En el marco del Día Internacional de Acción Global por la Salud de las Mujeres, organizaciones feministas alertan que la situación de salud integral de las mujeres en el país se encuentra en un punto preocupante. Medidas como el régimen de excepción, afirman, ha aumentado el riesgo de las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas, así como la falta de garantías en salud para las que se encuentran privadas de libertad.
Por: Krissia Girón
Como preocupante calificaron organizaciones feministas la atención en salud integral de mujeres, adolescentes y niñas en El Salvador. Una situación que se ha agravado con la implementación del régimen de excepción, afirmaron, debido a que el acceso a la salud reproductiva se ha vuelto más crítica, sobre todo para las mujeres de las zonas más empobrecidas, y sobre todo aquellas que viven emergencias obstétricas, quienes corren riesgo de ser criminalizadas.
A este panorama se suman las barreras en el acceso a servicios de salud, como la escasez de profesionales especializados en ginecología y obstetricia, la falta de condiciones y elementos para la higiene personal y la poca atención en salud mental, señalaron representantes de la Colectiva Feminista, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Sombrilla Centroamericana y el Centro de Derechos Reproductivos.
De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2023, El Salvador ocupa el tercer lugar del mundo con las tasas más elevadas de encarcelamiento femenino, a consecuencia de políticas públicas de “mano dura”, contraria a los estándares internacionales.
Por ello, condenan que las mujeres privadas de libertad que se encuentran en situación de embarazo, postparto o lactancia, no reciban la atención en salud necesaria, tratamientos para complicaciones asociadas al embarazo, que enfrenten barreras para acceder a controles prenatales y pocas garantías en el consentimiento informado.
“Hemos conocido el caso de Dina, una mujer joven que fue privada de libertad, que tenía un embarazo de alto riesgo, que teniendo una sentencia de libertad no fue liberada, su familia denunció con preocupación el estado de salud de su neonato que, finalmente, perdió la vida. Lo que vemos es justamente un drama humano y una falta de sensibilidad a la situación que enfrenta la ciudadanía en El Salvador y concretamente las mujeres”, dijo Alejandra Burgos, de la Colectiva Feminista y la Red Salvadoreña de Defensoras
Burgos lamentó que, a consecuencia del régimen de excepción, las mujeres estén asumiendo la búsqueda del sustento diario, además de las tareas del cuidado y reproductivas, debido a que la mayoría de personas detenidas son hombres y que, en muchos casos, eran quienes llevaban el ingreso económico al hogar. “Esto en un país donde más del 40% de la población subsiste con formas de trabajo no formales, sino a través de emprendimientos económicos, en una situación tan precaria, en una situación de crisis económica, también nos preocupa que esto se vea agravado”.
Además, afirma que los discursos conservadores y fundamentalistas tienen, hoy por hoy, la última palabra al momento de generar políticas públicas sobre salud sexual y salud reproductiva, como se evidenció cuando el ministro de Educación, Mauricio Pineda, confirmó que se había erradicado “todo rastro de ideología de género”. Para las organizaciones, esto implica que en los centros escolares hará falta información vital sobre Educación Sexual integral, que puede prevenir la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes.
“Sabemos que el espacio de mayor prevalencia para la violencia sexual es el espacio comunitario, el espacio familiar, eso significaría que entonces es tarea del Estado brindar información necesaria para poder identificar estos hechos de violencia. Pero qué sucede si esta información, que debe ser laica, científica y basada en derechos humanos, no se está brindando en las escuelas, significa que hay cada vez más ignorancia, cada vez más desinformación. Muy poco podemos hacer cuando no hay un diálogo con el Estado”.
En 2023 se registraron 8,338 embarazos de niñas y adolescentes
Otros datos que mantienen en alerta a las organizaciones son los referentes a las atenciones en salud reproductiva de las mujeres. Para Roxana Rodríguez, integrante de la Sombrilla Centroamericana y de la Asamblea Feminista, en el último quinquenio continúa la prevalencia en materia de inscripción materna de niñas y adolescentes, así como de abortos espontáneos en este mismo grupo poblacional.
