
Organizaciones entregaron demanda de inconstitucionalidad de la Ley General de la Minería por incumplir en el proceso de formación de ley y no garantizar el derecho a la vida y salud que están contempladas en los artículos 1 y 65 de la Constitución.
Por: Ana Gómez
Organizaciones entregaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad de la Ley General de la Minería.
La demanda de inconstitucionalidad señala que la ley incumple con los artículos 1, 65, 133 y siguientes de la Constitución que contemplan: el derecho a la vida, el derecho a la salud y el proceso de formación de ley.
La abogada Roxana Cardona explicó que la aprobación de la ley no cumplió con un debido proceso dentro de la comisión y pleno de la Asamblea Legislativa.
No existió debate ni estudio de los artículos de la ley en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. El 21 de diciembre de 2024, sólo se presentó Daniel Álvarez Campos, director general de Energía, Hidrocarburos y Minas para explicar la implementación de la ley.
“El Licenciado Campos presentó tres diapositivas y en eso se basó la discusión, nunca le dieron lectura a la ley. […] De acuerdo al artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que cuando se va a aprobar una ley debe de discutirse artículo por artículo”, indicó Roxana Cardona.

Asimismo, los impactos negativos de la minería a los recursos hídricos representan una amenaza para el desarrollo sostenible y la salud de las personas salvadoreñas.
El artículo 65 de la Constitución establece que “la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento”.
Las organizaciones demandantes señalaron que existen estudios, como la Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero Metálico, realizada en 2011 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se expresa que las condiciones del territorio salvadoreño no garantiza una minería metálica eficaz en el control de los riesgos e impactos ambientales y sociales.
En el escrito solicitan que la Sala de los Constitucional dictamine medidas cautelares de no aplicación de la Ley General de la Minería.