El 2025 estuvo definido por cambios estructurales impulsados por la Asamblea Legislativa, desde reformas constitucionales hasta la disolución de instituciones clave y la aprobación acelerada de millonarios préstamos. Estas acciones han configurado uno de los periodos más críticos para la democracia salvadoreña, desde la firma de los Acuerdos de Paz.
Por. Redacción
Los cambios estructurales impulsados por la Asamblea Legislativa (AL) marcaron el año, reconfigurando pilares del sistema político, acelerando procesos legislativos clave y tomando decisiones con impacto directo en diversos sectores sociales, territoriales y económicos.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), advirtieron que la democracia salvadoreña “se estaba muriendo”, tras conocer las reformas estructurales que la bancada oficialista y sus aliados estaban realizando desde el pleno legislativo.
Entre las más cuestionables sobresalió la aprobación de una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida del Presidente de la República, al tiempo que extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, y eliminó la segunda vuelta electoral, quebrantando así las reglas democráticas que establecían la alternancia del poder, un principio fundamental en un país cuya historia ha estado marcada por dictaduras.
Estas decisiones inconsultas terminaron de deteriorar la relación del gobierno con las comunidades organizadas, especialmente cuando la Asamblea Legislativa ignoró la solicitud de derogación de la Ley General de Minería Metálica, pese a que la Conferencia Episcopal entregó más de 150,000 firmas y las Comunidades de Fe Organizadas en la Acción, COFOA aportó otras 7,000.
Acompañadas, además, por una demanda de inconstitucionalidad respaldada por 59,000 personas. Las organizaciones denunciaron que sus peticiones ni siquiera fueron discutidas en comisión, alimentando un ambiente de cierre de espacios de participación.
El funcionamiento interno del Legislativo también tuvo particularidades este año, ya que entre marzo y abril se registraron algunas de las plenarias más breves del periodo, incluyendo la sesión número 47, que duró apenas 44 minutos.
Durante este periodo legislativo, las diputadas Marcela Villatoro (ARENA) y Claudia Ortiz (VAMOS) presentaron diversas propuestas orientadas a crear mecanismos de protección integral para víctimas de violencia, con el fin de garantizar prevención, atención especializada y recursos específicos para cada caso.
Ambas legisladoras también cuestionaron de forma reiterada el uso excesivo de las dispensas de trámite, señalando que este mecanismo —empleado para aprobar leyes y préstamos sin análisis ni discusión pública— limita el escrutinio democrático y reduce la posibilidad de abordar de manera seria iniciativas que buscan proteger a poblaciones vulnerables, mientras se acelera la aprobación de proyectos millonarios sin debate en comisiones.
LAEX: controles estrictos, cobro del 30% y cierre de organizaciones nacionales e internacionales
Otro de los cambios regresivos del año fue la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), una normativa que no solo establece controles estrictos a la recepción de fondos del exterior, sino que también impone un impuesto del 30% sobre cada transferencia internacional destinada a organizaciones, asociaciones y proyectos sociales. Este cobro y las nuevas obligaciones administrativas provocaron la reducción y cierre de varias entidades, incluidas organizaciones internacionales que consideraron inviable continuar operando en el país.
Entre las instituciones que anunciaron el retiro de sus operaciones se encuentran FESPAD, CRISTOSAL, Asociación de Periodistas de El Salvador, la Fundación Heinrich Böll, así como otras organizaciones que históricamente habían trabajado en derechos humanos, fortalecimiento democrático, juventudes, programas comunitarios de salud, prevención y atención de violencia contra las mujeres y comunidades rurales fueron recortados o suspendidos, lo que generó preocupación por el impacto directo en poblaciones vulnerables y por el debilitamiento de la cooperación internacional en El Salvador.
Reelección de funcionarios cuestionados
La continuidad institucional también fue un tema central, aunque no exento de cuestionamientos, cuando la Asamblea reeligió a cuatro altos funcionarios: Rodolfo Delgado como Fiscal General, Raquel Caballero de Guevara como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, René Escobar como Procurador General de la República y Franklin Nolasco al frente del Tribunal de Servicio Civil.
Aunque el oficialismo defendió estas decisiones como una apuesta por la estabilidad, sus gestiones previas estuvieron marcadas por señalamientos de falta de independencia, lentitud en la resolución de casos sensibles, escasa transparencia y debilidades en supervisión administrativa, lo que reavivó el debate sobre la autonomía real de las instituciones públicas.
