La Mesa por el Derecho a Defender Derechos expresó que el país enfrenta un aumento de violaciones a derechos humanos. Entre los más vulnerados se encuentran la Libertad de Expresión y Prensa, derechos de las mujeres y Derecho a Defender la Tierra, el Territorio y Medio Ambiente, según registros.
Por Fátima Cruz
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos presentó el Informe de agresiones contra personas defensoras y periodistas: análisis de casos 2023. En este se describe que el contexto de los derechos humanos en El Salvador ha mostrado un notable deterioro en los últimos años.
«Hay una inexistencia de datos oficiales sobre lo que ocurre contra personas defensoras y periodistas. Hay un discurso que niega que exista este tipo de patrones que se han ido identificando con el paso de los años, pero con las organizaciones que documentan estos casos, podríamos estar hablando más de 600 casos» Gabriela Colocho, Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
En 2024, El Salvador ocupa el puesto 133 en el índice mundial de libertad de prensa, cayendo desde el puesto 115 de entre 180 países, lo que refleja una situación crítica para la libertad de prensa en un entorno centroamericano ya de por sí arriesgado para esta labor. Respecto a las restricciones a la libertad de expresión y prensa, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 498 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en los últimos años, la mayoría de las cuales han ocurrido en entornos digitales y han sido perpetradas por funcionarios públicos. Estas agresiones incluyen amenazas, acoso digital y campañas de desprestigio, particularmente dirigidas a mujeres periodistas, con 655 agresiones virtuales en tres meses, muchas con contenidos misóginos.
La situación se agrava con la limitación a la libertad de asociación y reunión pacífica. En este apartado destacan que el gobierno ha debilitado la eficacia de los sindicatos mediante la disolución de al menos una decena y la detención de 16 sindicalistas en el contexto de manifestaciones pacíficas.
El informe identifica una preocupante tendencia de agresiones hacia defensores de derechos humanos y periodistas en El Salvador. Según los datos existen diferencias significativas en los tipos de derechos vulnerados, los hombres han sido más afectados en términos de derechos a la libertad y la seguridad y las mujeres defensoras y periodistas enfrentan una carga más significativa en cuanto a daño al honor, imagen y prestigio.
«De los 226 casos documentados, de estos 81 son colectivos. Es decir, fueron agresiones en conjunto de tres o más personas y 145 casos son agresiones individuales a personas defensoras (…) de estos, el 51% son agresiones contra mujeres. Las personas más afectadas se encuentran en las edades de 30 a 59 años, el 72% son agresiones dirigidas contra personas adultas y 10 casos contra personas adultas mayores», Natalie Paz, Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
De los 226 casos documentados, el 46.46% de las agresiones han sido perpetradas por funcionarios o empleados públicos. Esta cifra ha sido una constante en los últimos tres informes de la Mesa, reflejando una preocupante falta de compromiso del Estado salvadoreño en la protección de los derechos humanos. Este patrón persistente genera un escenario de incertidumbre y preocupación, especialmente ante un segundo mandato presidencial calificado como inconstitucional por diversas organizaciones de derechos humanos, según conclusiones del informe.
En cuanto a los perfiles de los perpetradores, además de los funcionarios públicos, el informe destaca que el 25.66% de las agresiones provienen de usuarios de redes sociales. Otros agresores identificados incluyen personas desconocidas, vecinos, conocidos de las víctimas, empresas privadas y partidos políticos.
El análisis por género revela que el 57.35% de las agresiones cometidas por funcionarios o empleados públicos fueron contra hombres. Por otro lado, el 66.67% de las agresiones contra mujeres fueron realizadas por usuarios de redes sociales, subrayando el impacto de la violencia digital en la labor de las defensoras y periodistas. La violencia digital se ha convertido en una de las modalidades más recurrentes de agresión contra la prensa y personas defensoras.
Los ataques digitales no solo permanecen en el ámbito virtual sino que pueden trascender al físico, creando un ambiente hostil y peligroso para las mujeres periodistas, quienes son frecuentemente objeto de campañas de desprestigio por su género.
Los patrones de violencia y hostigamiento son también promovidos por declaraciones estigmatizantes y discursos de odio emanados de funcionarios públicos, que incitan a una dinámica de violencia que va más allá del espacio digital.
El informe detalla que la Asamblea Legislativa fue responsable del 37.96% de las agresiones por parte de funcionarios en 2023. La Policía Nacional Civil sigue siendo un actor significativo, involucrado en 31 de los 108 casos analizados, junto con otras instancias estatales como la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo Electoral.
Las modalidades de agresión identificadas incluyen declaraciones estigmatizantes, restricciones al ejercicio periodístico, detenciones arbitrarias, intimidación y hostigamiento, entre otras. Estas conductas generan un ambiente hostil que dificulta la labor de defensa de derechos humanos y el periodismo en El Salvador.
En este sentido, el informe indica que la falta de un marco normativo en El Salvador que proteja y reconozca el rol de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas contribuye a la invisibilización y desprotección de su trabajo. Ante este panorama, la Mesa hace un llamado urgente a las autoridades para que cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garanticen un entorno seguro para el ejercicio de estas labores fundamentales.
Afectaciones a familiares de defensoras y defensores
Además de las agresiones digitales, se han documentado casos de detenciones arbitrarias y criminalización de defensores ambientales y comunitarios. En particular, la comunidad de Santa Marta ha sido testigo de detenciones de líderes y la criminalización se ha extendido a los familiares de los defensores, afectando su entorno cercano y generando un clima de miedo e intimidación.