Una mirada crítica a la XVI Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo y a los feminismos que participan -o quedan fuera- de estos espacios.
Por. Clanci Rosa
En agosto pasado se realizó en Montevideo, Uruguay, la XVI Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. Llegué a esta conferencia con la idea de que, además de cubrirla como periodista feminista, era importante comprender qué estaba ocurriendo con una agenda internacional que durante décadas ha sido fundamental para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
Salí con más preguntas que respuestas.
No solamente por las negociaciones entre gobiernos, ni por los retrocesos que amenazan los acuerdos alcanzados. También por lo que ocurrió alrededor de la conferencia: quiénes pudieron entrar, quiénes quedaron fuera, qué voces fueron convocadas y cuáles estuvieron ausentes. Y, sobre todo, por la sensación de que, en algunos de estos espacios, estamos aprendiendo a conformarnos con defender lo que ya existe, en lugar de preguntarnos qué otros caminos hay.
De El Cairo a Montevideo: cuando defender lo conquistado se convierte en la principal tarea
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo nació formalmente en 1994, en El Cairo, después de décadas de discusión internacional sobre crecimiento poblacional, desarrollo económico y bienestar social. Hasta entonces, buena parte de las políticas de población estaban centradas en controlar el crecimiento demográfico. El Cairo cambió esa perspectiva.
El Programa de Acción aprobado por 179 países colocó a las personas y sus derechos en el centro de las políticas de población y desarrollo. La salud sexual y reproductiva, la autonomía reproductiva, la igualdad de género y la participación de las mujeres dejaron de ser asuntos secundarios para convertirse en elementos fundamentales de una agenda internacional.
El documento abordó temas como, derechos reproductivos, igualdad de género, mortalidad materna, educación sexual , migración, VIH/sida, violencia y participación económica y política de las mujeres. Treinta y dos años después, muchos de esos derechos siguen sin estar garantizados.
En América Latina y el Caribe, el proceso regional encontró una expresión propia en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, aprobado en 2013. El acuerdo fue construido colectivamente entre los países de la región y las organizaciones sociales, especialmente las feministas, y es considerado uno de los instrumentos más avanzados en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El Consenso incorpora una perspectiva de género, intercultural e interseccional, y reconoce que las desigualdades no se viven de la misma manera según la edad, el territorio, el origen étnico o racial, la identidad de género, la orientación sexual, la condición migratoria o la discapacidad.
Sin embargo, algo resultó profundamente contradictorio durante esta conferencia: un espacio creado para revisar los avances en la implementación de estos compromisos terminó concentrando buena parte de sus esfuerzos en evitar que los derechos ya reconocidos fueran eliminados.
La preocupación más frecuente durante las negociaciones parecía ser que el documento no se tocara demasiado. Que permaneciera como estaba. Que no se eliminaran palabras, conceptos o compromisos que gobiernos conservadores y antiderechos podían intentar modificar.
Entiendo la preocupación. En un contexto regional cada vez más hostil para los derechos sexuales y reproductivos, cualquier retroceso puede tener consecuencias concretas sobre la vida de millones de personas. Pero no puedo dejar de preguntarme si esa es la única estrategia posible.
¿En qué momento pasamos de exigir nuevos derechos o que se cumplan los pactados a negociar para que no nos quiten los que ya tenemos?
La feminista mexicana Gloria Careaga, quien participó en la Conferencia de El Cairo de 1994, lo expresó durante una entrevista que realizamos en Montevideo: la tarea de esta conferencia debería ser evaluar cuáles han sido los avances alcanzados en cada uno de los puntos del Consenso, no pasar nuevamente por la disputa de si una palabra debe permanecer o desaparecer. Su reflexión resume buena parte de la incomodidad que me dejó este encuentro.
En sus palabras, estamos defendiendo el espíritu de acuerdos que se construyeron para garantizar derechos humanos, como si todavía tuviéramos que convencer a los Estados de que las personas merecen vivir con dignidad.
La agenda 2030, vinculada de diferentes maneras al Consenso, está a cuatro años de cumplirse. “Los gobiernos saben que solo han cumplido el 15% de la agenda, y solo quedan cuatro años. Pero parece que ya tiraron la toalla, se ha rendido ante esta expectativa”, apunta Careaga. Y lanza esta pregunta para el movimiento feminista: ¿Cuáles son nuestras expectativas para que realmente avancemos de manera más consistente en la garantía de derechos para todos?