Transformaciones institucionales, territoriales y de derechos bajo las decisiones legislativas del año
El año también estuvo marcado por la reconfiguración de la institucionalidad social, ya que la Asamblea aprobó la disolución del CONAIPD y el CONAIPAM, entidades encargadas de políticas para personas con discapacidad y adultos mayores. Sus funciones fueron trasladadas al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), provocando incertidumbre ante el riesgo de que las poblaciones afectadas pierdan acceso a servicios especializados y políticas adaptadas a sus necesidades.
Asimismo, el impacto de las decisiones legislativas también se sintió en los territorios, sobre todo con la implementación de la Ley de Regulación de Mercados, que provocó transformaciones significativas en el Centro Histórico y otros espacios municipales. Mientras las autoridades justificaron la medida como un esfuerzo de ordenamiento, miles de vendedoras informales afirmaron haber perdido ingresos debido a restricciones, nuevos requisitos y decomisos de mercadería, afectando especialmente a mujeres que dependen del comercio informal para sostener a sus familias.
Con referencia a seguridad, el país continuó operando bajo medidas extraordinarias, ya que entre enero y noviembre, la Asamblea Legislativa aprobó prórrogas sucesivas del régimen de excepción. Organizaciones de derechos humanos documentaron detenciones arbitrarias, más de 500 muertes bajo custodia, violaciones al debido proceso y criminalización de activistas y personas defensoras, alertando que el mecanismo, originalmente diseñado para combatir estructuras criminales, se ha convertido en un factor de deterioro sistemático de las libertades fundamentales.
Reformas constitucionales de cierre de año
En la sesión plenaria del 16 de diciembre, el oficialismo volvió a recurrir a reformas constitucionales y aprobó, con dispensa de trámite y sin discusión pública, la modificación del inciso primero del artículo 208 de la Constitución. El cambio amplía a seis años el período del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y establece que el actual tribunal finalizará funciones en 2027, año en el que deberá elegirse un nuevo organismo bajo el nuevo período constitucional.
En la misma jornada, la Asamblea Legislativa también aprobó, bajo el mismo mecanismo de dispensa de trámite, una reforma constitucional que elimina el porcentaje mínimo de los ingresos corrientes del Estado destinado al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), modificando una garantía presupuestaria histórica para el órgano judicial.
La eliminación de este piso presupuestario abre la puerta a recortes discrecionales que podrían afectar el funcionamiento del sistema judicial, limitar la capacidad operativa de los tribunales y restringir el acceso efectivo a la justicia, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
Organizaciones y analistas han advertido que la reducción de recursos puede traducirse en retrasos procesales, menor cobertura territorial y debilitamiento de servicios clave como la defensa pública.
El diputado Christian Guevara solicitó ratificar, también con dispensa de trámite, las reformas constitucionales aprobadas ese mismo día, pese a que aún no habían sido publicadas en el Diario Oficial.
A diferencia del procedimiento tradicional, en el que las reformas debían ser ratificadas por la Asamblea Legislativa del período siguiente, la actual legislatura modificó las reglas en abril de 2024 para permitir que una misma Asamblea apruebe y ratifique reformas constitucionales dentro del mismo período.
En la práctica, este mecanismo ya fue implementado mediante el cierre de una sesión plenaria y la convocatoria inmediata a otra en la misma fecha, utilizada exclusivamente para validar las reformas. Para sustentar la petición, Guevara presentó notificaciones en las que se indica que los acuerdos “serán” publicados en el Diario Oficial, consolidando un procedimiento que elimina los tiempos de deliberación entre aprobación y ratificación y refuerza las críticas sobre la concentración de poder y la aceleración de cambios constitucionales al cierre de 2025.
Más gasto público en 2026 y menos recursos para la justicia, advierten organizaciones
El Presupuesto General del Estado para 2026, aprobado por la Asamblea Legislativa, asciende a $10,555.6 millones, lo que supone un incremento de casi $892 millones (alrededor de 9 %) en comparación con el presupuesto de 2025.
Aunque el Gobierno sostiene que el aumento permitirá reforzar áreas prioritarias como salud, educación y seguridad sin generar un desequilibrio fiscal, organizaciones de la sociedad civil advierten sobre la persistente falta de rendición de cuentas y transparencia en la asignación y ejecución de los fondos públicos.
A estas preocupaciones se suma la reducción presupuestaria al Órgano Judicial, que expertos y defensores de derechos humanos consideran un riesgo para el acceso a la justicia, ya que podría traducirse en menos recursos para tribunales, retrasos en los procesos judiciales y una menor capacidad para atender a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, debilitando así los controles institucionales y la confianza ciudadana en el Estado.
