Más de 18 comunidades en Apopa están enfrentando la escasez de agua debido al extractivismo de los megaproyectos urbanísticos, que han provocado una reducción al caudal del Río Chacalapa, empeorando la situación para las mujeres como encargadas de los trabajos de cuidado no remunerado. En marco del Día Mundial del Agua, Revista La Brújula visitó la Junta de Agua A.R.A Joya Galana y las comunidades de Morro I y II en Apopa. Estas son sus historias.
Por: Ana Gómez
Fotografías: Karen Sibrían
Los impactos de proyectos urbanísticos como Valle El Angel están empeorando la situación de las mujeres y las comunidades del distrito de Apopa, en el abastecimiento de agua. Las Juntas de Agua ya no están recolectando la suficiente agua para distribuirla en las 18 comunidades durante las 24 horas. Además, otras zonas han quedado en el abandono con falsas promesas de una conexión de cañería domiciliaria.
La Junta de Agua A.R.A Joya Galana tiene 35 años en abastecer a 1,200 familias de 18 comunidades de Apopa y parte de Nejapa como cantón El Ángel, cantón Joya Galana, caserío petacones, lotificación Santa Carlota I y II, cantón Pitarrillo I, II y III.
El agua que procesa la Junta de Agua A.R.A proviene del Río Chacalapa, una vertiente natural que poco a poco ha bajado su caudal como consecuencia de la contaminación, destrucción de 200 manzanas de terreno colindantes, despojo de tierra blanca en la entrada del nacimiento del río y el cambio climático.
“Ante el impacto de la profundización del agua (disminución del caudal) hemos tenido que reconvertir el abastecimiento y racionar el agua, lo que antes se proveía en 24 horas se redujo a 15 horas, a 8 horas y así sucesivamente”, explica Johana Mejía, presidenta de la Junta de Agua A.R.A Joya Galana.
El futuro es desalentador, dice Johana, ya que existe la probabilidad de que las Juntas de Agua desaparezcan, “las empresas acaparan el agua porque tienen más recursos, tienen personal técnico, o sea, tienen todas las ventajas a su favor y la comunidad siempre se va quedando en una escala de desigualdad”, afirmó.
A pesar de este panorama, la Junta de Agua, como una asociación comunitaria, ha sumado el apoyo a 18 familias de las comunidades Morro I y II, que no cuentan con ninguna conexión de agua, ni por parte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ni por junta de Agua.
Las personas habitantes del Morro I y II se abastecían de la Cuenca la Periquera, ubicada a menos de 100 metros. Sin embargo, la empresa encargada de construir la iglesia evangélica Elim realizó una consulta ciudadana para la perforación de un pozo y prometió junto a ANDA la conexión de cañería domiciliaria. La empresa perforó el pozo, pero la promesa jamás ocurrió.
“Ha sido bien costoso para nosotros porque íbamos a lavar a la pila, pero cuando Elim compró el terreno y perforaron el pozo, ya no pudimos, la pila da bien poquita agua», dijo Marta Chávez, habitante del Morro I, en Apopa.
Hace tres años, la junta de agua A.R.A colocó dos tanques con capacidad de 50 barriles que funcionan como cantareras, “los llenamos una vez al mes y cada 15 días les damos tres o cuatro barriles de agua para que puedan tener un poco y paliar la situación porque a veces por temas de salud, de movilidad o tiempo no pueden ir directamente a los lavaderos públicos”, añadió Johana mejía.
Según la versión de Mario Vega, pastor de la Iglesia Elim, al momento de la consulta ciudadana asumieron un compromiso con las familias de apoyo con la conexión de agua, pero la propiedad del pozo pasó a manos de ANDA. Hasta el momento, el terreno de la iglesia no cuenta con la conexión de cañería y se abastecen con pipas. “Estamos siempre haciendo los trámites, solicitando que se nos haga la conexión, […] si no tenemos agua, no tenemos cómo cumplir con ese compromiso moral que asumimos con las comunidades” explicó.
