Por: Roxana Rodríguez
La peor noticia cuando se busca a una persona desaparecida es encontrarla fallecida. Eso pasó la tarde del 27 de marzo de los corrientes, con el hallazgo del cadáver de Rosa Elvira Flores Martínez, de 47 años, abandonado en un cañaveral; ella había sido reportada como desaparecida desde el 19 de marzo.
Esa noticia provoca un torbellino de emociones: rabia, impotencia, tristeza, desconsuelo y una profunda soledad ante el silencio del Gobierno y la falta de acción de las autoridades responsables de garantizar la seguridad ciudadana en el “país más seguro de la región”.
Ante la desaparición de Rosa Elvira, su familia acudió a la policía en Santa Isabel Ishuatán donde ella residía, a denunciar su desaparición, buscando que se activara el Protocolo de Acción Urgente (PAU) y la Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas que están vigentes en El Salvador. Fueron remitidos a San Julián, donde pusieron la denuncia por persona desaparecida el 20 de marzo; se indicó que debían acudir a la Fiscalía en Armenia para poner otra denuncia, así lo hicieron el 22 de marzo.
Las lideresas locales organizadas en el Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), exigieron a los jefes policiales que se iniciara la búsqueda inmediata, pero no se procedió como ellas demandaban. ¿Por qué no se atiende la desaparición de una mujer como una emergencia? ¿Por qué las autoridades no proceden a su búsqueda inmediata?
El 22 de marzo, personal del MSM y lideresas locales organizaron pega de afiches y reparto de volantes con la foto de Rosa en San Julián, donde fue vista por última vez. El 23 de marzo realizaron concentración y conferencia de prensa en el parque de esa ciudad, exigiendo la búsqueda exhaustiva de la compañera desaparecida, esperando que no formara parte de las fatales estadísticas del país.
El Movimiento Salvadoreño de Mujeres es una organización feminista con 36 años de existencia, aglutina expresiones comunitarias que trabajan en pro de niñas, jóvenes y mujeres en Santa Isabel Ishuatán, Cuisnahuat, Nahuizalco, Alegría, California, el Bajo Lempa y San Vicente.
Es perverso que en el mes de activismo por los derechos de las mujeres, cuando se cumplen dos años de la única política de seguridad del país, el régimen de excepción, ni la Policía Nacional Civil ni el Gobierno, hayan reaccionado ante el hallazgo del cadáver de la lideresa que trabajaba activamente por mejorar las condiciones de vida en comunidades históricamente empobrecidas, lo que demuestra que las mujeres no son importantes para la definición de políticas de seguridad, ni están seguras con políticas militaristas que no consideran sus necesidades y condiciones específicas.
Tomando en cuenta el despliegue de seis mil efectivos armados a varios distritos de la zona sur oriente de Chalatenango por el asesinato de dos jóvenes, surge la pregunta ¿Por qué no se movilizó ni un solo efectivo para buscar a la activista y defensora de derechos humanos organizada con el MSM?, quizá porque era solo una mujer de esas que llaman feministas y no son apreciadas por el Gobierno, lo que abre un nuevo escenario de violencia feminicida en El Salvador, violencia por omisión del Estado respecto a mujeres activistas de derechos humanos.
Ante la triste noticia sobre la lideresa organizada desde hace seis años, yo prefiero recordar a Rosa Elvira como la mujer vital que fue, con su alegría y compromiso al acompañar a chicas y chicos adolescentes y jóvenes a la Escuela de Formación en Derechos Sexuales y Reproductivos impulsada por el MSM, me quedo con su sonrisa, sus ganas de aprender y sus palabras: “Ojalá cuando yo era jovencita me hubieran explicado eso de los derechos que usted le está explicando a estos jóvenes y jovencitas en estas capacitaciones”.
En memoria de Rosa Elvira continuaremos luchando por los derechos de las mujeres, niñas y jóvenes hasta que la dignidad de las mujeres se haga costumbre y sea realidad la consigna: ¡Vivas, libres y sin miedo nos queremos! #JusticiaParaRosa
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Roxana Rodríguez es educadora, luchadora social, feminista y activista comprometida con la promoción y garantía de los derechos humanos, especialmente de población en situación de vulnerabilidad, así como con el reconocimiento del aporte fundamental del trabajo de cuidados a la sociedad salvadoreña.