“Es decir, ¿cómo es que no tenemos una preocupación profunda de que hay sectores muy importantes y amplios en nuestra región que se están quedando atrás, no solamente en los márgenes, sino que están muriendo, están muriendo de hambre, de inseguridad por los desplazamientos (…) es verdad que estamos en un contexto social distinto del que estábamos hace 13 años, pero debiéramos precisamente haber avanzado para no estar en las condiciones en que estamos hoy”, señala.
Los límites de la participación
Pero las contradicciones no terminaron en las negociaciones. Como medio feminista, La Brújula se inscribió al Foro de Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañaba la conferencia. Parecía una decisión lógica: si somos un medio feminista y estamos cubriendo la conferencia, tenía sentido participar en el Foro feminista. La respuesta fue un correo informándonos que no habíamos sido seleccionadas.
El argumento era el limitado número de espacios disponibles. Solo podían participar presencialmente 150 personas. Para realizar la selección se habían considerado criterios como el equilibrio geográfico, la diversidad temática y poblacional, la trayectoria y vinculación de las organizaciones con los temas de la Conferencia y la búsqueda de una participación plural y equilibrada. La explicación era formalmente correcta. El problema es todo lo que no se dice.
No puedo evitar preguntarme cómo se organiza un foro de sociedad civil con un límite tan reducido en una conferencia regional de esta importancia. Especialmente cuando se realiza en Uruguay, un país con una trayectoria reconocida en materia de derechos humanos y participación ciudadana.
¿No era posible buscar otro espacio? ¿Un sindicato, una universidad, un centro cultural, un espacio público? ¿Era indispensable realizarlo dentro de un hotel con capacidad limitada y costos elevados? No estábamos en El Salvador, donde las condiciones no lo hubieran permitido.
Venimos de un país donde la prensa independiente enfrenta restricciones, donde el ejercicio periodístico implica riesgos y donde los espacios para medios feministas no siempre son seguros. Por eso resulta particularmente duro encontrarse con que, la CEPAL te acredita para cubrir la Conferencia, pero no lo hace el espacio de sociedad civil para cubrir el foro feminista.
Intentamos explicar que no necesitábamos un asiento ni alimentación. Solamente acceso para realizar nuestro trabajo periodístico. Incluso les propusimos acreditar a la prensa feminista. Pero no recibimos respuesta.
La situación me hizo pensar en algo que va más allá de nuestra experiencia particular: ¿para quiénes se están construyendo estos espacios internacionales? ¿Y desde qué lugares? ¿Desde qué miradas? ¿No vemos a los medios feministas como portavoces? Y, lo que me preocupa más, ¿también nos incomoda el periodismo?
En la región, nuestros derechos retroceden; por eso, tener la oportunidad de encontrarnos debería ser prioritario. También es fundamental que los medios feministas tengamos acceso a estos espacios, especialmente cuando se escuchan discursos sobre representatividad y la necesidad de hablar por quienes no están. La presencia de la prensa es necesaria.
La prensa independiente ejerce una labor de contraloría que no debería incomodarnos. Que incomode a los políticos y a los gobiernos que mienten, no a las feministas ni a las delegadas de las organizaciones. ¿Acaso las feministas no debemos rendirnos cuentas?
Mirar hacia dentro
La incomodidad sobre cómo se ha llegado a entender la representación fue una constante para mí. Durante la conferencia, la ausencia de determinadas voces fue evidente. Lesbianas, personas trans y otras poblaciones históricamente excluidas de los espacios de decisión tuvieron una presencia limitada o prácticamente inexistente en paneles y actividades centrales.
Gloria Careaga fue contundente al respecto. Durante la entrevista, señaló que había contado apenas unas pocas mujeres trans en los espacios formales de participación. También cuestionó que hubiera lesbianas presentes, pero no necesariamente defensoras de los derechos de las lesbianas. Y su explicación tiene todo el sentido.
No se trata solamente de que una persona pertenezca a una población determinada. Se trata de que sus experiencias, necesidades y agendas formen parte de los análisis y las decisiones que se toman en su nombre. Porque como explica Careaga, puede haber muchas lesbianas trabajando en derechos humanos, género, desarrollo o feminismo. Pero eso no significa necesariamente que la condición de lesbiana esté incorporada en sus análisis.
Lo mismo ocurre con otras poblaciones. Podemos llenar los espacios de discursos sobre diversidad y, al mismo tiempo, mantener ausentes a quienes viven las consecuencias de las decisiones que allí se toman.