Hasta el momento, no hay una fecha exacta de finalización de la construcción de la iglesia Elim. El representante de la iglesia afirmó que en el momento en que la iglesia logre la conexión de agua, se acercarán a las comunidades para entablar el diálogo y llegar a acuerdos como los gastos de las cañerías, que podrían asumir las comunidades, y de parte de Elim, el acceso al agua que brindarán.
Revista La Brújula trató de contactar al presidente de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) o algún representante para conocer su versión sobre la situación de las comunidades Morro I y II, pero al cierre de esta nota, no respondieron.
De parte de A.R.A, afirman que no logran suministrar por completo a las familias. Martha Chávez, de 61 años, paga $1.25 por barril, con su hija recolectan 16 barriles al mes, pero en ocasiones compra más, o también, en temporada de invierno, recolecta el agua lluvia. En ocasiones no ha tenido suficiente dinero para comprar el agua, lo que significa una acumulación de trabajo y por motivos de salud, le impide trasladarse hasta las pilas de la Junta de Agua A.R.A.
“Enfoquémonos en los cuerpos de las mujeres, estos cuerpos que han sostenido el planeta por miles y miles de años, estos cuerpos están enfermos y ¿Quién los enfermó?, el sistema capitalista, el modelo neoliberal económico del patriarcado” enfatizó Sara García, coordinadora general de la colectiva de mujeres Kawoq, al puntualizar que los impactos por la falta de agua recaen en las mujeres.
La falta de agua en las comunidades provoca que las mujeres, principalmente, sean las que busquen formas de acceso de este vital líquido, y empeora su situación ante el incremento de la canasta básica, salarios mínimos bajos, y poco acceso a la salud. “Es un efecto cascada”, lo denominó Gloria Cruz, de la Red Nacional de Juntas de Agua.
“Son impactos, que ya estamos viviendo las mujeres [...] de recargarse más en lo económico, más en las tareas del trabajo de cuidados, en su salud y en sus cuerpos. Que las mujeres son las que tienen que estar garantizando todo”, añadió.
El proyecto que más amenaza a los bienes naturales es el conocido Megaproyecto Valle El Ángel controlada por la familia Dueñas, por medio de las empresas: Sociedades Inversiones del Norte S.A de C.V, Las Cañas S.A y Apachulco S.A. de C.V, este último anunció la inversión de $300 millones en el proyecto. Tanto la municipalidad como las instituciones estatales han abierto el camino para que aprovechen los servicios del agua potable en el proyecto Valle El Ángel.
Las comunidades de la Junta de Agua A.R.A se han pronunciado en contra de este proyecto. Sin embargo, no han recibido respuesta. De acuerdo a Johana Mejía, los terrenos que rodean al río, son ricos en la preservación y en la impermeabilización del agua.
Otro de los obstáculos que actualmente tienen la Juntas de Agua A.R.A es la inscripción ante la Autoridad Salvadoreña de Agua (ASA), ya que no han podido inscribir el manto acuífero, debido a que la alcaldía de Apopa nunca inscribió el inmueble de 10 manzanas de terreno en el Centro Nacional de Registro (CNR) a nombre de la Junta de Agua A.R.A Joya Galana.
Según explica Johana Mejía, hay muchos requisitos e inversión que la Ley de Recursos Hídrico y la ASA les obliga a las juntas de agua, esta situación recae a una lista de gastos que deben atender, y la única solución para solventarlos es aumentar la tarifa de la distribución del agua, lo que golpearía más a los bolsillos de las comunidades.
“Hay gente que es empleada, hay gente que es vendedora informal, entonces no podemos poner una cuota extraordinaria de $50 o $100 dólares. Unos con dificultad podrán cumplirla y pagar, mientras que otros se le hace imposible, entonces también tenemos que lidiar con esos temas socioeconómicos”, afirmó Johana Mejía.
Las organizaciones ecofeministas como Kawoq y la Junta de Agua A.R.A expresaron que estarán vigilantes del accionar de la gestión del alcalde electo en San Salvador Oeste, José Urbina, para que cumpla la promesa de declarar al Río Chacalapa como zona protegida y proporcione la conexión de cañería a las comunidades de Morro I y II.