En 2023, se registraron 8,338 inscripciones maternas de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, representando el 20% de las inscripciones de ese año, es decir, 1 de cada 5 inscripciones. Respecto a los abortos espontáneos, el último año del que se tiene conocimiento es 2022, donde se registraron 8,450 mujeres que lo vivieron. De ellas, 1,521 son niñas y adolescentes, o sea, una de cada cinco mujeres que experimentan abortos espontáneos, observando un aumento respecto al 2021.
“No se logra de verdad bajar la inscripción o los embarazos de niñas y adolescentes, lo cual nos parece grave, sobre todo tomando en cuenta que, de acuerdo a la legislación salvadoreña, buena parte de esos embarazos son producto de violencia sexual”, recordó Rodríguez.
Por otra parte, se registraron 27 muertes maternas. Para el primer trimestre de ese mismo año, las usuarias de anticonceptivos se redujeron en un 12.8 % respecto al mismo período del 2022.
Roxana destacó que la recolección de datos actuales se retomaron de observatorios de organizaciones feministas, la información que queda en los portales de transparencia del Ministerio de Salud y de declaraciones de los funcionarios públicos en entrevistas a medios de comunicación. La activista lamenta que ante la falta de información pública, no se puedan contrastar los datos. Uno de los datos que cuestionan las organizaciones es que para 2023, hubo una mayor cantidad de partos atendidos (69,077) que inscripciones maternas (45,309), revelando una caída importante de futuras madres inscritas en el sistema de salud pública. “Es un dato que nos deja pensando en qué tan real es la información que los funcionarios dan en sus declaraciones públicas, porque no hay donde contrastar, entonces nos tenemos que quedar con el dato que ellos dan”.
Rodríguez apuntó que, si este dato es verídico, pueden haber varios factores por los cuáles las mujeres no se inscriban al sistema de salud durante el embarazo, y esto puede deberse a las dificultades que enfrenta la población para acceder a los centros de salud. “Cuando teníamos la reforma de salud vigente, teníamos un modelo de salud donde los promotores salían a inscribir a las mujeres a sus casas. Ahora, hemos vuelto a aquellas barreras de distancia, barreras económicas que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes. También, las unidades comunitarias las han cerrado, se han centralizado los servicios en los cascos urbanos, esto tiene que ver con el desmontaje que se ha hecho de todo el sistema de salud”.
Sentencia de Manuela, una deuda pendiente
Esta situación sobre la salud de las mujeres que denuncian las organizaciones pone de manifiesto que El Salvador incumple sus obligaciones internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificado por el país en 1978 y que reconoce en su artículo 26 al derecho humano a la salud, y las reparaciones ordenadas en la sentencia del caso de Manuela, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), así lo dijo el representante del Centro de Derechos Reproductivos, Esteban Madrigal.
En la sentencia de Manuela se condenó al Estado salvadoreño por violar los derechos de una mujer condenada a prisión luego de sufrir una emergencia obstétrica y que falleció sin recibir atención médica dentro de la cárcel. La Corte estableció estándares para garantizar el derecho a la salud de las mujeres, principalmente quienes han vivido este tipo de problemas. Además, ordenó implementar protocolos para proteger el secreto médico y garantizar la atención y priorizar la salud sobre la denuncia, limitando el uso de elementos de coerción contra mujeres en el parto, postparto o emergencias obstétricas.
Madrigal expresó que, en el contexto actual de El Salvador, es fundamental que El Salvador cumpla con la decisión de la Corte para hacerle frente a la situación de violaciones a derechos humanos de las mujeres, sobre todo aquellas que son detenidas o criminalizadas. Con ello, esperan, se pueda garantizar la salud y la vida de las mujeres en general.
“Ninguna política de seguridad justifica la violación de los derechos de las mujeres, la detención arbitraria no es excusa para limitar o negar los servicios de salud, en especial los que tienen que ver con la salud reproductiva. Hoy estamos aquí volviendo a pedir al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluyendo el marco legal que criminaliza el aborto, pues sólo de esa forma podemos evitar nuevamente una historia tan dolorosa”.