Durante décadas, los feminismos han cuestionado la exclusión de las mujeres de los espacios políticos y de decisión. Hemos exigido representación, participación y autonomía. Sin embargo, todavía enfrentamos dificultades para garantizar que todas las mujeres y poblaciones históricamente excluidas tengan una voz efectiva dentro de nuestros propios movimientos.
Érika Álvarez, de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, enfatiza que las personas LGBT y las personas con discapacidad no deben ser excluidas ni invisibilizadas en los espacios internacionales.
“La población LGBT y la población con discapacidad no tenemos media prioritaria y, si no nos mencionan por nuestro nombre y reconocen plenamente nuestra existencia, será más difícil lograr que los Estados reporten en sus informes voluntarios datos desagregados que nos incluyan”.
Las tensiones alrededor de la participación de las mujeres trans son un ejemplo de ello. No podemos hablar de igualdad mientras algunas voces continúan siendo discutidas como si su presencia fuera negociable.
Careaga planteó algo que debería ser una reflexión permanente: necesitamos incomodarnos y abordar los temas difíciles, incluso aquellos que generan tensiones dentro del propio movimiento feminista. Y retomando sus palabras: Quizás uno de los problemas de estos espacios es que hemos aprendido demasiado bien a comportarnos dentro de sus límites.
Ajustarnos al sistema
La crítica de Gloria sobre el Foro de Sociedad Civil me pareció especialmente importante. Ella habló de una pérdida de autonomía. Si el foro reúne a organizaciones y redes regionales que trabajan por los derechos humanos, ¿por qué son las instituciones organizadoras quienes terminan definiendo de manera tan restrictiva cuántas personas pueden participar, cuánto tiempo tienen para discutir y cuáles son las prioridades?
Durante la entrevista, recordó que el foro tuvo cuatro mesas de trabajo y una duración limitada, ni siquiera duró todo el día, fueron entre tres y cuatro horas. Las preguntas que quedaron fueron muchas: ¿quién definió esos cuatro ejes?, ¿por qué esos y no otros?, ¿qué profundidad puede tener una discusión cuando el tiempo y la participación están tan restringidos?
“Me parece que fue una pérdida de tiempo (…) Si somos un movimiento o un conjunto de movimientos que se está reuniendo, necesitábamos más tiempo y más representantes para obtener resultados realmente beneficiosos. Hasta ahora no conozco cuáles fueron los resultados del foro ni qué se logró con él”, dijo.
La frase que más me quedó resonando fue esta: nos estamos ajustando al sistema y no al revés.
Careaga también coloca otro punto importante, no se trata solo de recursos. También hay una decisión política sobre cómo se distribuyen esos recursos y qué tipo de participación se considera suficiente.
Una red regional que reúne a más de mil personas no debería conformarse necesariamente con cinco representantes porque eso es lo que permite el presupuesto de un foro – señala Careaga- Y no porque deban participar miles de personas en cada espacio. Eso sería imposible. Sino porque los criterios de participación deberían responder a la diversidad y magnitud de los movimientos, y no únicamente a las restricciones institucionales.
Entonces la pregunta no es cómo acomodarnos mejor dentro de los límites existentes. La pregunta debería ser cómo transformamos esos límites, cómo expandimos las opciones o cómo empezamos a reformular todo. Quizá se necesite.
Cuando hablar de población vuelve a poner en riesgo la autonomía reproductiva
Otro de los temas que me parece necesario mirar críticamente es la discusión sobre la baja fecundidad y el envejecimiento poblacional. En distintos espacios de la conferencia apareció la preocupación por el descenso en las tasas de natalidad y el aumento de la población mayor. Son fenómenos demográficos reales y requieren respuestas de política pública.
Pero no podemos discutirlos sin complejizar sus causas. Aquí los apuntes que hace Careaga me parecen importantes. Ella menciona que en países como El Salvador, donde el aborto continúa penalizado de manera absoluta, hablar de una crisis de fecundidad puede convertirse fácilmente en una narrativa peligrosa si termina colocando sobre las mujeres la responsabilidad de resolver un problema demográfico.
¿Quién decide cuántos hijos necesitamos tener para garantizar el futuro de un país? ¿Y qué ocurre cuando esa discusión comienza a ser utilizada por grupos antiderechos para defender la idea de que las mujeres deben seguir pariendo, incluso cuando no desean hacerlo?
Maternar o no, debe ser una decisión de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Esos son los derechos sexuales y reproductivos. No debe verse como una obligación impuesta por las necesidades demográficas de los Estados. Reducir el problema demográfico a la cantidad de nacimientos es insuficiente, como apunta Careaga.
