La libertad de prensa en El Salvador enfrenta uno de sus escenarios más críticos de los últimos años. El más reciente informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documenta un incremento histórico de agresiones contra periodistas y medios, en un contexto marcado por ataques digitales, restricciones al acceso a información pública, exilio forzado de periodistas y precarización de medios independientes. La presentación del informe coincide además con nuevas denuncias de persecución fiscal contra El Faro.
Por. Redacción
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó este martes el informe “Un año de periodismo bajo persecución y exilio”, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, alertando sobre un incremento histórico de agresiones contra periodistas y medios de comunicación. A través de su centro de monitoreo de denuncias, ha registrado un total de 1,526 agresiones contra profesionales del gremio durante los últimos tres años, la mayoría perpetradas por agentes del Estado.
Según la APES, las agresiones registradas incluyen restricciones al trabajo periodístico, intimidaciones, campañas de estigmatización, acoso digital, vigilancia y bloqueos al acceso a información pública. La organización señaló que gran parte de estos hechos ocurrieron en contextos de cobertura política y electoral, en medio de un ambiente cada vez más hostil hacia la prensa independiente.
FUENTE: Informe Libertad de Prensa 2025, APES
El informe de la APES señala que el entorno digital se ha consolidado como uno de los principales espacios de amplificación de agresiones contra periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Según la gremial, las redes sociales funcionan como escenarios donde los discursos de descrédito son replicados, intensificados y, en algunos casos, coordinados por usuarios que actúan alineados con narrativas impulsadas desde espacios de poder. Estas agresiones incluyen campañas de hostigamiento, ataques y difusión de contenidos destinados a desacreditar el trabajo periodístico y la defensa de derechos humanos.
En ese contexto, la APES documentó que los usuarios de redes sociales representan el tipo de agresor individual más frecuente en 2025, con un total de 110 casos registrados. Sin embargo, el informe advierte que, en conjunto, los actores vinculados al Estado concentran la mayor proporción de agresiones. Al sumar casos atribuidos a agentes de la Policía Nacional Civil, exfuncionarios, empleados y funcionarios públicos, militares, cuerpos de seguridad e instituciones estatales, la organización concluye que las estructuras estatales representan el 58.2 % de las agresiones registradas durante el año.
Para la APES, el discurso oficial ha contribuido a desacreditar el trabajo de medios críticos y a generar un clima de presión que afecta tanto el ejercicio periodístico como el derecho de la población a acceder a información de interés público.
Asimismo, se ha documentado cómo el régimen de excepción ha afectado a la prensa salvadoreña: por un lado, a través del caso del periodista comunitario Víctor Barahona, quien permaneció once meses detenido.
Exilio, precarización y cierre de medios
Entre mayo y junio de 2025, APES registró la salida forzada del país de al menos 43 periodistas salvadoreños y otros 10 casos de forma indirecta, bajo contextos de amenazas, vigilancia, acoso o temor ante posibles capturas arbitrarias. Señalan que muchos de estos casos ocurrieron en medio de una escalada de violencia estatal tras la represión de una protesta de la Cooperativa El Bosque el 12 de mayo de 2025, donde fueron arrestados defensores comunitarios.
Según el informe, varios periodistas que optaron por salir del país denunciaron visitas de policías y militares a sus viviendas o las de sus familiares, bajo argumentos considerados “inverosímiles” por la gremial. El 65.1 % de quienes salieron forzosamente pertenecían a medios digitales independientes y más de la mitad eran profesionales con más de una década de experiencia periodística.
A este contexto se suma una creciente precarización laboral dentro del sector. Desde febrero de 2025 distintos medios, especialmente digitales e independientes, enfrentaron fuertes dificultades económicas tras el recorte de fondos de cooperación estadounidense destinados a proyectos de derechos humanos y periodismo. Aunque varios medios comunitarios y alternativos impulsaron estrategias para mantenerse activos, la crisis también derivó en despidos y cierres.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en marzo de 2026, cuando la edición impresa de El Diario de Hoy dejó de circular tras 90 años de existencia. El cierre implicó la pérdida de empleo para más de un centenar de periodistas, fotoperiodistas y diagramadores, en un contexto que la APES describe como uno de los momentos más complejos para el ejercicio periodístico en El Salvador.
La presentación del informe coincide además con una nueva denuncia realizada por el periódico digital El Faro, que aseguró que el gobierno de Nayib Bukele congeló fondos de una cuenta bancaria y un inmueble vinculados a dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad creadora del medio.
Comunicado de El Faro en redes sociales
El Faro calificó la medida como el episodio más reciente de una persecución fiscal iniciada en 2020, luego de que el presidente Bukele afirmara en cadena nacional que el medio tenía una “investigación seria” por lavado de dinero.
Tras esas declaraciones, el Ministerio de Hacienda abrió cuatro auditorías contra Trípode S.A. de C.V. De acuerdo con El Faro, las investigaciones no lograron sustentar las acusaciones de lavado de dinero, por lo que posteriormente derivaron en señalamientos de evasión fiscal en los ejercicios auditados. El medio aseguró que ha apelado cada una de las resoluciones y sostiene que las acusaciones carecen de fundamento.
En su pronunciamiento, El Faro señaló que las acciones emprendidas por el gobierno forman parte de un proceso de criminalización contra periodistas y medios independientes que mantienen una línea crítica frente a la administración de Bukele. Además, sostuvo que el aparato estatal está siendo utilizado para perseguir y desgastar económicamente a voces críticas.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido en los últimos años sobre el deterioro de la libertad de prensa en El Salvador, especialmente en un contexto marcado por restricciones al acceso a información pública, ataques digitales contra periodistas y denuncias de vigilancia y hostigamiento hacia medios independientes.
