociada a la clandestinidad. La falta de reconocimiento legal no solo limita el acceso a derechos, sino que también favorece la estigmatización de quienes ejercen esta actividad.
“Cuando una actividad se mantiene en la clandestinidad, estructuras vinculadas al crimen organizado pueden intentar operar en esos entornos. Esto termina generando una mayor criminalización hacia las trabajadoras sexuales, quienes no son responsables de esas dinámicas”, señala la organización.
La ausencia de reconocimiento también dificulta conocer con precisión cuántas personas ejercen el trabajo sexual en el país. Actualmente no existe un censo oficial que permita dimensionar esta población ni comprender plenamente las condiciones en las que desarrolla su actividad.
Frente a este panorama, las trabajadoras sexuales continúan organizándose para exigir acceso a la salud, protección frente a la violencia, reconocimiento de derechos y participación en las decisiones que afectan sus vidas. Su lucha se fundamenta en principios como la autonomía, la autodeterminación y el reconocimiento del trabajo sexual como una actividad que merece las mismas garantías y dignidad que cualquier otra forma de trabajo.
Para Orquídeas del Mar, avanzar hacia una sociedad más justa implica escuchar las voces de las propias trabajadoras sexuales y reconocerlas como sujetas de derechos. Nombrar es reconocer. Hablar de trabajo sexual significa reconocer la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida, sin negar las desigualdades que atraviesan muchas de sus trayectorias.
A pesar del estigma y las múltiples barreras que enfrentan, las trabajadoras sexuales continúan reclamando algo fundamental: ser reconocidas como personas con dignidad, autonomía y plena capacidad para decidir sobre su trabajo, sus cuerpos.
*El nombre de una de las personas fue cambiado para resguardar su identidad