“Yo me preguntaba, ¿cuáles son las garantías que tenemos para la supervivencia de los jóvenes? En México la desaparición, y los asesinatos hacia personas jóvenes alcanzan los números más altos. Entonces, por supuesto que vamos a tener menos jóvenes que viejos. Pero por una condición de violencia que estamos enfrentando. Por otro lado, sabemos que hay un índice de suicidio muy importante debido a la falta de oportunidades que ciertos sectores de población jóvenes tienen”, afirma.
En El Salvador no podemos hablar de juventudes sin considerar la violencia, la migración y las consecuencias del régimen de excepción. Más de 90 mil personas han sido capturadas bajo esta medida, muchas de ellas jóvenes. A esto se suma la recaptura de personas que ya cumplieron las medidas impuestas para su reinserción, como ocurrió en el caso de Mónica.
Retomando las palabras de Careaga: No necesitamos más nacimientos para resolver problemas de causas estructurales, sino sociedades capaces de garantizar la vida y el desarrollo de quienes ya existen.
Volver a los territorios
Hay otra pregunta que me acompañó durante toda la conferencia: ¿cómo llega todo esto a las feministas que están en los territorios? Porque muchas personas que trabajan por los derechos de las mujeres, las juventudes, las personas LGBTIQ+, las comunidades indígenas o las personas migrantes no necesariamente saben que estas conferencias están ocurriendo.
No conocen el Consenso de Montevideo. No siguen las negociaciones. No saben qué se discute en los espacios multilaterales. Y no necesariamente porque no les interese.
“El problema es que el trabajo internacional continúa siendo difícil de seguir si no se pertenece a una red regional -señala Careaga-, a una organización con recursos o a una estructura que tenga capacidad de participar en estos espacios”.
Careaga reconoció durante la entrevista que las redes sociales y las organizaciones cumplen un papel importante para difundir lo que ocurre. Pero también señaló la necesidad de fortalecer la participación de los sectores menos representados.
En este sentido mencionó dos estrategias para los movimientos feministas después de una conferencia: por un lado, identificar los acuerdos prioritarios y exigir a los gobiernos su implementación; por otro, analizar críticamente los vacíos del documento y trabajar para recuperar aquellos temas que quedaron fuera. Me parece una propuesta fundamental.
Para Careaga, no basta con celebrar que un acuerdo se mantuvo vigente. Tampoco basta con defenderlo frente a los intentos de retroceso. “Hay que leerlo críticamente. Preguntarnos qué no incluye, quiénes quedaron fuera, qué problemas no logra responder y qué nuevas realidades necesitan ser incorporadas”.
También necesitamos revisar cómo se participa en estos espacios. La defensa de los derechos humanos no puede convertirse en una práctica de adaptación permanente a las reglas institucionales.
Los movimientos sociales tienen una responsabilidad con los gobiernos, pero sobre todo consigo mismos: mantener su autonomía, ampliar sus voces y exigir el avance de las agendas de los derechos humanos; es la razón por la que se participa en esos espacios internacionales.
Una conferencia acorde a los tiempos
La región atraviesa un momento complejo. Las fuerzas conservadoras y los gobiernos antiderechos han ganado terreno en distintos países. Los acuerdos internacionales están bajo presión y los movimientos feministas enfrentan nuevas formas de violencia, fragmentación y exclusión.
Pero quizás precisamente por eso necesitamos algo más que defender documentos. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de imaginar.
Imaginar políticas públicas que no obliguen a las mujeres a ser madres para resolver problemas demográficos. Imaginar sociedades donde las juventudes puedan quedarse porque tienen oportunidades, no porque se les impide migrar. Imaginar sistemas de cuidado que reconozcan la autonomía y no reduzcan a las personas mayores a la dependencia. Imaginar los cuidados más allá de la oferta que hace el sector privado. (Un tema en el que en esta ocasión no me voy a detener porque no terminaría nunca este artículo).
Imaginar espacios internacionales donde las lesbianas, las personas trans, las personas indígenas, las personas con discapacidad y las juventudes no sean invitadas únicamente para cumplir con una cuota de diversidad.Y también imaginar movimientos feministas capaces de cuestionarse a sí mismos, de ser interpelados.
La Conferencia de Montevideo me dejó la sensación de que estamos viviendo un momento en el que debemos defender lo conquistado, pero también preguntarnos si estamos siendo suficientemente incómodas, críticas y autónomas para construir lo que todavía falta.
