Organizaciones nacionales e internacionales de 31 países presentaron una carta al Fiscal General de la República de El Salvador, Rodolfo Delgado, solicitando retirar los cargos contra cinco líderes comunitarios de Santa Marta y ADES Santa Marta, señalando motivaciones políticas y falta de pruebas en el caso.
Por: Fátima Cruz
Representantes de diversas organizaciones locales e internacionales expresaron su solidaridad con los defensores ambientales de Santa Marta, quienes desde su detención, el 11 de enero de 2023, insisten en que se debe retirar los cargos a quienes se les considera referentes de la protección del agua y territorio. Afirman que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado ninguna prueba del crimen que se les acusa; además, al ser miembros de las organizaciones y movimientos, sospechan que estas acciones sean parte de una campaña de intimidación contra líderes ambientales y personas que mantienen una lucha contra la minería y metálicos, y que fueron a la clave en prohibición de la minería en El Salvador.
La carta, firmada por 245 organizaciones, destaca la falta de pruebas presentadas por la FGR, la posible motivación política detrás de las acusaciones y que la criminalización de defensores es un paso para que se pueda abrir el sector minero en el país .
José Luis Magaña, de Panorama Económico y la Red Continental por la Paz, resaltó el valor de las luchas de Santa Marta en la preservación del agua y la prohibición de la minería metálica en el país. «El Salvador ha adquirido una enorme deuda pública y enfrenta un deterioro económico preocupante. En este contexto, criminalizar a los defensores del medio ambiente es inaceptable». En sentido, expresaron que es la segunda carta que organizaciones presentan ante la fiscalía, puesto que, en febrero de 2023, 250 organizaciones pidieron liberar a los líderes de Santa Marta y el pasado enero, 185 académicos y organizaciones internacionales presentaron esta misma demanda sin obtener respuesta alguna.
La carta que presentan reitera las denuncias realizadas por organizaciones ambientales, movimientos sociales y de derechos humanos. Explican que las detenciones poseen una motivación política, ya que buscan criminalizar la lucha ambiental y desmovilizar la organización comunitaria que por años ha promovido la sustentabilidad ambiental y la defensa del agua frente al extractivismo. En la misma, también se señala la doble moral de la FGR que no ha enjuiciado a los responsables de decenas de casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que militares salvadoreños cometieron contra la comunidad de Santa Marta, incluido los asesinatos de la masacre de Río Lempa (1980), donde fueron asesinadas 30 personas y 189 aún se encuentran desaparecidas. Por ello, exigen enfocar sus esfuerzos en investigaciones que promuevan la verdad y la justicia en casos de violaciones de derechos humanos.
La detención de los cinco defensores indica una ofensiva contra la sociedad civil bajo un régimen progresivamente autoritario y una señal de que el gobierno podría intentar reanudar operaciones sobre minera metálica en territorio salvadoreño
Vidalina Morales, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, subrayó la importancia de mantener la vigilancia sobre los procesos ambientales en El Salvador. «La sociedad civil debe permanecer alerta ante los intentos de reanudar operaciones mineras en el país. Estamos comprometidos a defender nuestros recursos naturales y a proteger el derecho humano a un ambiente sano».
Asimismo, las organizaciones mostraron su preocupación ante el control de las instituciones democráticas que, afirman, se consolidó con los resultados de las elecciones del 4 de febrero en El Salvador. Ante esto, temen que el presidente, Nayib Bukele, intensifique su campaña de persecución contra grupos que protegen el ambiente ante situaciones críticas como la prohibición de la minería, que reivindica décadas de movilización popular y lucha ambiental.
La carta presentada es la segunda en un año, en febrero de 2023, 250 organizaciones exigieron la liberación de los líderes de Santa Marta. Sin embargo, las demandas de la sociedad civil aún no han obtenido respuesta por parte de las autoridades salvadoreñas.